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EL PERIÓDICO
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El futuro de la salud comunitaria y la pandemia


Ante la pandemia nuestro sistema sanitario ha mostrado su fortaleza, aunque también sus debilidades. La fortaleza de su carácter público y universal, su accesibilidad y la calidad profesional y humana de su personal. Si bien, algunas llegaban ya mermadas como consecuencia de las privatizaciones neoliberales y los recortes de la austeridad presupuestaria a raíz de la crisis.También hemos visto sus debilidades, en particular la de una salud pública históricamente raquítica y la de una atención comunitaria, que se ha visto paulatinamente relegada por un modelo de monopolio de reparación de la enfermedad aguda, tecnológico, hospitalario y farmacológico, igualmente afectado por los recortes en inversiones y mantenimiento. Por eso, no sólo el incremento de su dotación, sino también su reorientación a enfermos crónicos, así como su integración con la atención primaria como agencia de casos, son algunos de los asuntos pendientes en materia hospitalaria.

Dentro de la atención comunitaria se puede incluir la atención primaria, la salud mental, la salud laboral y quizá también los cuidados sociosanitarios. En unas y otras ha venido a incidir la pandemia, acelerando algunos procesos en marcha como la telemedicina, la delegación de funciones o la digitalización y frenando o incluso colapsando otros, ya estancados o en retroceso, como la atención personalizada, la prevención, la atención a la patologías crónico degenerativas, los cuidados sociosanitarios y el funcionamiento en equipo.

Todavía, a mitad de la pandemia, no podemos saber lo que ha venido para quedarse y lo que puede desaparecer en el modelo y la atención sanitaria pública como consecuencia del virus sars_cov2. Lo que sí podemos es reflexionar sobre aquello que la pandemia ha sacado a la luz, aparte de lo que era evidente: como las deficiencias en materia de número, condiciones laborales y salarios del personal, así como en el deterioro de infraestructuras y equipamientos, todo ello derivado de una financiación escasa y en la última década en retroceso, derivada de rebajas impositivas y de recortes en los presupuestos sociales y sanitarios.

También era evidente el impacto de la demanda ( tanto de la real como de la inducida) de atención sobre los dispositivos de asistencia primaria, de urgencias y en las listas de espera hospitalarias. Como consecuencia, ya desde antes de la pandemia, se estaba viendo afectada la alta valoración que los ciudadanos han mantenido tradicionalmente sobre nuestros servicios sanitarios. Todo ello como consecuencia del nuevo patrón de enfermedades crónico degenerativas y de sus determinantes sociales y factores de riesgo. La experiencia dramática de la pandemia deja hasta ahora un saldo contradictorio de heroísmo y decepción en la opinión pública que no sabemos cómo se puede resolver.

En este sentido, lo primero que deberíamos evitar en el próximo futuro es no aceptar nunca más el señuelo electoral de unas campañas engañosas en que se ofrezcan más servicios y prestaciones sanitarias y al tiempo nuevas rebajas de impuestos a la renta y el patrimonio o la relajación de la lucha contra el fraude fiscal. Al final, las rebajas fiscales se quedan, para los menos y las prestaciones se olvidan y los servicios se deterioran aún más, para todos.

Lo que no era tan evidente, y que se ha manifestado con crudeza en esta pandemia, es la situación de subdesarrollo de nuestra salud pública, tanto en un volumen ínfimo de personal como en estructura y recursos técnicos e informáticos para hacer frente a su labor de centinela, alerta, vigilancia epidemiológica y medidas de salud pública, en el ministerio de sanidad así como en las respectivas consejerías de las CCAA, pero sobre todo en su casi nula influencia como inteligencia sanitaria y de salud pública, no solo en el conjunto de nuestro potente sistema sanitario, sino también en todas las políticas públicas con impacto en la salud.

Otra conclusión debería ser abordar urgentemente el desarrollo reglamentario de la ley de salud pública, bloqueado desde su aprobación en 2011, así como la puesta en marcha de un sistema de salud pública digno de tal nombre en el Estado y en las CCAA, asistidos por una agencia de salud pública al nivel de los ECDCs de otros países de nuestro entorno.

En relación a la atención primaria, también se ha puesto de manifiesto la ambulatorización, si así se puede llamar, a la que el exceso de la demanda y los escasos recursos han abocado a la atención primaria, pero también a la atención de salud mental. En ambos casos su realidad actual dista mucho del diseño inicial, tanto en los aspectos preventivos, como en su funcionamiento en equipo organizado con arreglo a programas de salud y sobre todo su vinculación a la comunidad.

Su papel como primera línea en la atención a la pandemia, el rastreo y el aislamiento de contactos, ha evidenciado la situación de extrema debilidad de la atención primaria, y por ello las distintas administraciones autonómicas han tenido que recurrir a medidas urgentes de desburocratización como son la atención telefónica o a la delegación de funciones de rastreo y de control de crónicos para hacer posible un funcionamiento, bajo mínimos y siempre al borde del colapso.

En este sentido, no resulta una sorpresa que cuando la comunidad de Madrid ha tenido que buscar un sustituto presentable para continuar con el confinamiento de los barrios como bantustanes, lo haya encontrado en unas misteriosas zonas de salud ( las áreas de salud ya habían sido suprimidas) cuya delimitación muy pocos conocen y que en algunos casos carecían de un centro de salud abierto como referencia.

Algo similar a la primaria se ha vivido con la precaria atención telefónica en salud mental en plena pandemia, lo que anuncia quizá una tercera ola pandémica de trastornos psíquicos. Por otra parte, de la situación de la salud laboral y su papel en el sistema sanitario, dan buena cuenta los brotes ocurridos en el ámbito laboral más precario de los temporeros durante esta segunda ola. El modelo de su integración en el SNS es otra asignatura ineludible. También la coordinación sociosanitaria ha brillado por su ausencia, con consecuencias trágicas, en particular en los centros de mayores.

En definitiva, la cuestión fundamental es pues si la salud pública y la atención comunitaria, cuya situación límite ha puesto en evidencia está pandemia, saldrán no ya reforzadas, sino con una voluntad clara por parte de los poderes publicos de reconstrucción y revitalización, o por el contrario, si las medidas puntuales de emergencia habrán llegado para quedarse como analgésicos de la inercia para transitar hacia un final indoloro de la atención comunitaria. Si la telemedicina y la delegación de funciones servirán, de complemento imprescindible en momentos de emergencia como los actuales o se quedarán, primero como meros parches y luego como medidas sustitutorias o sucedaneos para eludir la necesaria refundación del modelo comunitario. No sería la primera vez que esto ocurre en un gran sistema nacional de salud, se dió hace ya años con el británico, donde todo comenzó en la atención primaria y la salud mental para extenderse más tarde al conjunto del sistema como nuevas formas de organización y de atención, dijeron que más resolutiva.

Porque en el futuro no cabe duda del papel de la atención telefónica, la telemedicina y la digitalización, como instrumentos complementarios de la esencia de la atención de salud comunitaria, su carácter personal y su vinculación a una comunidad conocida y abarcable, así como el reparto de funciones entre el personal sanitario y no sanitario deben formar parte del trabajo programado y en equipo.

Solo así la pandemia nos habrá servido de llamada de atención y de lección de humildad para hacer que la realidad de la atención sea compatible con el modelo teórico y no para que acelere el distanciamiento y la rebaja en la humanidad y la calidad de la atención de salud a la comunidad.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.