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La ley de eutanasia


Los senadores socialistas Esther Carmona y Txema Oleaga (d) junto a los familiares de Maribel Rellatxe. / © Txema Oleaga Los senadores socialistas Esther Carmona y Txema Oleaga (d) junto a los familiares de Maribel Rellatxe. / © Txema Oleaga

Comienzo este artículo trasladando una sensación personal cuando abordaba la defensa de la ley de eutanasia en el Senado. Confieso que he sentido un cierto vértigo ante la trascendencia de una ley de esta envergadura. Y creo que es una sensación compartida con otros muchos senadores y senadoras y, en general, con muchas de las personas que han elaborado y aprobado esta ley orgánica.

En mi conciencia y en mi ánimo pesaba el enorme sufrimiento de tantas familias, de tantos y tantras que sufrieron de manera injusta e innecesaria: de quienes se vieron privados de su derecho a morir dignamente.

Esta materia puede abordarse desde ópticas muy diferentes, pero lo que debe quedar meridianamente claro es que no estamos en presencia única y exclusivamente de una prestación sanitaria, sino ante un nuevo derecho civil. Así lo planteó la proposición de ley orgánica que registró en su día el grupo parlamentario socialista y al que se han sumado otros muchos grupos parlamentarios.

Y parte de un profundo análisis de la esencia de los seres humanos y de su libertad de decisión sobre sus vidas.

En efecto, la vida y la muerte forman parte indisoluble de la persona. Y nuestras leyes han ido delimitando claramente el derecho de cada cual a decidir cómo quiere vivir. Y la manera de completar ese derecho es decidir cómo morir.

Ante esta gran cuestión se han planteado dos posturas. La de quienes entienden que el derecho a la vida es sagrado y, por consiguiente, ajeno a la libre voluntad de los individuos. Y la otra, que se cimenta en el inalienable derecho del ser humano a decidir sobre uno mismo.

Como expuse en mi intervención en el Pleno del Senado el pasado 10 de marzo, este debate se remonta al renacimiento en nuestra sociedad occidental. En aquel momento se discutía en torno al origen del poder.

Y las posturas eran claras. El poder es una concesión de Dios que se residencia en el rey. Sólo la divinidad tiene capacidad de otorgar el poder, de manera que el pueblo debe someterse e inclinarse ante su señor designado. El ungido de Dios como podíamos leer en el Antiguo Testamento.

Pero el Nuevo Testamento introduce ya una variable muy poderosa. La expresión “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. La separación inevitable entre el poder temporal y el poder eterno. O lo que en terminología más moderna llamamos la separación Iglesia- Estado.

O si se prefiere, religión y legislación.

Hoy en día nadie duda que el poder reside en la soberanía popular. Por lo menos, en los regímenes democráticos. Pero el debate subsiste obstinadamente en otras cuestiones. Como por ejemplo la que hoy tratamos al hablar de eutanasia.

Las posturas son las mismas. Quienes consideran que la vida es un don gracioso de la divinidad y quienes sostiene que es un enorme tesoro que nos pertenece a cada uno de nosotros y nosotras. A los seres humanos.

La tramitación de esta ley ha dejado bien a las claras que, para la inmensa mayoría, la vida es de cada persona y sólo cada uno de nosotros y nosotras puede decidir cómo vivir y cómo morir.

Y sentada esta primera reflexión de fondo, un estado democrático y justo debe legislar esta materia poniendo a salvo esa voluntad individual sobre la que descansa el derecho a la libre decisión particular.

La ley ha extremado su carácter garantista.

Sólo la persona puede solicitar la eutanasia. Y lo debe hacer de manera intensa y reiterada. Y para comprobar que no queda fleco alguno, se establece un examen “ex ante” para determinar que se cumplen todos los requisitos legales y otro “ex post” para comprobar que el proceso es fiel a la ley y a la voluntad del paciente; de esa persona que sufre y decide poner fin a su vida.

Todo el proceso se realiza con las debidas garantías, exponiendo todas las alternativas, con la vigilancia de los profesionales sanitarios y jurídicos. Y estableciendo de manera indubitada que la decisión última es del paciente, que puede variar su opinión en cualquier momento.

En la sesión plenaria nos acompañaban los familiares de Maribel Tellaetxe y de María José Carrasco y a ellos me dirigí pidiéndoles perdón por no haber sido capaces de hacer antes una ley como ésta. Porque son ellos el reflejo de ese sufrimiento innecesario e injusto a que antes me refería.

Han luchado siempre pensando en sus seres queridos y al aprobarse la eutanasia en nuestro país, pueden ya descansar por el deber cumplido y finalizar ese duelo dramático que han tenido que soportar.

Por eso concluyo con las palabras con las que terminé mi intervención en el Senado.

“voy a concluir mi intervención pidiendo un aplauso para estas personas que nos acompañan, estos familiares, por el recuerdo emocionado de Maribel, de María José y de tantos y tantas que han sufrido injusta e innecesariamente, y gracias a esta ley va a ser posible que nadie más sufra en este país y que podamos erradicarlo, y hacer un país más justo y mejor, donde las personas que sufren, que solo demandan decidir libremente cómo vivir y cómo morir, tengan derecho a ello sin que por ello sus familiares tengan que soportar consecuencias delictivas.”

Abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, y experto en Responsabilidad Civil, Derecho del Seguro, Derecho Penal y Derecho de la Circulación. Senador socialista en las Cortes Generales por Vizcaya.