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El Rubicón de los presupuestos en tiempos de pandemia


Lo primero que llama la atención después de años de prórrogas y de una situación socioeconómica dramática a consecuencia de la pandemia, que ha motivado el abandono de la austeridad y la creación de un fondo europeo extraordinario de recuperación y resiliencia, es la minusvaloración, la banalización, o lo que es peor la estigmatización de su aprobación por una amplia mayoría en el Congreso de los diputados del presupuesto para 2021.

Para algunos círculos políticos y medios de comunicación, unos nuevos presupuestos solo merecen verdaderamente la pena si son apoyados por una mayoría transversal del PSOE y el PP o cuanto menos con el apoyo de Ciudadanos, y por el contrario son reprobables y prescindibles si se apoyan en la mayoría de gobierno de izquierdas o en la mayoría plural de la investidura y son directamente condenables por el apoyo de Bildu. Nada importan pues, la emergencia de la pandemia ni la urgencia de la recuperación económica. Nada importa que los presupuestos hayan logrado un nivel de apoyo inédito en los últimos años de crisis económica política e institucional, y por tanto su indudable significado tanto interno para ciudadanos y empresas, como también externo como indicador de estabilidad para los organismos e instituciones europeos e internacionales.

Tampoco les parece relevante a estos sectores que la aprobación del nuevo presupuesto sirva para incorporar una parte importante de los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia, y con ello tanto para dar garantía de respuesta a los requerimientos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia, como de las reformas estructurales imprescindibles para la recuperación y la modernización sostenible de nuestro modelo productivo y de desarrollo, así como de la digitalización de nuestra economía y la refundación del estado de bienestar.

Pero no se trata solo del presupuesto como mensaje de estabilidad en medio de la crisis, ni siquiera de su papel en la incorporación del fondo de reconstrucción europeo, se trata también de su significado también como punto final a la década de los presupuestos restrictivos de la austeridad y de sus contenidos como inicio de un nuevo capítulo de política económica expansiva, tanto en la hasta ahora cada vez más menguada inversión pública como en la duramente recortada provisión de los derechos y servicios del estado de bienestar, llevados del miedioestar hasta el límite del malestar.

Si acaso, dentro de este manto de silencio general sobre el significado y los contenidos de los presupuestos, apenas se han mencionado, eso sí con gran escándalo, los moderados cambios fiscales progresivos destinados a las rentas más altas y a los de sociedades y plusvalías más elevadas, así como las tasas sobre las grandes compañías tecnológicas. De hecho, quizás ha tenido más impacto público el acuerdo con ERC sobre la armonización de los impuestos de sucesiones y patrimonio, debido a su posible impacto en la comunidad de Madrid como modelo de dumpling fiscal.

El menosprecio se ha extendido asimismo al gasto social, resumido como gasto corriente improductivo por algún prócer de la nueva derecha, para mantener el poder adquisitivo y según él contentar a los funcionarios y a los pensionistas, olvidando con ello lo que supone la dotación de los fondos covid19 para la sanidad, la educación y los servicios sociales gestionados por las CCAA, así como los incrementos destinados a grantizar la revalorización de las pensiones en la línea acordada por el Pacto de Toledo, al aumento de las no contributivas y del IPREM, la recuperación de la Atención a la Dependencia, que apenas había quedado en un tercio de la cofinanciación comprometida con CCAA, así como a la puesta en marcha de un nuevo derecho social como es el Ingreso Mínimo Vital, de urgente revalorización.

Lo que sin embargo no ha merecido ni siquiera algún comentario favorable ha sido el incremento en treinta mil millones de euros del volumen total de la inversión pública, que ha permanecido bajo mínimos a lo largo de los últimos años, y que ha provocado como consecuencia el deterioro y la obsolescencia de infraestructuras, equipamientos y el retraso en la incorporación de las nuevas tecnologías en la administración y en los servicios públicos, cosa que se ha puesto en evidencia con especial crudeza durante esta pandemia.

