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EL PERIÓDICO
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Un nuevo contrato político y social


Según el filósofo Manuel Cruz, la sociedad española está enferma y, según el historiador Álvarez Junco, está bastante cabreada. En cualquier caso, no parece que nuestros últimos años puedan calificarse de buenos, especialmente para los más jóvenes. Muchos pensadores lo llevan advirtiendo desde las páginas de los periódicos y las tertulias, pero pocos responsables políticos parecen dispuestos a darse por aludidos.

Por un lado, hay causas objetivas que, además, compartimos con el resto de los países de nuestro entorno. A la Gran Recesión de 2008-12, le ha seguido en poco tiempo la Gran Reclusión de 2020-21. Las perspectivas de la generación que ahora tiene entre 20 y 30 años son de que probablemente vivirán peor que sus padres. El trabajo para ellos es escaso, precario y mal pagado y su acceso a la vivienda —en alquiler o en propiedad— se muestra poco menos que imposible.

Es una ley histórica que las crisis económicas se convierten al poco tiempo en crisis políticas y, efectivamente, estamos viviendo —no solo en España— una enorme desafección de los ciudadanos hacia la política, hacia sus representantes —los partidos— y hacia las instituciones democráticas.

En la crisis de 2008, muchos votantes decidieron que los “culpables” de su malestar eran los partidos tradicionales y optaron por jóvenes formaciones —como Unidas Podemos y Ciudadanos—, que prometían nuevas formas de hacer política. Hoy, ni siquiera ese recurso es posible, porque tales promesas se han quedado en nada: Unidas Podemos, a pesar de su lenguaje filorrevolucionario, se ha convertido en un partido tradicional más, en el lugar que antes ocupaba Izquierda Unida; Ciudadanos ha defraudado apoyando al PP en lugares como Madrid y Murcia, lastrados por la corrupción tras décadas de sus gobiernos y no ha hecho ascos a apoyarse en la extrema derecha de Vox; los hiperliderazgos y la ausencia de democracia interna en ambos partidos han sido todo menos ejemplares. Su descomposición actual es consecuencia de la frustración de las expectativas que despertaron en su día.

A la crisis económica, se une en nuestro caso la territorial y la de la Monarquía, provocada —en este último caso— por quien más estaba llamado a protegerla. Los independentistas catalanes aprovecharon la crisis para culpar de ella a España y hacer avanzar su agenda. Como subproducto de su “buen” hacer, nos dejaron a Vox. Este partido podemos considerarlo como un síntoma del proceso de descomposición que sufrimos. Sería algo así como el “coche escoba” del malestar ciudadano. Ellos recogen y explotan cualquier tipo de crisis en su beneficio —el paro, el desafío independentista, la inmigración—, señalando como culpables al resto de los partidos. Y se aprovechan de que las generaciones más jóvenes no conocieron el fascismo ni la dictadura franquista —sus referentes— y pueden de este modo hacerse pasar por algo nuevo.

La conjunción de tantas crisis simultáneas —económica, social, política, territorial e institucional— está tensionando las costuras de nuestra democracia hasta límites muy peligrosos y corremos el riesgo de que, en la etapa postpandémica, las tensiones desemboquen en estallidos sociales, como ya ha advertido el FMI.

La política habría de poner remedio a esta situación pero, si uno escucha las sesiones de control al Gobierno o las declaraciones públicas de muchos políticos, verá que se habla de otras cosas y que predomina el insulto, la descalificación y el lenguaje hiperbólico alejado de la realidad de los problemas. Pero, como bien dice Muñoz Molina (El País, 28/03/21), tampoco podemos caer en la descalificación global del “todos son iguales”. Si ignoramos momentáneamente a Vox y a los independentistas —que esos sí van realmente “a lo suyo”— hay un partido, el Partido Popular, que destaca especialmente y que parece haber perdido el norte sobre lo que deberían ser la democracia y el papel de la oposición.

