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EL PERIÓDICO
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Los indultos como inversión


La derecha no tiene ninguna duda de que la hipotética concesión de indultos a los dirigentes condenados del procés sería una afrenta inaceptable a España, a la legalidad vigente y a la Constitución. Serían, en su opinión, un premio a los que violan las leyes, debilitaría al Estado, y sostienen con absoluta certeza que las razones del Presidente Sánchez son pura y simplemente su conveniencia personal para conservar el poder.

Para valorar el escándalo que están armando con este asunto, conviene considerar que, desde la formación del actual Gobierno hace ahora algo más de un año, la derecha ha convertido cualquier asunto en un motivo de enfrentamiento feroz: lo fueron la gestión de la pandemia, los decretos de alarma y su levantamiento, la negociación de ayudas económicas en Europa, la vacunación y hasta el reciente desafío marroquí en Ceuta y Melilla. Por lo tanto, al menos tres cuartas partes de los decibelios sobre este asunto de los indultos, son sin duda impostados. Es parte de su rutina diaria de oponerse a todo lo que haga el Gobierno. Y si se trata de un asunto emocional como lo es el desafío secesionista, mejor que mejor.

Pero, como afirmó recientemente Emilio Lledó al recibir el premio Juan de Mairena, “la duda es la luz del pensamiento”, y la izquierda duda ante este espinoso tema. Se han pronunciado relevantes dirigentes en los dos sentidos, unos a favor y otros en contra, lo que evidencia que el tema no está claro. Sin tener en este momento absoluta certeza sobre su conveniencia, apunto a continuación algunas razones en favor de los mismos.

Uno de los bienes a preservar —aunque no el único— es, sin duda, la unidad de España y es el caso que, desde hace varios años, la mitad de los españoles que viven en Cataluña votan sistemáticamente a los partidos secesionistas. La ideología independentista recibió menos del 15% de los votos durante varias décadas, pero ahora ya no es así. Dicho sea de paso, la derecha tiene una gran responsabilidad en ello y, tal vez, eso debería hacerles dudar de su posición actual, que continúa siendo la misma que condujo a este desastre. En mi opinión, la tarea principal de los partidos de ámbito estatal sería tratar de recuperar a esos ciudadanos para un proyecto compartido con el resto de los españoles. Los indultos contribuirían a mejorar la percepción inoculada en ellos por el secesionismo de que España es un Estado opresor. Según las encuestas, el 70% de los catalanes estarían a favor de ellos. Serían, pues, una inversión de futuro en pro del “proyecto España”. La estrategia de la derecha de persistir en el castigo de los dirigentes secesionistas, mantendría a esos ciudadanos en el bando indeseado. Partimos de la base —equivocada, referida al menos a Vox— de que la derecha los sigue considerando españoles.

Uno de los motores más poderosos del secesionismo ha sido el victimismo. Reales o inventados, esos partidos han esgrimido siempre agravios de España hacia Cataluña para hacer avanzar su causa —recordemos el “Espanya ens roba” de Oriol Junqueras durante la crisis de 2008-12—. Mantener en prisión, después de casi cuatros años en ella, a los dirigentes condenados alimenta sin duda ese victimismo y, por lo tanto, la causa de la secesión.

Por si hubiera alguna duda de que los indultos serían negativos para dicha causa, ahí tenemos las palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, una de las instituciones civiles que más alentaron el procés: “serían una decisión inteligente del Gobierno español … políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos”. En efecto, los indultos eliminarían uno de los falaces argumentos que los secesionistas esgrimen en Europa: que en España hay presos políticos.

Nadie puede negar que el enorme problema que supone para la democracia española la desafección de una gran parte de la población catalana está enquistado. El secesionismo y la radicalidad de la derecha se han retroalimentado durante muchos años. Los primeros han conseguido votos en Cataluña y los segundos en el resto de España, al precio de ser irrelevantes en Cataluña. Al secesionismo le conviene esta posición de la derecha, pero al conjunto de España no: seguir en la misma dinámica podría conducir a una posición abrumadoramente mayoritaria de los catalanes en favor de la secesión. Los indultos serían un paso para romper esta dinámica.

Es cierto que en el otro lado de la balanza hay argumentos de peso, el más importante, a mi juicio, es el de que la Ley ha de ser igual para todos. Los independentistas violaron la Constitución y el Estatut, a sabiendas de lo que hacían. Llevaron a cabo un golpe institucional, incruento, pero con el propósito real de cambiar la legalidad por una vía ilegítima. Han sido juzgados y condenados con todas las garantías y su situación actual no es producto de su ideología sino de su desafío a la Ley. Cumplir íntegras sus condenas sería, simplemente, cumplir lo que marca la justicia.

El “argumento” del arrepentimiento esgrimido por algunos es, en mi opinión, de un gran infantilismo político —tiene más que ver con conceptos religiosos como el pecado y con el deseo de ver humillado al adversario—, además de no ser un requisito legal. Pero, sin duda, dificulta las cosas el que no haya en el lado secesionista ninguna voluntad de rebajar la tensión, ni siquiera de confirmar que respetarán las leyes en el futuro. Siguen en su bucle melancólico de no reconocer ningún error y de repetir que lo volverían a hacer. Sin duda, están atrapados por sus propias promesas y por el miedo a frustrar las falsas esperanzas que despertaron en sus votantes.

Pero los indultos, según lo que se defiende aquí, no se harían en favor de los partidos secesionistas sino en el de los ciudadanos catalanes. Su fin sería favorecer la distensión y mejorar la convivencia de estos ciudadanos con el resto de España. El nacionalismo no se cura y los partidos secesionistas seguirán en su bucle se haga lo que se haga. Por eso, lo que afirmen no es demasiado relevante. En realidad, los indultos tratarían de minar sus bases electorales, de ahí que no sean muy de su agrado.

El Gobierno ha de poner los pros y los contras en la balanza y tomar la decisión que estime mejor para España. Es su privilegio y su responsabilidad y nadie mejor que ellos está en condiciones de valorar lo que es más conveniente. Pero la decisión también ha de ser entendida por los ciudadanos de dentro y de fuera de Cataluña, por lo que la tarea de explicación y argumentación es en este caso más necesaria que nunca.

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y profesor de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Fue diputado por el PSOE en la legislatura X de la Asamblea de Madrid.