El Ayuntamiento de Madrid y la memoria democrática

Un discurso cuyas raíces se entroncan en los planteamientos del fascismo italiano, en el más rancio conservadurismo español y con la que fue su expresión en nuestro país durante más de cuarenta años: la dictadura franquista. Un discurso queya no puede propugnar la vuelta a la democracia “orgánica”, que incluso se camufla de constitucionalista, pero que no deja de alimentaresos comportamientos totalitarios, racistas, xenófobos, antifeministas y homófobos, claramente discriminatorios y atentatorios de los derechos individuales y colectivos.

Su presencia política en las instituciones constituye, además, una seria amenaza a la convivencia democrática. Lo es por su creciente peso, porque está propiciando un giro conservador entre las formaciones de la derecha, y porque estas últimas (PP y C´s) se han valido de su apoyo para acceder a gobiernos autonómicos y locales, pese a haber perdido las elecciones.

Estos pactos políticos se están constituyendo en verdaderas hipotecas para los gobiernos de coalición PP-C´s. En la ciudad de Madrid lo hemos podido comprobar desde el primer día que accedieron al gobierno en Cibeles, con el sistemático revisionismo y desmontaje de todos los avances conseguidos durante el mandato anterior de la alcaldesa Manuela Carmena con apoyo del grupo socialista.

Como ahora veremos, acabar con la política de derechos humanos y de Memoria Democrática ha sido uno de los principales objetivos de Vox, contando en esta tarea con la contribución y el apoyo desinteresado de sus aliados políticos.

Se inició con la eliminación de la Oficina Municipal de Derechos Humanos, sucesora en la actividad del Comisionado de la Memoria Histórica, y su último acto ha sido la reciente aprobación por el Pleno de la Corporación de la retirada de los nombres de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero a dos calles de Madrid, quitar la placa a este último de la fachada de la casa donde nació, en el distrito de Chamberí, e instar al Gobierno de la Nación a retirar las estatuas de ambos que están en Nuevos Ministerios.

Pese a los más de cuarenta años de democracia en nuestro país, la recuperación de la Memoria Histórica o Memoria Democrática, como nosotros preferimos llamarla, no ha tenido una buena trayectoria en la capital de España. Tuvo un primer impulso en los primeros años de la Transición coincidiendo con los gobiernos de UCD y PSOE en el Estado y en la Ciudad, un aletargamiento posteriorque terminó siendo un verdadero boicot una vez aprobada la Ley de Memoria Histórica, un impulso que debería haber sido más decidido y con menos titubeos durante el gobierno de Manuela Carmena y, por último, el retroceso del período actualque no ha hecho nada más que empezar.

Hasta la publicación de la Ley 52/2007, los acuerdos de la Corporación sobre Memoria Histórica -aunque no se utilizara este término-, tuvieron un inicial impulso con los gobiernos de la izquierda. Es el caso, en el año 1980, cuando con Tierno Galván como alcaldese acordó modificar la denominación de 27 calles de la Ciudad (entre ellas, Gran Vía, Castellana, Recoletos, Príncipe de Vergara…).

También lo fue en 1981, aunque por iniciativa del concejal de UCD, Carlos Alonso de Velasco, el acuerdo de poner la citada placa de homenaje a Francisco Largo Caballero. Volvió a haberla en 1985, cuando a este mismo político se le dedica la calle que ahora se quiere eliminar.

El cambio de color en el gobierno municipal no impidió que, en enero de 1995, ya con Álvarez del Manzano como alcalde, se acordara por la Junta Municipal de Vicálvaro denominar bulevar de Indalecio Prieto al vial que se abriría en Valdebernardo. En la misma sesión también se acordó incorporar al callejero de este barrio el nombre del histórico socialista José Prat.

Es evidente que,en este período, aunque de forma lentísima y solo centrada en el cambio del callejero y la colocación de alguna placa, había un ciertoasentimiento entre los grupos políticos municipales para hacer algunos reconocimientos públicos.

