Asuntos absolutamente públicos

En el primero de los casos, el jefe de la oposición, Pablo Casado, no ha querido valorar la regularización fiscal por parte del rey emérito por el uso de tarjetas de crédito con fondos opacos con el argumento tan endeble de que pertenecen a su esfera privada. Posteriormente, se ha conocido que otros integrantes de la familia real han usado estos instrumentos financieros para pago de desplazamientos, compras y otros lujos. En el cuartel general del PP se guarda un ominoso silencio y se limitan a reivindicar el legado de don Juan Carlos para la consolidación de nuestra democracia… Como si todo lo mucho y bueno acaecido durante su longevo mandato fuera una suerte de indulto que tapa, o al menos excusa, las veleidades conocidas desde su abdicación. Desde entonces, la inviolabilidad no protege sus actos y ha de rendir cuentas ante la administración tributaria como cualquier ciudadano.

Este país se merece una reflexión serena sobre la inviolabilidad de la corona y las actividades económicas privadas que se desarrollan en paralelo durante el ejercicio del cargo, sobre todo cuando la Casa Real cuenta con una importante dotación en los Presupuestos Generales del Estado para el desempeño de sus actividades. Con la actual polarización, agitada por la derecha en nuestro país, sería imposible abordar una cuestión tan peliaguda con la mesura y la profundidad que requiere. Pero quedan muchas preguntas por contestar, especialmente una: ¿Por qué la inviolabilidad se extiende a los actos de naturaleza privada? O formulada de una manera más coloquial: ¿Puede un rey (o una reina) hacer lo que le de la real gana durante su mandato más allá de sus responsabilidades constitucionales?

La legislación, la jurisprudencia y la buena parte de la producción académica blinda la inviolabilidad del monarca. Por ejemplo, en la sinopsis realizada por los letrados del Congreso de los Diputados sobre el artículo 56 de la Constitución, relativo a la Jefatura del Estado, se sostiene sobre los conceptos de inviolabilidad e irresponsabilidad que el primero “protege la conducta del Rey como persona” y el segundo, “sus actos como institución del Estado”. Esta interpretación nos ofrece reminiscencias del absolutismo y del origen divino de la monarquía. Es un arcaísmo confundir Rey y Estado porque, usando palabras del catedrático de Derecho Constitucional Marc Carrillo, ahora “el único soberano es el pueblo”. Desde el sentido común o desde una visión más contemporánea, cuesta aceptar sin más una apreciación tan concluyente porque la inviolabilidad se ve como una prerrogativa un tanto anacrónica y desfasada.

El segundo de los episodios es el chat de los militares retirados en el que se llamaba a un pronunciamiento (o golpe de estado) y se planteaba “fusilar a 26 millones de hijos de puta” en España. Este mayúsculo disparate en términos democráticos, que incluso se puede considerar un presunto caso de apología del golpismo y de incitación al odio, representa para Vox una conversación privada sin mayor relevancia. Ya una de sus más destacadas dirigentes dejó claro que los que piensan así “son de los nuestros”. Por tanto, desde su particular atalaya, pelillos a la mar. Ni que decir tiene que maquinar contra la vigencia de nuestro sistema democrático o fantasear con eliminar a la mitad de la población española no puede quedar impune ni dejarse pasar como si fuera una simple chiquillería. Afortunadamente, este grupo de ex mandos nostálgicos de la dictadura no representa al conjunto de unas Fuerzas Armadas democráticas y comprometidas con nuestra Constitución.

Resulta muy llamativo que las derechas desvíen al ámbito privado noticias y circunstancias que afectan a la Jefatura del Estado y a la supervivencia de nuestra democracia. La trascendencia de estos asuntos cae por su propio peso. Lo público, para que reluzca, requiere de transparencia y ejemplaridad. Pretender defender lo indefendible o mirar a otro lado como si nada hubiera pasado no sólo no favorece la convivencia, sino que socava nuestra arquitectura institucional. Se combate la irresponsabilidad con visión de Estado y no con un silencio cómplice y condescendiente. Mal servicio se hace así a España y a sus instituciones democráticas.