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1 de mayo de 2021: día de reivindicación y lucha, pero no estoy contenta


Hoy es 1 de mayo y no estoy contenta.

Estamos ante el segundo año en el que esta fecha marcada en el calendario -y que para algunas personas es solo un festivo más- coincide con la situación pandémica actual derivada de la COVID-19. Hoy no podemos salir a la calle con la “vieja normalidad” a reivindicar que somos trabajadores y que todavía queda mucho por hacer, muchos derechos que conseguir o que hacer aplicables, homenajeando a todas y a todos los que durante el año dedican su tiempo y esfuerzo a múltiples sectores y actividades. Pero este no es el único motivo por el que no estoy contenta.

Aunque no soy historiadora y hay personas mucho más doctas que yo en este campo, es necesario poner los puntos sobre las íes y dejar constancia del porqué de la importancia de esta fecha. Tal día como hoy, hace 135 años, se produjo lo que se conoce como la “Matanza de Chicago” o la revuelta de Haymarket, en EEUU. Plena revolución industrial, reivindicando, fundamentalmente, una jornada de 8 horas en una huelga que acabó en revuelta el 4 de mayo con la condena a muerte de 5 trabajadores y otras tantas encarcelaciones tras el preceptivo proceso judicial. Este hecho dio lugar a la consecución de la limitación de la jornada de trabajo y fue declarado el 1 de mayo, tal y como lo conocemos hoy, como día de homenaje y reivindicación por el Congreso Obrero socialista de la Segunda Internacional en 1889; curiosamente solo -salvo error u omisión por mi parte-, Canadá y EEUU celebran el día del trabajo el primer lunes de septiembre.

Los abusos laborales se repiten en España

Algunas personas pensarán que eso nos queda muy lejos aquí, en el territorio español. Pero no es cierto. Más de un siglo después también en España los abusos a las personas trabajadores se repiten:

  • Jornadas de trabajo excesivamente largas -así, lo han puesto de relieve diversos estudios del tiempo de trabajo durante el confinamiento-. Se han realizado 7.2 millones de horas más a la semana, entre marzo y junio de 2020, sin que se haya apreciado una disminución importante de la productividad de más de la mitad de las empresas del país.
  • Horas extraordinarias no retribuidas, según datos de la EPA, entre abril y junio de 2020, un 59%, lo que equivale a 3.8 millones de horas, 668.000 más que en el primer trimestre de 2020. Y ello, pese a las importantes medidas legales de control establecidas, como el registro de jornada.
  • Evolución salarial nada alentadora. Según datos al respecto de la OIT, durante el 2020, España ha sido el país de la UE con mayor caída de la masa salarial total y el primero en el aumento de la desigualdad salarial o, como he dicho en otra ocasión, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres.
  • Desempleo juvenil, siendo España el número uno, de nuevo, en el ámbito de la UE, con una tasa de desempleo de menores de 25 años (en enero 2021, un 39.9%), casi el doble que la media europea.
  • Brecha de mujeres en el mal llamado mercado laboral. En 2020, de las personas que perdieron su trabajo un 54.4% fueron mujeres; y, el 57% de los parados de larga duración fueron, también mujeres, un 12% más que en 2019, afectando, fundamentalmente, a mujeres mayores de 55 años, a mujeres con discapacidad, con responsabilidades familiares no compartidas o a las víctimas de violencia de género.
  • Machismo imperante en el mundo, que dejó a la presidenta del poder ejecutivo de la Unión Europea de pie, frente a dos hombres sentados, en la reciente cumbre en Turquía.
  • Caída de la sindicalización en España a mínimos, situándose, aproximadamente, en un 14% de personas afiliadas en 2020.

Y podríamos seguir con el importante número de personas que trabaja sin contrato -informalidad laboral-, y otras que no se atreven a abrir la boca en el trabajo o a pedir el permiso retribuido de horas para ir a votar por miedo a ser despedidas y encontrarse en una situación de necesidad.

Pero estos tampoco son los únicos motivos por los que no estoy contenta.

Se destaca la labor del Ministerio de Trabajo antes y durante la pandemia

Todas estas situaciones, sucintamente descritas, se han agravado con la crisis generada por la pandemia. Si bien el Ministerio de Trabajo y Economía social comenzó a sembrar desde su llegada, proyectando y aplicando importantes medidas de mejora del mundo laboral, el punto de partida no era bueno: la precariedad laboral en nuestro país estaba instalada en su más alto nivel, cual garrapata. A lo que se le suma los graves incumplimientos de algunas empresas de los derechos más básicos y la cultura del miedo que se instaura para tener “al currito”- perdónenme la expresión- atado y bien atado. Y por eso, tampoco estoy contenta.

