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EL PERIÓDICO
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Dumping fiscal y desigualdad


El Gobierno de España ha conseguido sumar esta semana los apoyos suficientes para garantizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, unas cuentas expansivas, con la mayor inversión social de nuestra historia, que están pensadas no sólo para la reconstrucción para superar la crisis económica y social causada por el Covid-19, sino que sientan las bases para un nuevo modelo productivo que pivote en más y mejor educación y formación y en la apuesta decidida por la innovación y la ciencia, la economía digital y la transición ecológica.

Estas cuentas tan trascendentales saldrán adelante gracias a la responsabilidad, el diálogo y el pacto. Fruto de la negociación, se trabajará además en la línea armonizar la fiscalidad en nuestro país a petición de ERC. Una buena noticia que no ha sentado nada bien a la derecha, que se ha revuelto, una vez más, con violencia verbal y escandalizada por el qué y por el quién, sin reparar que es una propuesta largamente defendida por la izquierda y no supone, por consiguiente, ninguna cesión al independentismo catalán. Es más, en el programa de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos se incluye una reforma fiscal justa y progresiva para favorecer así una mayor igualdad de los españoles vivan donde vivan y eliminar privilegios fiscales.

Tanta algarada entre las huestes de Pablo Casado y sus altavoces mediáticos obedece a que se señala a la Comunidad de Madrid, el laboratorio de sus políticas ultraliberales y el mayor exponente del dumping fiscal en nuestro país. Y no es un invento ni una ocurrencia de Gabriel Rufián, personaje nada querido en los medios de la derecha: se trata de una crítica recurrente de autonomías gobernadas por partidos de todos los signos políticos. Por ejemplo, Castilla y León, con gobierno conservador, ha planteado que se avance en la armonización fiscal, se ponga coto a decisiones unilaterales de cada comunidad en materia tributaria y se garantice la igualdad. Una demanda compartida por otras fuerzas políticas y la práctica totalidad de CCAA. En la misma línea, la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica concluyó que es conveniente armonizar los tributos cedidos total o parcialmente a las CCAA.

Frente a la unanimidad de la periferia, la defensa numantina del centro (geográfico). La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde capitalino, José Luis Martínez Almeida, anuncian batalla jurídica y en la calle ante la razonable pretensión de que en España todos seamos iguales, que contemos con similares obligaciones tributarias, los mismos derechos y unos servicios públicos de calidad. Como aventajados seguidores del trumpismo, los dirigentes populares están explotando, de un tiempo a esta parte, un delirio identitario madrileñista con argumentos perfectamente intercambiables con los del huido Carles Puigdemont. Al final los extremos siempre se tocan.

La factor de capitalidad se traduce en riqueza y oportunidades. En Madrid se ubican las sedes de todo el aparato administrativo del Estado, ministerios, empresas públicas, Cortes Generales, altos tribunales, la práctica totalidad de multinacionales y empresas (aunque algunas tributen y no tengan ni siquiera actividad en esa comunidad), la mayoría de los grandes espacios culturales... ¿Cuántos cientos de miles de empleos, desplazamientos, inversiones y transacciones comerciales tienen su origen en la condición de capital? Es una realidad que aporta producto interior bruto y más ventajas a sus habitantes y que los dirigentes de esta autonomía olvidan intencionadamente. Madrid parte en posición privilegiada en relación con el resto y eso le permite rebajar los impuestos a sus administrados. No es de extrañar que muchas CCAA hayan criticado desde hace lustros la competencia desleal que se genera.

Esta menor fiscalidad responde a dos criterios: un mayor volumen de ingresos o un mayor volumen de renta. Las autonomías mal financiadas y con menor recaudación no pueden competir en bajada de impuestos porque, de lo contrario, no podrían hacer frente al mantenimiento de los servicios públicos. De seguir esta escalada, los territorios ricos serán cada vez más ricos, se divide a la ciudadanía y se estimula la deslocalización, haciendo que empresas y personas se desplacen buscando los beneficios tributarios que ofrecen territorios que, dentro de España, operan como una suerte de paraísos fiscales.

El modelo fiscal de la derecha siempre beneficia a los que más ganan o más tienen, haciendo que se pierda progresividad, se reduzca la financiación de los servicios públicos y se ensanche la brecha de desigualdad. Pagar impuestos no es una maldición bíblica, como quieren hacernos ver desde el pensamiento conservador, es la garantía para fortalecer el estado del bienestar y para favorecer la justicia social. Luego, cuando llegan las crisis, hasta el liberalismo más acérrimo pide que el Estado salga al rescate. Paradojas de la vida.

Senador socialista por Andalucía, y periodista.