Si acaso, en las valoraciones más benévolas, se ha destacado que nada de esto hubiera sido posible si el presupuesto no incorporase más de ventisiete mil millones de euros con cargo al fondo de reconstrucción europeo, sin el mínimo rigor de apreciar que incluso sin el mencionado fondo, la previsión de crecimiento del gasto presupuestario supera el trece por ciento en relación a la prórroga del último presupuesto de Montoro. Unos presupuestos, en todo caso, expansivos, sociales y de modernización que con el fondo europeo alcanzan un crecimiento de cerca del veinte por ciento.

Tampoco ha sido objeto de valoración, incluso en el contexto de las nuevas vacunas frente a la covid19, el incremento excepcional de la inversión en la investigación, el desarrollo y la innovación que había sido cercenado a más de la mitad desde el inicio de la crisis de 2008, partiendo además de un nivel sustancialmente más bajo que la mayoría de los países desarrollados de nuestro entorno, y que en este presupuesto multiplica por diez el incremento del presupuesto para 2018.

Sin lugar a dudas, un presupuesto que en plena pandemia, y de la consiguiente crisis socioeconómica, en especial para los colectivos más vulnerables de parados, trabajadores precarios y miles de pequeñas empresas y autónomos, se queda corto. Porque es cierto que las necesidades superan con mucho las posibilidades presupuestarias de un año, pero también que con éste se inicia un camino, que habrá de tener continuidad durante los próximos años. También los apoyos, con ser importantes, por parte de más de más una decena de partidos parlamentarios, requiere además de un amplio acuerdo social, en particular en relación a los proyectos de cohesión social y modernización económica a financiar con el mencionado fondo europeo de reconstrucción. Quizá sea precisamente la estabilidad política que estos presupuestos significan también para la coalición de gobierno junto a sus potencialidades en el plano social y electoral, las causa principal del rechazo a cualquier tipo de acuerdo por parte de amolios sectores de la derecha, con la excepción hasta casi el momento final de la votación, del grupo de Ciudadanos. La izquierda ha cruzado pues el Rubicón presupuestario.

Continúan con ello las derechas con la deslegitimación de la mayoría que dio apoyo a la investidura del presidente Sánchez y del gobierno de coalición con Unidas Podemos, que ha sido la principal estrategia a partir de la moción de censura y más tarde con las elecciones y la constitución del gobierno de coalición. Una estrategia de deslegitimación, luego desarrollada como desgaste y desestabilización, que ha seguido el PP al rebufo de la extrema derecha, aprovechando los difíciles momentos de la pandemia.

A raíz de la moción de censura, parecía que el desmarque por instinto de conservación del PP, podía iniciar un giro hacia una nueva etapa de oposición más moderada. Sin embargo, la vuelta al desgaste en la segunda ola de la pandemia, el bloqueo en la renovación institucional y últimamente el veto alos apoyos presupuestarios y de nuevo la patrimonialización de la Constitución, confirman que se trataba de un espejismo y tan solo de una mera política de imagen. La estrategia aludida de deslegitimación, si bien no alcanza al resultado electoral, como ocurre en estos días con el presidente Trump, sí ha cuestionado la legitimidad de origen de la moción de censura que permitió la presidencia de Sánchez, al considerarla como destructiva y por tanto ajena al carácter constructivo que contempla la Constitución, y luego a la legitimidad de ejercicio, por articular mayorías con partidos que la derecha excluye del marco constitucional, en unos casos por su ideología como en el caso de UP, por promover la independencia de sus respectivas comunidades autónomas o por haber tenido en el pasado conexiones con el terrorismo de ETA. Todo ello al margen del espíritu y la letra de la Constitución que pretende patrimonializar con un derecho de veto, así como de las decisiones en sentido contrario del propio Tribunal Constitucional.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.