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EL PERIÓDICO
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Apelan a la salud para discriminar al feminismo


El mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en Octubre negó que la ley de cohesión y calidad, utilizada por el ministerio de sanidad y las CCAA para el cierre perimetral de Madrid, tuviera habilitación, en base a las medidas de coordinación en salud pública, para limitar el derecho a la mera movilidad, ahora por el contrario, acaba de avalar la decisión de la delegación del gobierno de prohibir el derecho fundamental de reunión y manifestación de las mujeres madrileñas en el ocho de Marzo, aduciendo razones de preservación de la salud pública.

No estamos tan solo ante una modulación de un derecho fundamental en número, horario o itinerario en base a razones de orden publico, como ha venido ocurriendo hasta ahora en el marco de la Constitución, sino en una denegación de hecho del ejercicio del derecho de manifestación a todos los colectivos feministas y solidarios con el feninismo durante los días siete y ocho de Marzo. Una suspensión de su derecho fundamental de manifestación y en consecuencia una prohibición de todas las movilizaciones ya convocadas, algo sin precedentes y sin que medie declaración alguna de una situación de excepción para respaldarla, que desborda el perímetro constitucional.

Para más inri, los datos epidemiológicos y sanitarios de la comunidad de Madrid, si bien superan los de la mayor parte de las CCAA, sin embargo han sido compatibles hasta ahora con una reducción muy parcial de la movilidad en zonas de salud y con el mantenimiento de la apertura del ocio, el comercio y la hostelería en el marco de las restricciones generales del estado de alarma, previsto hasta el próximo mes de mayo. Además, al contrario de las recomendaciones del gobierno central y del resto de las CCAA, en vez de proponerse el endurecimiento de las medidas por parte de las autoridades sanitarias madrileñas, se han venido adoptando medidas de relajación. La normalidad para el gobierno de Madrid ha sido la movilidad.

Incluso el protocolo en discusión técnica a consensuar en el Consejo Interterritorial para la próxima semana santa hace hincapié sobre todo en el mantenimiento de los cierres perimetrales y los toques de queda para limitar el movimiento turístico entre las comunidades autónomas. En absoluto se prevé ninguna limitación en la calle, al margen de mantener las medidas básicas de distanciamiento social e higiene respiratoria, conscientes por los últimos estudios de que donde se produce la mayor transmisión de la pandemia es en lugares públicos cerrados y mal ventilados donde se come, se hace ejercicio o se canta.

Sin embargo, da la impresión de que unos y otros, la delegación del gobierno, el TSJM e incluso en su negativa a las cautelares el Tribunal Constitucional, sin dato alguno que los avale, han resuelto culpar retrospectivamente al movimiento feminista del fuerte incremento sino casi de la aparición de la pandemia en España, ignorando que entonces todavía no se había declarado oficialmente la situación de pandemia por parte de la OMS y que a pesar de el incremento de casos en Italia y después en España, se mantuvieron las manifestaciones del 8M en toda Europa, así como el resto de acontecimientos de masas como los partidos de fútbol internacionales, las grandes actividades culturales como ARCO, el ocio, el turismo e incluso los congresos de partido.

Otra cosa es que un año después y al margen de los datos de las alertas, las medidas de emergencia y la sensibilidad social de entonces, que refutan el relato sobre la relación causa efecto entre las las movilizaciones del ocho de marzo y la incidencia de la pandemia, la extrema derecha y la derecha madrileña hayan arrastrado al conjunto de la derecha y al parecer a la delegación del gobierno y a los tribunales, a respaldar una monumental fake News y su teoría de la conspiración contra el feminismo y la celebración del ocho de Marzo.

Da la impresión que unos por convicción, algunos por miedo y otros por comodidad, en base a esta falsedad manifiesta, han actuado preventivamente prohibiendo todas las manifestaciones feministas en Madrid para que la excusa del 8M no les afecte, o en su defecto, para situar implícitamente al movimiento feminista en Madrid durante dos días en la clandestinidad, como reflejo de la ilegalidad que sería el sueño de la extrema derecha.

