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Razones de un fracaso


Con la urgencia y las restricciones que imponen las situaciones límite, la pandemia desvela algunos debates de calado que, si no los teníamos en el fondo del armario, casi. Uno de ellos, que quedó un tanto orillado por la violencia del primer shock y la misteriosa desaparición de los liberales, es el de la gestión de los bienes públicos y, específicamente, de la salud.

Obviamente, una primera observación es eso de que la salud es un bien. Desde la perspectiva de la economía, la salud lo es en tanto su consumo genera utilidad o beneficio a los individuos. En general, cualquiera que tenga buena salud lo verá consustancial a la naturaleza y difícilmente entenderá que deba adquirir nada. Ahora bien, en cuento no la tenemos nos hacemos conscientes de que hay que adquirirla y se acaban las dudas al respecto. Y en este punto empieza el debate económico.

La salud no es un bien corriente. No es como una barra de pan, que puedo adquirir unitariamente y consumir de manera exclusiva. Son esas dos las características esenciales para que un bien pueda ser gestionable por el mercado: que sea divisible en unidades comercializables, y que el uso sea exclusivo (en el sentido de que quien lo adquiere pueda decidir quien lo consume). El caso de la barra de pan es canónico. Ahora bien, no todos los bienes cumplen con esas condiciones. Hay muchos que no permiten la exclusividad, como es el caso de las carreteras o las calles, pero tienen limites de uso. Otros no son divisibles, como es el caso de la defensa, la justicia o la salud. Algunos han pasado de no ser ni divisibles ni exclusivos a serlo gracias al avance tecnológico, como es el caso de la señal de televisión. Por último, hay bienes que son irreductiblemente indivisibles y de imposible uso exclusivo, como es el caso de los recursos naturales (por ejemplo, el aire). Cuando el uso de un bien por una persona no limita el uso simultáneo por parte de otra, y no se puede fraccionar en partes para su producción o consumo, hablamos de un bien público.

Estos bienes son habituales en nuestra vida, pero nuestro querido y omnipresente mercado no sabe cómo manejarlos (en la terminología académica, es un “fallo del mercado”). Es más, aplicar criterios de mercado en su gestión crea un problema concreto, el “free rider”, lo que en buen castellano denominamos gorrón. Un agente económico es un gorrón cuando se aprovecha de un bien público sin afrontar el coste de producción o mantenimiento que debería asumir. Esta situación es mucho más común de lo que parece, y aunque el ejemplo clásico es el que se cuela en el autobús, también sucede con la contaminación que emiten miles de tubos de escape en nuestras ciudades, y que pagan con su salud otras personas. O por poner un caso aun más cuantioso, es el caso de las empresas que se domicilian en paraísos fiscales pero que luego operan en cualquier otro país sin pagar sus impuestos.

Como he dicho, la salud es un bien publico que el mercado no sabe manejar. En este punto se podría alegar la existencia en España de una sanidad privada eficaz, con independencia de las consideraciones éticas que al respecto se tengan. Hay que reconocer que es cierto, y se basa en el modelo convencional de mercado: tenemos un problema y lo solucionamos, todo ello por un precio. Siempre que podamos definir ese problema como un producto y delimitar un precio la sanidad privada puede funcionar bien. Así funcionaría la “salud de mercado”. Bueno, funcionaría para quienes pudieran pagar el precio, lo que estadísticamente no es lo normal.

Puede suceder que no se puedan establecer bien esos límites, lo que en materia de salud no es difícil. Sería el caso, por ejemplo. de una enfermedad crónica. En la definición de bien de mercado subyace una delimitación del bien y de las responsabilidades del vendedor. Si compro una barra de pan, no puedo exigir más que ese artículo, pero en el caso de un viaje… ¿puedo cancelarlo si me surge un problema? ¿o modificar la fecha de salida? En cuanto un bien es susceptible de crear situaciones indefinidas, aparecen los contratos con condiciones de uso, limitaciones de responsabilidad, etc. Hasta un deportista de élite puede sufrir un infarto y convertirse en un enfermo cardiaco crónico. En una situación así, el paciente deja de ser interesante para el proveedor de servicios de salud porque los costes que genera serán crecientes y la rentabilidad caerá si no se suben los precios. Sirva esta pequeña pincelada para explicar por qué es la salud el motivo principal de ruina familiar en Estados Unidos, el país que hace bandera de su sanidad privada.

¿Y con una infección, como estamos viviendo ahora? Un sistema de “salud de mercado” funcionará justo al revés de como lo hará otro que solo se guie por el bienestar público. El producto, y en consecuencia el beneficio, está en curar, no en prevenir. Atender a alguien en un hospital, mejor si es en una UCI, es un producto bien definido y rentable. Y es por eso por lo que interesará más hacer un hospital especializado, para que no se mezclen unos pacientes con otros y pueda darse el caso de complicar otros productos (con los consecuentes problemas legales). La prevención es, por descontado, contraproducente; andar haciendo pruebas y movilizando rastreadores para evitar contagios no genera negocio, mas bien lo elimina, y obligará a tomar decisiones extrasanitarias. Así pues, si la inspiración de un gobierno con competencias en materia sanitaria es la de la máxima participación privada, no es difícil prever el fracaso en la gestión de una situación como la que ahora vivimos. Por otra parte, un gobierno de esas características, como los de Trump o Bolsonaro, no tendría por que tener como objetivo minimizar el sufrimiento, de lo que cabría deducir que, entonces, no hay tal fracaso.

Nacido en 1967, es economista desde 1990 por la Universidad Complutense. En 1991 se especializó en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Politécnica de Valencia, y en 1992 en Transportes Terrestres por la Complutense, empezando a trabajar en temas territoriales, fundamentalmente como profesional independiente contratado por empresas de ingeniería.

Ha realizado planeamiento urbanístico, planificación territorial, y evaluación de impacto ambiental. En 2000 empezó a trabajar en temas de desarrollo rural, y desde 2009 en cuestiones de políticas locales de cambio climático y transición con su participación en el proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía (en Ponferrada, León).

En 2012 regresó a Madrid, hasta que, en diciembre pasado, previa oposición, ingresó en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el Servicio de Análisis Económico.