Cuando comenzó la pandemia se pensó que saldríamos reforzados como una sociedad mejor, con menos abusos, donde seríamos capaces de corregir algunos de los problemas estructurales de nuestro sistema e, incluso, que seríamos mejores personas. No ha sido así. La racionalización y adecuación horaria, con la limitación, por ejemplo, de los horarios comerciales no ha calado después de la pandemia; durante ella, nos acostumbramos a que los establecimientos no estuvieran abiertos más de 12 horas, y no pasaba nada. Pero con el regreso gradual, y con diferencias autonómicas según la evolución del “bicho”, hemos vuelto a horarios comerciales extensos e intensos para sus personas trabajadoras, a una falta de adecuación entre las tareas de un puesto de trabajo y el tiempo de trabajo retribuido que hace que prolonguemos nuestras jornadas más allá no solo de lo legal sino de lo adecuado para la salud física y mental, y ¡cómo no!, para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Los trabajadores de plataformas y, en especial, los riders, siguen sin obtener de su empresa una “triste mascarilla”.

No estoy contenta porque pese al escudo social del Ministerio de Trabajo - ¡escalofríos me da, pensar que habríamos hecho sin él! - la cultura empresarial no ha variado significativamente y el miedo de las personas trabajadoras a la pérdida del empleo se ha multiplicado, silenciando muchas voces.

Pero ¡basta ya del buenismo! No debemos ser una sociedad anestesiada, ni durante la COVID-19, ni después de ella. No se deben tolerar los abusos, las infracciones en el trabajo y estamos obligados a despertar y a seguir denunciando y exigiendo nuestros derechos laborales. Tenemos mecanismos para ello y debemos perder el miedo a hacerlo. El mundo laboral no puede suponer la muerte de la dignidad de la persona, sino al contrario, debe constituir un punto de partida básico para el desarrollo de la libre personalidad y de la construcción de los planes de vida de las personas.

Hace tres años era impensable imaginar un escenario en el que los dos progenitores de un menor pudieran tener la misma suspensión del contrato de 16 semanas; hoy en día, así es, en pro de una corresponsabilidad familiar y de la erradicación de los roles de género. Tampoco pensamos que el salario mínimo interprofesional pudiera elevarse en más de 200 euros en tres años, y así ha sido, pasando de 735 a 950 €. Ni que desaparecería el despido por enfermedad, que castigaba a las personas trabajadoras que cayesen en estas situaciones de vulnerabilidad, y ya no está. Ni que se eliminaría el art. 315.3 del Código Penal que criminalizaba los piquetes de los huelguistas y que ha llevado a más de 300 personas a la cárcel. Tampoco pensábamos que, por fin, las políticas de empleo se revisarían en otra dirección, tan necesaria, con una dotación económica significativa y más próximas a las necesidades de las personas y de los municipios. O que habría empresas que implantarían la semana laboral de 4 días y otras que lo estudiarían a petición del Gobierno. Ni tampoco que a la Inspección de Trabajo se la dotaría de más medios y herramientas o que se potenciaría la importancia de los sindicatos en la negociación y transformación hacia un mundo del trabajo más justo.

Todavía podemos ser mejores, garantizando, realmente, los derechos de muchas y muchos trabajadores. Pero sin callarse, ni bajar la cabeza. Nos queda mucho camino por recorrer, pero a lo mejor, dentro de un año, podré decir: hoy sí estoy contenta.

Profesora y asesora jurídica desde 2006. Acreditada al Cuerpo de Profesores Titulares (2016).

En la Universidad de Barcelona desde 2009 y colaboradora de la Universidad Abat Oliba CEU, durante los años 2009-2019, habiendo obtenido el Premio Ángel Herrera a la mejor profesora de España de Derecho y Ciencias Políticas (2018).

Profesora invitada en: Universidad de Copenhague y Universidad del Estudio de Región Emilia y Módena.

Su historial investigador se resume así: más de 22 libros colectivos, 7 libros propios, y más de 40 artículos en Revistas nacionales e internacionales; 8 proyectos de investigación, uno de ellos premiado en 2016; ponente en más de 25 Congresos (España, Argentina, Bérgamo, Brasil, Chile, Cuba, Nantes, Guatemala o Perú), habiendo recibido 2 premios por ello (2017 y 2019).

Miembro de las siguientes organizaciones: Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social “Guillermo Cabanillas”, Comunidad de Laboralistas Cielo, Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social y Asociación Española de Salud y Seguridad social.