La aprobación por el gobierno de Rodríguez Zapatero de la Ley conocida como de Memoria Histórica implicó un cambio sustancial en este devenir, al integrar medidas, reconocer derechos y sentar las bases para que los poderes públicos llevaran a cabo políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática.

Paradójicamente, esta Ley concebida desde la reconciliación, integración, concordia y respeto al pluralismo de todas y todos los españoles, se encontró con la fuerte oposición del PP. No olvidemos que tres años antes el PP había perdido las elecciones cuando tenía una mayoría absoluta, y que esa legislatura transcurrió en medio de una fuerte oposición y crispación políticas. No obstante, años después, el gobierno de Rajoyno se atrevió a derogarla, pero no puso un solo euro en los Presupuestos Generales del Estado para que pudiera ser aplicada.

Tampoco lo hicieron los ejecutivos municipales de Gallardóny Ana Botella, aunque durante la alcaldía del primero se hicieron algunos reconocimientos a personalidades de la República y del antifranquismo. Todo ello, pese a las reiteradas iniciativas de la oposición municipal y los requerimientos de las asociaciones de la Memoria Histórica para su aplicación en Madrid,algo que nunca se consiguió.

Esta inacción de los ejecutivos del PP contrasta con los avances realizados en otras comunidades autónomas y ayuntamientos, y fue objeto de pronunciamientos al respecto por entidades y organismos internacionales. Así, en febrero de 2014, Naciones Unidas volvió a lamentar la falta de colaboración de las instituciones del Estado a la hora de recuperar la memoria democrática en España y, en agosto de 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reiteró esa falta de colaboración del Estado español.

Esta situación cambia sustancialmente con la victoria de la izquierda en las elecciones municipales de 2015, el gobierno de Ahora Madrid con el apoyo del PSOE,y la elección de Manuela Carmena como alcaldesa.

En abril de 2016 el Pleno del Ayuntamiento acuerda la creación del Comisionado de la Memoria Histórica como un órgano colegiado de asesoramiento y propuesta de actuaciones municipales en cumplimiento de la Ley 52/2007, y con el objetivo de contribuir a la recuperación de la Memoria Histórica de la Ciudad de Madrid y, de esta forma, reforzar los valores democráticos de nuestra sociedad actual.

Su creación contó con el voto favorable de los grupos municipales de Ahora Madrid, Socialista y Ciudadanos, y la abstención del Popular.

En su composición se buscó que, junto a historiadores, estuvieran presentes personas de reconocido prestigio y experiencia en los derechos humanos y libertades públicas, propuestos por todos los grupos municipalescon el fin de asegurar una pluralidad de perfiles profesionales e ideológicos que garantizasen un rigor científico e histórico en la adopción de sus acuerdos. Expresamente se evitó la presencia de políticos en activo.

Entre sus funciones -no la única, pero sí quizás la más trascendentepor su visibilidad pública- estuvo elaborar un plan de modificación del callejero de Madridy la creación de un mapa de la memoria con lugares donde colocar placas. Como resultado aprobó por unanimidad las propuestas de cambio de nombre de 52 calles por sus referencias con la época franquista (algunas han sido recurridas ante los tribunales), y la colocación de 15 placas en lugares públicos.

El Comisionado cesó su actividad en octubre de 2017, después de emitir cuatro informes-propuestas sobre menciones y distinciones honoríficas a retirar, de creación de lugares de la Memoria en la ciudad, de revisión del callejero, y de reconocimiento público a personas, colectivos e instituciones significados en Madrid por razones de Memoria Histórica.También emitió otros cinco acuerdos ampliando algunas de estas propuestas y otras recomendaciones al Ayuntamiento (página web sobre Memoria Histórica y modificación de la ordenanza de calles)

Al Comisionado le sucedió la Oficina de Derechos Humanos que citábamos al principio, que siguió con esta misma tarea de impulsar la Memoria Histórica en nuestra ciudad, y entre cuyas acciones podemos mencionar el proyecto e inicio de construcción del Memorial del Cementerio del Este,hoy cementerio de La Almudena, a las mujeres y hombres fusilados en sus tapias entre 1939 y 1944.

