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EL PERIÓDICO
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Unión sanitaria europea, pero menos.


Parece que la UE se haya sacudido la inercia y la modorra como consecuencia de la crisis de la covid 19. Primero con los fondos de empleo y de reconstrucción económica, y ahora con la llamada Unión Sanitaria. Sin embargo, como casi siempre, el contenido real es más modesto que el título y además al proyecto aún le queda el filtro intergubernamental que, al menos hasta ahora, no se ha correspondido en general con las necesidades de salud de los europeos.

La política sanitaria ha sido suempre para la UE un tema secundario, fundamentalmente al tratarse de una competencia estatal. Las medidas se han centrado por tanto en un principio lógicamente en la parte del mercado industrial y farmacéutico, y por eso la creación en 1995 de una Agencia Europea del Medicamento encargada de la evaluación de la seguridad de los fármacos para uso humano y veterinario.

La responsabilidad de la atención a la salud y, en particular, de los servicios sanitarios, sigue siendo competencia de los Estados miembros, por eso salvo algún pronunciamiento más o menos benéfico en la línea contradictoria del tratado de Lisboa, ha permanecido como una materia vedada, es verdad que con más de una injerencia privatizadora como las directivas de servicios, al calor de los aires neoliberales.Ya en una etapa más reciente la UE sí ha asumido un papel propio en materia de salud pública.

El marco legal para el desarrollo de política sanitaria europea existe, ya que artículo 168 del Tratado de la Unión Europea, permite a Bruselas complementar la acción de los Estados en política sanitaria, respetando la competencia sanitaria de los Estados. Por otra parte Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de que la UE pueda perseguir objetivos de salud pública acogiéndose al artículo 114.

Sin embargo, la Unión ha desempeñado hasta ahora un tímido papel en la promoción y mejora de la salud pública, en prevenir enfermedades y evitar las amenazas, mitigar los factores de riesgo para la salud humana y armonizar las estrategias de los Estados miembros en materia de salud, que ha concretado recientemente a través de la estrategia sanitaria «Salud para el Crecimiento», junto con su programa de acción (2014-2020) y sus mecanismos presupuestarios.

Más en concreto, y sobre las enfermedades transmisibles, la Decisión n.º 1082/2013/UE hasta ahora ha proporcionado un marco para abordar las amenazas transfronterizas para la salud y a través del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) se ha puesto en marcha un sistema de alerta precoz y respuesta a las amenazas, atribuyéndole al Comité de Seguridad Sanitaria la coordinación de la respuesta a los brotes y epidemias. Por otra parte, se ha refirzado la cooperación con la Organización Mundial de la Salud.

Con carácter general, la UE ha actuado más como consecuencia del impulso de las sucesivas crisis sanitarias internacionales, que de la planificación en función de las necesidades de salud de los europeos.

Por eso en materia de salud pública, ha habido que esperar a la crisis del SARS para la constitución del ECDC en 2004, en este caso con el objetivo de la prevención de epidemias.

Este órgano encargado del control de enfermedades infecciosas, carece capacidad reguladora y solo un mandato, competencias y recursos muy limitados, con un presupuesto mínimo 50 millones anuales y con 300 empleados; mientras que por ejemplo el CDC, su equivalente de Estados Unidos, cuenta con 12.000 millones de presupuesto y más de 10.000 trabajadores.

Esta extrema debilidad se ha puesto de manifiesto en las carencias sufridas ante la covid19. Puestas éstas de manifiesto con la heterogeneidad de la información sobre el coronavirus, el retraso en la respuesta a la primera ola, el acaparamiento y desabastecimiento de los mercados de medicamentos y equipos sanitarios, las diferencias en política de fronteras ya en el verano y la tardía preparación de indicadores de incidencia epidémica y de presión sanitaria para la segunda ola de la pandemia. Pero al tiempo se ha visto también, aunque a posteriori, la potencialidad de una acción coordinada del conjunto de la unión europea, por ejemplo en materia comercial, de coordinación y de vacunas.

Algo similar ha ocurrido en la entrada en vigor del marco REACH para la evaluación y el registro de sustancias químicas y la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que forman parte también de unos esfuerzos multidisciplinares limitados para garantizar la salud de los ciudadanos europeos. Las amenazas bioterroristas y la enfermedad de las vacas locas han sido un antes y un después.