Sin embargo, en los momentos más críticos de la pandemia, incluso en pleno confinamiento, se ha venido ejerciendo el derecho de manifestación por parte de los negacionistas así como de los distintos colectivos afectados por las restricciones. Y es que desde el punto de vista constitucional solo se podría limitar el derecho de reunión y manifestación con carácter general, como se acaba de hacer, en el marco de la declaración expresa del estado de excepción. En esas convocatorias, las delegaciones del gobierno con carácter general las han autorizado, y solo en algún caso concreto en que se han prohibido por razones de orden público, los tribunales, en la gran mayoría de los casos han levantado la prohibición.

Incluso hoy, nada de esto está ocurriendo en Europa, donde las manifestaciones feministas de distinto tipo, siguen formando parte de la normalidad en esta fecha señalada del ocho de marzo. Además, lo ha decidido una delegación del gobierno, la de Madrid, cuando no se ha hecho lo mismo en el resto de las CCAA, independientemente de la situación epidemiológica, en que han seguido el criterio de dar por buenas la comunicaciomes de las manifestaciones, reuniones, marchas y actividades, con el único requisito de tener previstas las correspondientes medidas para evitar aglomeraciones y garantizar el distanciamiento social. Porque con el tiempo hemos constatado también que el riesgo de contagio es muy bajo al aire libre.

Sin embargo, no es ésta la primera vez que se producen estás extrañas coincidencias entre la derecha política y judicial en Madrid. En el mes de octubre pasado el mismo TSJM se quedó solo en su interpretación del cierre perimetral como un límite excesivo de las libertades que según él requería otro amparo legal al esgrimido entonces por el gobierno central, frente a la resistencia activa del gobierno de la comunidad de Madrid. El mismo tribunal que paradójicamente había autorizado un cierre perimetral por zonas de salud propuesto por el gobierno Ayuso. Un límite a la movilidad aún más estricto que el del conjunto de la comunidad, ya que la limitaba el movimiento entre los propios barrios. Parece pues, que el sesgo ideológico no es solamente en el prejuicio frente al feminismo, sino que se extiende a la gestión de la pandemia por parte del gobierno central.

En contraste con esto, también entonces, el resto de los tribunales superiores de las CCAA consideraron suficiente y adecuado el marco de la ley de cohesión y del acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS para poner en marcha los cierres perimetrales en su respectivo ámbito territorial. En consecuencia, el resto de los tribunales han venido respaldando las medidas restrictivas de movilidad y horarios, dentro de los límites del estado de alarma.

Las únicas excepciones han estado más recientemente en casos singulares y extremos, como el rechazo del incremento de horas de toque de queda en Castilla y León al margen de lo dispuesto en el estado de alarma, marcando con ello los límites de la gestión de las CCAA. Y más tarde la resolución de un juez en contra de las medidas de cierre en la hostelería dictadas por el gobierno vasco, al considerar de baja calidad la profesión de epidemiólogo y de mayor calidad científica sus impresiones de superior consumidor. Un ejemplo más de conservadurismo y negacionismo vergonzante en estado puro.

Concluimos que la diversidad de enfoques frente a la pandemia ha sido social, política y judicial. Aunque también la curiosa coincidencia política y judicial en la Comunidad de Madrid, frente a la gestión sanitaria del gobierno central y frente a todo lo que suene a feminismo.

Por eso no sería de extrañar que el ala conservadora, muy mayoritaria también en el Tribunal Constitucional, aproveche el recurso admitido a trámite para construir una nueva impugnación del estado de alarma y sus excesos en la limitación de las libertades, esta vez con la ayuda inestimable del delegado del gobierno de la comunidad de Madrid.

A pesar de tanta sobreactuación política e institucional, la derecha no se ha quedado satisfecha y ha pedido una ley que impida las manifestaciones en toda España, reeditando con ello su eterno plan B y situándose fuera de la Constitución que tanto pretende patrimonializar.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.