Claramente significativo del nuevo talante revisionista del nuevo gobierno municipal de las derechas, fue que una de sus primeras medidas fuera la paralización de este Memorialpara posteriormente arrancar los nombres de las víctimas ya colocados en sus muros, en lo que llamaron “resignificación” del Memorial, para extenderlo a todas las víctimas de la Guerra Civil sin distinción alguna. Es decir, tergiversando el fin para el que se propuso, en un nuevo intento de humillación de las víctimas del franquismo.

No debe quedar duda alguna de que tanto la eliminación de la Oficina de Derechos Humanos, como la paralización y resignificación de este Memorial, contaban con la aquiescencia de los tres grupos municipales de la derecha. Este último caso, además, se toma como argumento en la posterior proposición que presentó Vox en el Pleno de octubre de 2019, sobre el cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019.

Un sarcasmo de iniciativa por parte del grupo ultraderechista para que el Ayuntamiento conmemore, cada 23 de agosto, el Día Europeo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo, y que se justificaba en párrafos como el siguiente,donde ya adelantaban sus posteriores intenciones:

“En nuestras calles se encuentran reconocimientos a figuras de carácter criminal como Francisco Largo Caballero, apodado el “Lenin español”, director del fraude electoral que permitió al Frente Popular hacerse con la mayoría de las Cortes mediante la violencia y el terrorismo; Indalecio Prieto, uno de los directores del golpe de Estado de 1934 contra la II República; Fernando Macarrón Castillo (con el pseudónimo de Marcos Ana), partícipe en tres asesinatos; Pablo Iglesias Posse, que incitó al asesinato de D. Antonio Maura; Margarita Nelken, que incitó a los asesinatos en masa de personas, presas o libres, sin ser juzgadas. En Madrid también hay unos jardines dedicados a las Brigadas Internacionales, dependientes de Stalin y el Pleno del Ayuntamiento de octubre de 2012 aprobó dedicarle una calle a Santiago Carrillo,dirigente del Partido Comunista de España y responsable del genocidio de Paracuellos del Jarama”.

Esta iniciativa fue enmendada por el PP, pero es significativo que ninguna de sus cuatro enmiendas afectara a la parte expositiva donde se recogían este y otros párrafos tan ofensivos como injustos.

La connivencia de las tres derechas en obstaculizar la aplicación de la Memoria Democrática en los espacios públicos de la capital ha tenido su última expresión en el reciente acuerdo del Pleno de septiembre de retirar los nombres de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero del callejero de Madrid.

Una vez más y con todo desparpajo, Vox acudió a la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019, aunque la posterior “propicia y conjunta”enmienda del PP y C´s, suprimiera esta infame referencia a esa Resolución y la sustituyera por otra aún más infame al artículo 15.1 de la propia Ley 52/2007 de Memoria Histórica.

Para ver la dimensión del desafuero realizado, conviene traer el texto de dicho artículo:

“Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”

Como es de sobra conocido, ni Largo Caballero ni Indalecio Prieto nunca hicieron exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil ni mucho menos de la represión de la Dictadura. Más bien, hicieron lo contrario.

Pero esto es lo de menos para quienes presentaron la moción y para quienes la apoyaron. De señalar su ignorancia y su estulticia, apenas unas horas de cometida la felonía, ya se han ocupado voces tan prestigiosas como las de los historiadores Ángel Viñas, Ángel Bahamonde y José Álvarez Junco, especialistas en este período histórico, y este último, además, miembro del Comisionado del Ayuntamiento. Y serán muchos más.