Es necesario recordar una vez más que la democracia se basa en aceptar al adversario como un igual, con el mismo derecho a existir que los que son afines. Criminalizarlo y tratarlo como un enemigo a abatir ya lo hicimos los españoles a lo largo de dos siglos y nos fue bastante mal. Durante la fase más aguda de la pandemia, y para que no se olvide, conviene recordar el deseo del PP de sabotear al Gobierno con su negativa a apoyar los estados de alarma. Igual que el del bíblico Sansón cuando destruyó el templo con él dentro, su grito parecía ser —cambiando España por Sansón— “húndase España con todos los filisteos”. Si a este hooliganismo e irresponsabilidad le unimos sus abundantes casos de corrupción, tanto económica como política —véanse el caso Kitchen de la policía patriótica y la compra de tránsfugas en Murcia—, su comportamiento democrático deja mucho que desear. Tras sus últimos movimientos en Murcia y Madrid, el PP corre un riesgo real de ser absorbido por la ultraderecha en las políticas que defiende.

La derecha sociológica española, e incluyo en ella a los poderes económicos, debería plantearse hacia dónde quiere ir y si un partido como el actual PP representa realmente sus intereses. En mi opinión, para hacerlo, este partido necesitaría una completa refundación. Los tiempos que se avecinan van a ser duros y, además, la llegada de los cuantiosos fondos europeos abre unas posibilidades, no solo de reconstrucción de la economía, sino de poner esta sobre unas bases más modernas y competitivas. Ambas cosas —tiempos duros y reconstrucción— exigirían un gran consenso y el actual PP no está por la labor.

Sería muy necesario pararse un momento, ver el abismo al que nos dirigimos y pensar en suscribir entre todos un nuevo contrato político y social —similar al que el capital y la socialdemocracia suscribieron tras la II Guerra Mundial—, donde primasen los siguientes factores:

  • empleos más estables y mejor pagados (pero también más productivos para las empresas)
  • políticas para el acceso a la vivienda en alquiler de las generaciones jóvenes
  • mejoras de la educación pública, con especial énfasis en la formación profesional
  • mejoras del Estado del bienestar, en particular, del sistema sanitario
  • un gran acuerdo contra la despoblación y la desigualdad territorial
  • financiación estable de la investigación científica

En definitiva, si la derecha no quiere encontrarse con una gran crisis social y política, debe avenirse a un mejor reparto de la riqueza y a disminuir la desigualdad. En las sucesivas crisis pasadas, siempre han perdido los mismos y las consecuencias políticas están a la vista.

El correlato político de este contrato social sería un nuevo pacto democrático entre los partidos, donde se acabasen los insultos, el postureo, el tacticismo de corto plazo y el efectismo mediático, que hoy son la tónica, y primasen las estrategias de cooperación o, cuando menos, de respeto al adversario.

Otra derivada sería acordar medidas que potencien la democracia interna de los partidos y que disminuyan el poder de las cúpulas en beneficio de los órganos intermedios y de los ciudadanos. Ejemplos de ello serían las listas electorales abiertas y las primarias internas para la confección de las listas, no solo para decidir sus cabezas. También serían deseables comités de ética y autocontrol de los medios de comunicación para que dejasen de contribuir al Sálvame mediático que son en muchos casos sus crónicas políticas.

Por último, los ciudadanos no pueden permanecer indiferentes ante la actual degradación de la política. A diferencia de la rana en agua hirviendo de Manuel Cruz (El País, 30/03/21) no deberían esperar a cocerse para reaccionar. Abstenerse de votar no solucionaría nada y solo reforzaría los extremos. Con su voto, en cambio, podrían penalizar a los partidos más agresivos y favorecer a los más templados. Recordemos que lo peor de Trump no fue su indigno modo de hacer política, sino que 70 millones de estadounidenses le votaron después de gobernar cuatro años. Nadie podía llamarse a engaño y, aún así, le volvieron a votar.

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y profesor de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Fue diputado por el PSOE en la legislatura X de la Asamblea de Madrid.