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20N. El esperpento nacional. No se nos puede dejar solos


Los familiares de Franco, el 24 de octubre de 2019, José Cristobal (c-i) y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú (c-d) encabezan la comitiva familiar que porta el féretro con los restos mortales del dictador tras su exhumación en la basílica del Valle de los Caídos antes de su trasladado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio para su reinhumación. Los familiares de Franco, el 24 de octubre de 2019, José Cristobal (c-i) y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú (c-d) encabezan la comitiva familiar que porta el féretro con los restos mortales del dictador tras su exhumación en la basílica del Valle de los Caídos antes de su trasladado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio para su reinhumación.

Cuarenta y cinco años más nos contemplan desde la muerte por entregas del dictador, y todo se ha vuelto del revés. Los que lo celebramos entonces en la intimidad de nuestras casas o en los centros algo más que culturales de entonces, como el paso previo a la libertad, hoy vemos con preocupación que los cuatro que antes desfilaban como la santa compaña hasta el mausoleo de Cuelgamuros, hoy aumenten sus adeptos al calor del malestar social de las clases que ya no se sienten obreros, sino que se consideran a sí mismas de clase media o media alta, junto al clima social de la antipolítica y el populismo, y acentuado por la presencia en el gobierno de las izquierdas y en la mayoría de investidura de los calificados como la antiEspaña. Un sindios que diría el cabo Gutiérrez o Saza vestido de cabo de la guardia civil en 'amanece que no es poco'.

Un 2020 en que los deudos de los que otrora defendían la dictadura,_que acomplejados llamaban democracia orgánica_ y sus principios nacionales del movimiento, frente al contubernio judeo masónico del liberalismo, el socialismo y el comunismo, hoy se reclaman constitucionalistas, eso sí de una Constitución revisitada, revisada y reinventada en que lo único realmente existentes, nunca mejor dicho, es el rey y la justicia penal, porque la justicia social y la civil son casi todos rojos, no vaya a ser que nos dejen solos y elijamos cualquier cosa, como de hecho hemos hecho, con el voto a la mayoría parlamentaria que hoy apoya al gobierno de la coalición de izquierdas, que a la sazón, estos mismos partidos, que entonces protagonizaron la Transición, son tildados por unos de anticonstitucionales y por algunos otros, poco menos que de traidores. Menos mal que lo ultra ha perdido encanto desde que su comandante en jefe, Donald Trump, ha perdido las elecciones y muestra una patética resistencia a reconocer la realidad.

En España todavía no hemos llegado tan lejos. Aunque después de casi medio siglo de bipartidismo imperfecto y de gobiernos a derechas y a izquierdas, el nuevo gobierno de coalición de las izquierdas ha sido recibido con gran escándalo y crujir de dientes por las derechas, dudando desde un principio de su legitimidad de origen y ahora de la de ejercicio y con el tópico lenguaje guerracivilista, como si de la vuelta del frente popular se tratase: qué otra cosa pueden ser el gobierno social comunista y sus aliados de la antiEspaña. Vuelven con ellos los problemas nacionales casi eternos, que ya evocara Don Manuel Azaña, del empleo digno y la equidad social, la autonomía y solidaridad territorial y de la aconfesionalidad del Estado. Pero también otras nuevas como el feminismo de la igualdad de género, el ecologismo de la lucha contra a el cambio climático y la sostenibilidad y la modernización económica de la transformación digital. Es que, la verdad, no se os puede dejar solos.

Las trágicas consecuencias de la larga y profunda pandemia de la covid19 no ha hecho más que amolificar los adjetivos descalificativos junto a la terminología de resonancias franquistas como el socorrido ripio de rojos: hambre y piojos. Poco importa su falta de rigor, ya qué la tal epidemia se produjo con el hambre de la postguerra en plena dictadura. De nuevo, también aquí se ha vuelto todo del revés. Así, los partidarios de un Estado fuerte y unitario, ahora rechazan el estado de alarma y el mando único para enfrentar la pandemia con el argumento de que significa un golpe de Estado encubierto del gobierno, y precisamente los mismos que se reputan también de constitucionalistas proponen, al margen de una Constitución que dicen venerar, una ley ante el Congreso de los diputados encaminada a la asunción por las CCAA de la potestad para limitar derechos fundamentales. Algo que no duraría un minuto en el Tribunal Constitucional y que rechazarían de plano si lo propusiesen los partidos de la antiespaña. Un uso alternativo del derecho invertido.

