Quantcast
EL PERIÓDICO
ESP   |   AME   |   CAT      NEWSLETTER
ÚNETE ⮕

La OCDE defiende la vivienda social


En 2020, después de iniciada la pandemia del coronavirus, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un oportuno trabajo sobre el problema de la vivienda, “La vivienda social: un elemento importante de las políticas de vivienda de ayer y de mañana”. El documento en cuestión describe la situación de la vivienda social en los países pertenecientes a dicho organismo y en el resto de Estados miembros de la Unión Europea no representados en el mismo. La vivienda social aparece como un elemento importante de la acción pública en materia de protección social y de aportación de viviendas asequibles.

Se define la vivienda social como aquellas viviendas que se alquilan a precios inferiores a los del mercado y que se distribuyen según reglas específicas. Las denominaciones y las características de dichas viviendas varían según los distintos países, lo que dificulta las comparaciones internacionales.

La OCDE defiende el empleo de la vivienda social como un instrumento de relanzamiento económico, que puede ser a la vez ‘verde’ e inclusivo, y que puede paliar el serio problema de acceso a la vivienda incrementando el parque de viviendas sociales existente en cada país

La dimensión del parque de viviendas sociales respecto del conjunto de viviendas familiares es también muy dispar. En tres países del conjunto antes citado, Países Bajos, Dinamarca y Austria, el peso de la vivienda social es superior al 20% del parque total de viviendas familiares. En cinco países, Reino Unido, Francia, Irlanda, Islandia y Finlandia, el peso de las viviendas sociales se sitúa entre el 10% y el 20%. En el resto de países analizados la presencia es inferior al 10%, distinguiéndose entre países con presencia reducida (entre el 2% y el 9%) y países con presencia muy reducida, inferior al 2% del parque inmobiliario total, entre los cuales está incluida España.

En cuanto a quienes son los ocupantes de las viviendas sociales la tendencia dominante es que sean los hogares de rentas reducidas y vulnerables los principales ocupantes de las nuevas viviendas sociales, aunque también hay casos de hogares con rentas medias. Los criterios para acceder a dichas viviendas suelen referirse a ingresos no superiores a un determinado nivel de renta disponible, con alguna exigencia adicional. Es frecuente que para acceder a dichas viviendas existan listas de espera, destacando el ejemplo del Reino Unido, donde en este momento las listas de espera existentes acumulan demandas de un millón de hogares.

Las viviendas sociales las aportan, por lo general, empresas y organismos públicos, empresas privadas y entidades sin fines de lucro. En el conjunto de la OCDE y de la Unión Europea, un 50% de las viviendas sociales existentes las han aportado administraciones públicas locales y regionales. El resto se reparte entre organismos con fines no lucrativos o de lucro limitado y cooperativas (15%), Administraciones Públicas nacionales (14%) y proveedores con fines lucrativos (11%).

La financiación de las viviendas sociales reviste formas diferentes. Las vías principales de financiación de las viviendas sociales son las correspondientes a los alquileres pagados por los inquilinos, los préstamos contraídos por los organismos proveedores de dichas viviendas y, por último, las ayudas y subvenciones de otras entidades, sobre todo por parte de las administraciones públicas. Estas últimas apoyan con frecuencia la oferta de viviendas sociales mediante aportación directa de viviendas (de nueva construcción y usadas) o por subvenciones, desgravaciones fiscales, préstamos y garantías de la financiación obtenida por los proveedores de las viviendas en cuestión. En este aspecto resulta relevante la aportación de terrenos a precio reducido para la construcción de viviendas sociales, destacando en este punto el papel potencialmente importante de los ayuntamientos.

En numerosos países los presupuestos públicos soportan desde hace bastante tiempo la mayor parte de la financiación de la vivienda social. Cuando los presupuestos públicos son la principal vía de financiación la nueva oferta de viviendas sociales está sometida a los vaivenes de la evolución de las finanzas públicas. Estas últimas sufren las consecuencias de los frecuentes “recortes” y del incremento de los precios de los terrenos.

Austria y Alemania son ejemplos de una presencia pública importante en lo que a la nueva oferta de viviendas sociales se refiere. En principio, la oferta la aportaba el Gobierno federal en ambos casos y después se pasó la responsabilidad a los Estados federados en el caso de Alemania y a las regiones en el caso de Austria. En la ciudad de Viena la vivienda social es una solución de vivienda accesible permanente, que cubre a una amplia proporción de la población.

En los últimos años, sobre todo después de la crisis de 2008, la inversión pública en vivienda social ha retrocedido en la mayor parte de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Los controles presupuestarios han afectado negativamente a los sistemas de protección social. La mayor parte de los jóvenes con edades de hasta 29 años viven con los padres. Junto a la reducción de la oferta de viviendas sociales, los precios de las viviendas y los alquileres han crecido muy por encima de los salarios. Esto ha dado lugar a que el acceso a la vivienda exija destinar al pago de la misma una proporción elevada de la renta disponible.

Así, después de 2008 una proporción amplia de hogares destinan a la vivienda el 40% de la renta disponible, que es una cuota muy elevada y que afecta a las condiciones de vida de los hogares. Esta situación se ha agravado como consecuencia de la pandemia del Covid-19, lo que ha dado lugar a la adopción de medidas temporales de ayudas. España aparece en el documento analizado como uno de los países en los que se han adoptado tales medidas, entre las que la suspensión de los desahucios de los hogares vulnerables es una de las actuaciones más frecuentes.

Esta situación ha acentuado el papel que deben desempeñar los organismos y empresas, publicas y privadas, que contribuyen a la creación de nuevas viviendas sociales. La OCDE defiende el empleo de la vivienda social como un instrumento de relanzamiento económico, que puede ser a la vez ‘verde’ e inclusivo, y que puede paliar el serio problema de acceso a la vivienda incrementando el parque de viviendas sociales existente en cada país. En el caso de España, la recomendación final del estudio en cuestión no puede resultar más oportuna. Ello es así por el carácter minúsculo del parque de viviendas sociales existente en España, y también por la conveniencia de que una mayor inversión en la construcción de dichas viviendas sociales contribuiría a reforzar el crecimiento de la demanda interna de la economía.

Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.