La derecha judicial contra el parlamento democrático

En una ofensiva sin precedentes en nuestra democracia, la derecha judicial se ha convertido en un instrumento más de ataque político contra la mayoría parlamentaria surgida de las últimas elecciones generales.

La última embestida se ha producido contra la proposición de ley impulsada por la mayoría parlamentaria a fin de limitar precisamente las funciones del Consejo General del Poder Judicial, una vez ha concluido su mandato constitucional.

Se trata de que el órgano de gobierno del Poder Judicial, al igual que ya ocurre con los poderes ejecutivo y legislativo, disponga de una regulación que establezca las funciones que puede desarrollar al finalizar su tiempo de ejercicio y, por tanto, su plena legitimidad constitucional y democrática.

Se trata también, claro está, de desincentivar las estrategias de bloqueo que la derecha aplica de forma sistemática y fraudulenta, para no renovar la composición del Consejo cuando corresponde por mandato constitucional.

Los argumentos que esgrime la derecha judicial para atacar al Parlamento democrático no pueden ser más paradójicos, porque hablan de la separación de poderes y de la calidad de la democracia.

Que el poder judicial exija al poder legislativo que se abstenga de legislar, y que lo argumente en defensa de la separación de poderes, resulta tan original como absurdo. El articulo 66 de la Constitución Española recoge expresamente que “las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa”.

Y que los integrantes del actual gobierno del poder judicial, aferrados a sus sillones tras dos años de mandato caducado, aludan a la calidad de la democracia, también tiene su gracia.

Las razones reales de estos ataques no están en la calidad de la democracia ni en el principio de la separación de poderes. Son razones de carácter político, son transparentes y son espurias.

La derecha judicial atrincherada en el Consejo pretende seguir ejerciendo funciones plenas, adoptando decisiones trascendentes para el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, pero careciendo ya de la legitimidad democrática plena para ello.

Esa derecha judicial, en realidad, busca desviar la atención de la opinión pública respecto al fraude constitucional que están protagonizando de la mano de la derecha política. Critican que el poder legislativo legisle, para que no se hable del lamentable bloqueo a su renovación desde hace más de dos años. La realidad es que la derecha judicial defiende en el órgano de gobierno de los jueces los intereses de la derecha politica, en lugar de defender el interés general mediante el cumplimiento de la Constitución Española.

La derecha judicial exige intervenir en el ejercicio del poder legislativo y lo hace de manera abrupta e intempestiva, con escritos altisonantes dirigidos al Parlamento, con llamativas notas de prensa, con requerimientos ridículos a la intervención salvadora de Europa… Y saben que lo exigido no tiene cobertura jurídica alguna, porque tal exigencia no aparece en la Constitución, ni en la Ley Orgánica que regula el Poder Judicial, ni tiene precedentes.

De hecho, los precedentes desautorizan la exigencia de la derecha judicial para informar una proposición de ley de los representantes del pueblo español en el Parlamento. En el año 2014, la Mesa del Congreso de los Diputados, entonces con mayoría derechista, ya rechazó solicitar informe al Consejo respecto a una reforma legal en el ámbito de la Justicia. Y en el año 2017 fue el propio Consejo, este Consejo, el que eludió reclamar informe alguno ante otra proposición de ley sobre cuestión judicial en el Parlamento.

La derecha judicial no tiene derecho a exigir su participación en las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, como los legisladores no tenemos derecho a participar en las decisiones que adopta el gobierno de los jueces. Se llama, esto sí, separación de poderes.

Ya está bien. Exigimos respeto al Parlamento democrático elegido por los españoles.