El nuevo reglamento propuesto por la comisión, incide por ello sobre todo en el fortalecimiento en primer lugar de las atribuciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el Centro europeo de prevención y control de las enfermedades (ECDC), aunque sigan estando muy limitados desde el punto de vista político y presupuestario.

La nueva normativa denominada con el pomposo título de Unión Sanitaria propone que el ECDC tenga capacidad de emitir “recomendaciones más firmes”, pero no obligatorias, sobre el control de los brotes y además se pretende 'avanzar' en el análisis y la 'elaboración de protocolos' para apoyar a los Estados en su control, con herramientas como el Big Data y la Inteligencia Artificial, al tiempo prevé desplegar un grupo de trabajo sanitario, en los lugares donde se les necesite, para dar una respuesta local en los primeros momentos de una amenaza sanitaria, al modo de lo que hoy hace la OMS, pero sin sus recursos ni sus capacidades.

También se dota a la Comisión Europea de capacidad para 'aprobar directrices' de respuesta a una crisis sanitaria, de revisar los planes estatales ante emergencias sanitarias y la facultad de organizar otras actividades como las de formación.

Por otra parte, la Unión avanza en una estrategia común de almacenamiento o adquisición de material sanitario estratégico en momentos de crisis para intervenir de manera inmediata ante una posible crisis y evitar con ello la interrupción de la cadena de suministros y garantizar la libre circulación de recursos necesarios para la salud. Aunque no se plantea la imprescindible relocalización de la producción y distribución de tecnologías y productos sanitarios estratégicos para evitar colapsos en el futuro.

En resumen, uno de los avances reales es que la trasmisión de los datos de salud será desde ahora obligatoria para los Estados miembros, con lo que junto al sistema de indicadores ya aprobado recientemente se desarrollará el sistema de información, vigilancia y alertas sanitarias en europa. También resulta significativo el que la UE se reserve el derecho de declarar la emergencia sanitaria sin esperar a que lo haga la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguramente como consecuencia del retraso en la declaración de esta pandemia. Sin embargo, tanto en una como en otra materia, tampoco existe una previsión de recursos adecuados para tantas ambiciones. De hecho el mínimo incremento previsto en plantilla y en presupuesto para el ECDC, y para la salud pública en la UE rebaja sustancialmente las buenas intenciones.

Mucho más embrionario aún es el enfoque de La Salud en Todas las Políticas (STP), codificado en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, que responde al carácter intersectorial de las cuestiones de salud pública y pretendería integrar los aspectos sanitarios, los hábitos de riesgo y sus determinantes sociales, más allá del sector salud ,en todas las políticas, pero en el que todavía no se han producido avances significativos.

La pandenia en curso está teniendo un impacto significativamente mayor entre los sectores sociales menos favorecidos, desmintiendo el mantra de los gobiernos de que es igual para todos. Sin embargo la equidad en salud tampoco ha formado parte hasta ahora de las prioridades de la Unión en materia de salud pública. Tampoco siquiera ha abierto la reflexión sobre la necesaria aportación de la inteligencia de salud pública para reorientar los servicios sanitarios en un sentido universal, preventivo y sociosanitario, como lecciones de la pandemia.

Por último, en cuanto a la Agencia del Medicamento (EMA), se le da también una papel de vigilancia de la escasez de medicamentos en futuras crisis y “un papel fundamental en el desarrollo y la aprobación agil de medicamentos para el tratamiento o la prevención de enfermedades que puedan causar una crisis de salud pública”.

El ejemplo de las ventajas obvias de la todavía incipiente y endeble Unión Sanitaria ha sido el acceso a las vacunas, ya que se han conseguido firmar cuatro contratos para acceder a 1.000 millones de dosis, aunque se haya perdido la oportunidad de la cada vez más necesaria intervención pública tanto en la investigación, como en la producción y distribución de vacunas para hacer frente en base al principios de justicia y solidaridad las futuras pandemias letales como la devla covid19 que hoy asola el mundo.

En definitiva se trata de pequeños avances y escasos recursos, muy lejos aún de la Unión Sanitaria que se proclama y por tanto de las necesidades sanitarias de los europeos.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.