En sus antípodas, y aunque la responsabilidad del gobierno amansa a cualquiera, permanecen todavía los ecos de quien sostiene hoy que hace cuarenta y cinco años tuvimos la oportunidad de hacer de nuevo una verdadera revolución, esta vez sin la excusa fácil de la prioridad de ganar la guerra y, sin embargo, la izquierda sumisa preferimos pactar con el franquismo decadente una transición y una Constitución, poco menos que otorgadas, garantizando con ello los privilegios de la oligarquía a cambio de un puñado de libertades formales y de derechos sociales de medio pelo. También los que entonces eran unos pocos revolucionarios en la calle, en los sindicatos y las instituciones, los mismos que hoy dicen ser legión, precisamente por no andarse con medias tintas, pactos, consensos y zarandajas con el adversario. Sin embargo, tanto ahora como antes y de la mano del centro izquierda, también ellos intentan desarrollar un programa socialdemócrata, incluso recortado como consecuencia de la pandemia. Las mismas reformas y los pequeños pasos que sin embargo no le reconocen a la Transición.

Otros, los republicanos de ocasión, sostienen que el régimen del 78 supone la continuidad del régimen franquista, que por eso lo llaman régimen y para nada una democracia, porque les ha negado sistemáticamente sus libertades como pueblo a la autodeterminación, entendida exclusivamente como independencia, y a una república propia y sobrevenida, aunque hayan estado muy a gusto pactando con el gobierno español de turno las privatizaciones y los recortes neoliberales y al tiempo echándole la culpa de todos los males de sus propios gobiernos, todo bajo el manto de silencio y armiño de la casa real, compartiendo protocolo, fasto y boato, e incluso algunos de ellos los testaferros y los negocios, hasta hace cuatro días. Y es que la corrupción y la regeneración no entienden de fronteras.

Se ha revuelto también del revés la jefatura del Estado, que de artífice de la Transición y más tarde primer representante de España en el exterior y tejedor de amistades, casas reales, relaciones privilegiadas y negocios, ahora resulta que de pronto sale de España y se cobija en los Emiratos Árabes, no para defender su buen nombre, sino tras el desaire al haber sido prejuzgado por su hijo, su familia y su pueblo, por los que se ha entregado a lo largo de su vida y que a pesar de ello no le reconocen ni le agradecen los servicios prestados con el debido respeto y una justa retribución, y que incluso ahora los fiscales de fuera e incluso de dentro pretenden investigar sus actos, inviolables por definición, después de al parecer, haber sido engañado en la renuncia y la sucesión con el viejo truco del aforamiento.

También la justicia se vuelve del revés. Después de décadas de agiornamiento, a los políticos se les ocurre ponerla en evidencia y politizarla, y todo porque el Consejo General y el Tribunal Constitucional en funciones, copados por las derechas, continúan como si tal cosa. Y le llaman politización de la justicia las mismas derecha que la ocupa y asociaciones que legítimamente hacen política, pero la quieren en exclusiva, al margen del Parlamento. Décadas de Justicia democrática para ponerla ahora a los pies de los caballos, primero con la impunidad de la represión y el genocidio franquista, luego con la actuación más teatral que real del Procés y ahora al rey emérito se le ocurre hacer caja y airearlo a los cuatro vientos. Solo nos falta ahora que se sumaran los casos de los niños robados, las denuncias de pederastia y las inmatriculaciones irregulares de la santa iglesia católica.

Y como colofón vuelve el revés de la memoria. Ahora que son más los ultras recalcitrantes, aunque sin cabeza, entonces se le ocurrió al gobierno sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos para llevárselos a Mingorrubio. Una nueva provocación identitaria para polarizar a la sociedad española. Luego vendrán con la ley de memoria a reabrir de nuevo las heridas abiertas e intentar darle la vuelta al relato 'natural' de las cunetas silenciosas, las calles y plazas de nombres infames, y los programas escolares sin memoria democrática. Lo dicho, no se os puede dejar solos.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.