Una sociedad sustentada en la desigualdad y en el machismo

El problema de la violencia de género no son esos 700.000 hombres que maltratan ni los que matan, el problema de la violencia de género es el machismo que los alimenta a todos ellos y al resto de la sociedad. Un machismo que lleva a que el 3% de la población de la UE manifieste que la violencia de género está justificada en algunas ocasiones, y que un 1% afirme que lo está en todas las ocasiones (Eurobarómetro, 2018).

Según el último informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, nos muestra unos datos sobre el alcance de esta violencia extremadamente preocupantes:

● 1 de cada 2 mujeres (57,3%) residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas.

● 1 de cada 5 (19,8%) la han sufrido en los últimos 12 meses.

● El 13,7%, casi 3 millones, han sufrido violencia sexual a lo largo de la vida de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja), y el 1,8% (359.095 mujeres) en los últimos 12 meses.

● El 21,5% (4.387.480 mujeres) han sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación n de pareja), y el 1,7% (351.770 mujeres) en los últimos 12 meses.

● El 6,5% (1.322.052 mujeres) han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas en los últimos 12 meses. El 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual experimentaron esta por parte de un agresor hombre.

La violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones de Derechos Humanos más graves y habituales en el mundo. La violencia sexual, la trata de mujeres, la violencia en el ámbito de pareja o expareja, el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina son distintas manifestaciones de los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres por el simple hecho de serlo.

Pese a que nuestra Constitución proclama el derecho a la vida y a la igualdad y nuestra legislación prevé mecanismos de protección contra las conductas de violencia machista sancionando las mismas, dichas conductas siguen reiterándose de forma continua, sin que las estadísticas de los datos sobre violencia de género reflejen mejoría alguna ni avances en su erradicación. En lo que va de año, en nuestro país, 41 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, según cifras oficiales.

La persistencia de estas violencias y en muchos casos su invisibilidad requiere de una actuación prioritaria y urgente para prevenir estos abusos y ofrecer una respuesta adecuada a las víctimas.

En 2004 se aprobó la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, y 16 años después, con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se están acordando modificaciones para que mejore la intervención de las instituciones públicas, garantes de la seguridad, protección y atención a las mujeres maltratadas. Un claro ámbito de mejora es la no exigencia de la denuncia para poder atender a estas mujeres. Es por ello que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género forjó un compromiso institucional y recuperó las competencias municipales en materia de violencia de género, situando a los Ayuntamientos como actores clave en la prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres.

A pesar de que se ha avanzado considerablemente desde la aprobación de la ley y de que hemos aprendido en el camino, no solo con respecto a la exigencia de la denuncia, también con relación a la prevención para evitar la revictimización de las mujeres maltratadas, con relación a la coordinación interinstitucional, también respecto a la protección y atención a menores y a la reconsideración del papel que debe desempeñar el padre maltratador o a la introducción de medidas cautelares que pongan el foco en el maltratador y no tanto en la víctima, a pesar de todos estos avances, asistimos actualmente a un intento de resignificación de la violencia de género o machista que no es baladí, tampoco ingenua ni, mucho menos, simbólica. Desgraciadamente, la pandemia del COVID-19, está paralizando y ralentizando todas las medidas, los recursos y los plazos.

Uno de los principales logros alcanzados en nuestra sociedad con respecto a la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres ha sido desplazar el maltrato psicológico, social, económico, físico y sexual sufrido por las mujeres del ámbito privado y familiar al ámbito público, y que este sea visto e interpretado como un problema social. Ahora bien, eso no quiere decir que se haya conseguido asimilar de forma generalizada y mayoritaria dicha percepción y atribución pública. El CIS nos lo recuerda todos los meses en su encuesta sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía. La violencia contra las mujeres ha tenido dos picos en los últimos 20 años: el primero fue durante la tramitación y aprobación de la ley de violencia de género, en marzo de 2004 la preocupación llegó a alcanzar un 11,7%; el segundo lo estamos viviendo desde comienzos de 2019, desde enero la preocupación ha alcanzado valores cercanos al 7%. Este repunte vendría de la mano de las movilizaciones del 8-M, pero, sobre todo, como consecuencia del caso de La Manada y del movimiento MeToo.

Sin duda, el hecho de ser mujer, influye notablemente entre los elementos que pueden incidir en la situación de pobreza o de exclusión y se extrema sumándole a esto, en muchas ocasiones, factores de discriminación múltiple (como el origen, la etnia, la discapacidad, la edad, etc.).

En las últimas décadas, la violencia de género en internet se ha convertido en un fenómeno habitual que compromete la igualdad de género, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. El ciberacoso a mujeres y adolescentes, las agresiones verbales y amenazas de carácter sexual, el control masculino a través de las redes sociales o la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la interesada, son fenómenos que afectan a millones de usuarias de internet. Asimismo, la red ha facilitado la difusión de narrativas misóginas, violencia simbólica contra las mujeres, y contenidos que incitan a la violencia física y sexual contra las mismas. También es una plataforma ampliamente utilizada por los proxenetas y redes de trata con fines de explotación sexual.

La pobreza y la precariedad laboral que sufrimos las mujeres, es otra de las manifestaciones de este machismo cultural y social.

Seguimos discriminadas con peores contratos y salarios más bajos que los hombres.

Seguimos discriminadas con pensiones de miseria que sumen en la pobreza a miles de mujeres. Seguimos sufriendo acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo, ocasionando, en muchos casos, riesgos psicológicos y físicos en trabajadoras que los padecen.

¡Por todo ello es hora de decir BASTA!

Es hora de acabar con esta violencia estructural y social exigiendo medidas efectivas que eliminen una de las mayores lacras de nuestra sociedad actual, que ha sido y es, la VIOLENCIA MACHISTA.