También hemos conocido que el Comisionado de Memoria Histórica estudió, entre otros muchos, estos dos casos, y descartó "clarísimamente" incluirlos dentro de la lista de nombres a retirar del callejero en aplicación de la citada Ley de Memoria Histórica

Pero insistimos, esta es unaproposición que va más allá de pedir la retirada de estos nombres del callejero. Es una iniciativa que tiene como objetivo combatir la aplicación de la Memoria Democrática en la capital. Enviar ese mensaje de advertencia a la oposición y, especialmente, a las asociaciones de la Memoria y a los familiares de las víctimas.

Es una proposición, como decimos, basada en el revisionismo y la tergiversación de nuestra historia, propia de los voceros mediáticos de la ultraderecha y de los desacreditados pseudohistoriadores que la alimentan. También en la manipulación vergonzosa de frases sacadas de contexto, sin tener en cuenta las circunstancias en que se pudieron producir -suponiendo que fueran ciertas-, y menos considerando la época a que se refieren, en pleno auge del fascismo y del nazismo de Mussolini y Hitler y la persecución sistemática de socialistas y de cualquier persona de ideología contraria a estos totalitarismos.

Vox acudió a la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019, escondiendo deliberadamente la motivación inicial de la misma, que es la conmemoracióndel 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial desencadenada por la agresión del régimen nazi sobre Polonia. Ese régimen que fue aliado bélico e ideológico dela sublevación militar que provocó la Guerra Civil y dio origen a la dictadura franquista. Régimen totalitario del que procede Vox y del que no reniega.

A esa sublevación y a ese régimen se enfrentaron Indalecio Prieto y Largo Caballero. Fueron demócratas, antifascistas y firmes defensores de la legalidad republicana, como ministros y como presidente del gobierno de esa República. Fueron antifranquistas, conocieron el exilio, incluso Largo Caballero la reclusión en el campo de concentración nazi de Sansenhausen, después de ser detenido por la Gestapo en París.

Por mucho que intenten manchar sus nombres, merecieron y merecen tener ese reconocimiento en las calles de Madrid quienes fueron concejales de este Ayuntamiento. A Prieto, además, le fue concedida por unanimidad la Medalla de Oro de la Ciudad en mayo de 1.936.

Han pasado decenios y nadie ha cuestionado esta presencia pública hasta que ha llegado Vox con sus falacias, su incitación al odioy su entrega a la calumnia.

No es casual este combate de las derechas a la Memoria Democrática, porque esta es un nuevo derecho de ciudadanía que se debe asentar y desarrollar. Así lo contemplan las últimas Resoluciones de entidades y organismos internacionales, y así lo establece nuestra propia legislación.

Nuestra memoria histórica democrática implica la lectura crítica de la dictadura y la valoración de la resistencia a la misma. Rescatando y conmemorando los valores y esfuerzos de quienes, en medio de dicha dictadura, pugnaron por defender la dignidad, la igualdad, la libertad y la democracia y, de este modo, contribuir a crear condiciones de pedagogía social que se constituyan en garantías de no repetición.

Los socialistas siempre hemos defendido la libertad y la democracia. En todo el mundo y en España desde nuestro nacimiento, hace más de 140 años. Hemos sufrido la persecución denazis y fascistas, y también de los estalinistas. Luchamos por la democracia en España, con un alto coste en vidas y años de cárcel, y nos ganamos el derecho a representar a los españoles y ser un partido de gobierno. Somos constitucionalistas porque elaboramos, aprobamos y defendemos esta Constitución, algo que no pueden decir los grupos municipales que apoyaron esta moción.

La escondida Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro deEuropa, también condena en su apartado 7 el revisionismo histórico, expresa su gran preocupación ante la creciente aceptación de ideologías radicales y la regresión al fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en la Unión Europea.

Aquí, en España, ese revisionismo histórico, la regresión al fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, son las que promueve Vox con el beneplácito del PP y Ciudadanos. Algo que los socialistas no vamos a permitir.