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EL PERIÓDICO
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Pese a todo, salvaguardar la calidad democrática


José María Aznar en una imagen de archivo. José María Aznar en una imagen de archivo.

Durante los últimos gobiernos de Felipe González, allá por 1995, la derecha española, liderada entonces por José María Aznar, inauguró una nueva forma de hacer política que rompía los mínimos consensos democráticos alcanzados en la Transición de 1978. Se la llamó “política de la crispación”. Veinticinco años después, seguimos en ella.

El reciente asalto al Capitolio de los Estados Unidos por masas armadas y enfebrecidas de odio, atizadas desde la propia presidencia de Donald Trump, es la última muestra y, a la vez, una perentoria llamada de atención de adónde pueden conducir las políticas de crispación y los comportamientos antidemocráticos.

La Transición que puso fin a 40 años de dictadura se basó, entre otras cosas, en el compromiso de todo el espectro político —desde los comunistas hasta los franquistas reconvertidos— de dirimir en el futuro las diferencias respectivas por medios civilizados, es decir, mediante las reglas de la democracia representativa. Ese compromiso reconocía implícitamente que todas las ideologías democráticas eran igualmente respetables y que sus representantes eran tan genuinamente españoles como sus adversarios políticos.

Este consenso lo rompió Aznar cuando, por ejemplo, culpabilizaba al gobierno socialista de los muertos ocasionados por ETA. Aznar traspasó la línea roja de no usar las políticas de Estado en la confrontación partidista. Para él, todo valía para hacer oposición. Lo continuó Mariano Rajoy en esa misma línea cuando acusaba al Presidente Zapatero de traicionar a dichos muertos y lo continúa Pablo Casado cuando acusa al Presidente Sánchez de “traicionar a la Patria” por aprobar los presupuestos con los votos de Esquerra Republicana. En todos los casos, la estrategia elegida para hacer oposición a los gobiernos de izquierda, ha sido el insulto, la descalificación gruesa y las acusaciones de traición y antiespañolismo. De nuevo —como tantas veces en la historia reciente—, las derechas se apropian del patriotismo y excluyen del mismo a los que piensan distinto.

La crisis de 2008-2012 agudizó este estado de cosas. Al calor del descontento generalizado por las políticas de austeridad fomentadas desde Bruselas, se rompió el bipartidismo, surgieron los populismos y, con ellos, la búsqueda implacable de culpables. Así, los culpables para Podemos eran los dos partidos tradicionales —“la casta”— y, para los independentistas catalanes, los culpables de la crisis eran todos menos ellos —“España nos roba”—. Con el actual Gobierno de izquierdas, el Partido Popular —y no digamos Vox— se apuntaron rápidamente a la búsqueda de culpables, antes que a la de alternativas. Así, si hay una pandemia con miles de fallecidos, no pierden ocasión para echárselos en cara al Gobierno; aplican idéntica actitud a las consecuencias económicas de la misma; si las comunidades autónomas gestionan mal las normas de confinamiento o la campaña de vacunación, la culpa obviamente es del Gobierno; pero, si este establece normas comunes para todas, también es culpable de autoritarismo y centralismo.

Las sesiones parlamentarias son utilizadas por las derechas para ofrecer un lamentable espectáculo de exabruptos, descalificaciones, gracietas absurdas y críticas hiperbólicas completamente alejadas de los problemas reales. Es decir, se sirven del Parlamento como un teatro con el que alimentar la polarización, el odio al contrario y la adhesión de los suyos. Su falta de ideas y de alternativas para resolver los problemas es manifiesta y han tenido que recurrir a los viejos tópicos del anticomunismo y de la violencia de ETA para mantener excitados los ánimos contra el Gobierno.

Y, mientras tanto, los problemas reales se acumulan y se hace imposible encontrar un mínimo de paz para abordarlos conjuntamente. Muchos de ellos —en particular, el uso adecuado de los cuantiosos fondos que vendrán de la Unión Europea— exigirían ofrecer propuestas solventes y alcanzar algunos consensos. Ante esta dejación de funciones por parte del principal partido de la oposición, ¿qué pueden hacer el Gobierno y sus socios?

En mi opinión, lo primero sería no caer en sus provocaciones, algo que no siempre cumplen partidos como Unidas Podemos o Esquerra Republicana, a los que a veces parece complacer el rifirrafe continuo de intercambio de insultos con las derechas. Mantener, pese a los insultos, las formas democráticas es un mínimo de calidad que los partidos deben a los ciudadanos.

Lo segundo, no dejar pasar sin afearlas estas conductas antidemocráticas. El insulto y las acusaciones de traición son estrategias de cosificación del contrario. Y la cosificación del adversario es el primer peldaño del fascismo. Lo llevó a cabo Hitler con los comunistas, los inmigrantes y los judíos antes de proceder a su exterminio. Admitir como normales esas conductas es aceptar vivir en una democracia degradada, al borde siempre de llegar a un conflicto más allá de las palabras. Cada insulto debería ser respondido con una llamada al orden y una explicación de por qué ese comportamiento es inadmisible. Seguro que los reglamentos parlamentarios tienen mecanismos suficientes para expresar este tipo de quejas y para pedir los amparos correspondientes.

Finalmente, el Gobierno y sus socios no deben renunciar a la política propositiva y al debate racional de los problemas. Por muy desagradable que resulte, las propuestas han de llevarse al Parlamento y debatirse allí, como también allí han de rendirse cuentas y evaluarse el resultado de las políticas. Es decir, han de actuar como si tuvieran enfrente una oposición democrática realmente interesada por la solución de los problemas. Que ellos actúen poniendo su estrategia partidista de polarización por encima de la búsqueda de alternativas, no autoriza al Gobierno y sus socios a hacer dejación de sus funciones.

El tribalismo es embrutecedor y la polarización extrema, aparte de la tensión que genera en la sociedad, tampoco resuelve nada. Al contrario, provoca parálisis. El reciente ejemplo de Estados Unidos debería ser un aldabonazo en las conciencias de los partidos que indique a todos por dónde no debe transitar la política. Excitar sistemáticamente el odio al adversario conduce inevitablemente —como se ha visto en este lamentable episodio— a la desestabilización del sistema democrático.

El Gobierno y sus socios deberían hacer todo lo que esté en su mano por rebajar la tensión y hacer que el Congreso y el Senado sean ámbitos dignos de una democracia consolidada. De una democracia que ha tenido ya tiempo suficiente para madurar. Si las derechas todavía no lo han hecho, al menos que queden en evidencia.

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y profesor de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Fue diputado por el PSOE en la legislatura X de la Asamblea de Madrid.