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Antígona en Madrid

  • Escrito por Arturo Peinado Cano
  • Publicado en OPINIÓN

El Ayuntamiento de Madrid fue gobernado desde 2015 a 2019 por la “candidatura ciudadana de unidad popular” Ahora Madrid (encabezada por la exjueza Manuela Carmena) con el apoyo del PSOE. El gobierno municipal encargó, a finales de 2015, el proyecto de un “Plan Integral Memoria Madrid” a un grupo de trabajo de la Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”.

Inmediatamente comenzó una campaña de acoso mediático que fue in crescendo hasta conseguir la renuncia de la Cátedra. El linchamiento, que no tuvo el menor reparo en difundir mentiras, calumnias y noticias falsas, estuvo encabezado por medios de comunicación de extrema derecha y por la edición madrileña del diario El País, secundado posteriormente por la prensa conservadora más tradicional. La aceptación como verdaderas de las calumnias por parte de la alcaldesa, y la renuncia de continuar con el encargo por parte de la Cátedra en marzo de 2016, certificaban el triunfo de los objetivos que había detrás de dicha operación: la renuncia al cuestionamiento por la corporación madrileña de las políticas de olvido e impunidad implantadas desde la Transición, y el continuismo en el tratamiento equidistante entre víctimas y verdugos, defensores de la democracia y sus agresores, para el caso de la 2ª República y el franquismo.

Tras esta experiencia, el Ayuntamiento de Madrid procedió a encargar el diseño de las políticas de Memoria en la capital, entre mayo de 2016 y junio de 2018, al llamado Comisionado de Memoria histórica de la Ciudad de Madrid, presidido por la abogada Francisca Sauquillo.

Para la alcaldesa Carmena todas las medidas sobre Memoria histórica (pero no otras) debían adoptarse necesariamente por consenso, y tenían como límite lo establecido por la Ley de Memoria histórica de 2007, que a esas alturas ya había demostrado sobradamente sus límites y deficiencias. Para ello se conformó el Comisionado a partir de propuestas de los cuatro grupos municipales: Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos. Inmediatamente colocados sus peones dentro del Comisionado, el Grupo municipal Popular, encabezado entonces por Esperanza Aguirre, se desmarcaría, rechazando y votando en contra de cualquier medida progresista como la retirada del callejero franquista.

Desde el primer momento la propia constitución y la composición del Comisionado fueron rechazadas por la gran mayoría de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Llamaba la atención la ausencia de juristas especializados en memoria histórica y derechos humanos, de archiveros, documentalistas, politólogos o antropólogos sociales. En varias reuniones manifestamos al Ayuntamiento que era inexplicable la ausencia de personas del movimiento memorialista y de víctimas del franquismo, aunque sí había un representante del Arzobispado de Madrid. Por otra parte, resultaba preocupante la presencia en el Comisionado de varias personas que se habían manifestado públicamente contra el movimiento de la memoria histórica y sus reivindicaciones, y que incluso han sido firmantes de manifiestos contra una Proposición de Ley del PSOE para la reforma de la Ley de Memoria histórica junto con políticos de extrema derecha y pseudohistoriadores revisionistas de los mitos franquistas.

Dos informes sobre el Memorial del Cementerio del Este

En febrero de 2018 un equipo multidisciplinar dirigido por el historiador Fernando Hernández Holgado, presentó un Informe encargado por el Ayuntamiento sobre la represión franquista en el Cementerio del Este (actualmente de La Almudena) con un listado actualizado de las víctimas, que había de servir como fundamento de un proyecto de Memorial.

Por contra, un informe paralelo del Comisionado, emitido cuando el plazo previsto de funcionamiento del organismo ya había sido sobradamente superado, favoreció el retraso de la construcción, y junto a diversos problemas administrativos, que no fuera acabado e inaugurado durante la legislatura de gobierno de Ahora Madrid. El Comisionado, haciendo suyos los argumentos de los medios de derechas sobre que en el listado se incluían algunos de los denominados “chequistas” (responsables de crímenes cometidos en la retaguardia republicana durante la contienda), propuso que no constasen en el monumento los nombres de los 2.936 fusilados. Sus conclusiones chocaban frontalmente con el informe del equipo dirigido por Hernández Holgado y con los compromisos públicos del Gobierno municipal.

Cuando se habla de “chequistas” se hace referencia a una fuente documental concreta: la Causa General, una fuente que los historiadores cogen con pinzas por su parcialidad y deficiencias. La Causa General no fue elaborada con fines de investigación histórica, sino para legitimar y servir de base documental a la represión franquista contra los defensores de la Segunda República. La derecha política y mediática sigue dando carta de naturaleza a las cifras y acusaciones de la Causa General, sustentadas invariablemente en denuncias sin posibilidad de ser rebatidas y en confesiones obtenidas mediante la práctica sistemática de la tortura.

Miles de personas fusiladas por el franquismo, entre los que se encuentran los hombres y mujeres asesinados en las tapias del Cementerio del Este de Madrid, lo fueron en aplicación de sentencias dictadas por consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, y jamás se les reconoció la presunción de inocencia. Los tribunales militares franquistas no eran homologables a un Estado de Derecho digno de tal nombre, pero la derecha otorga credibilidad a las acusaciones de las sentencias franquistas, dictadas por tribunales militares ilegalmente constituidos; en aplicación de normas promulgadas por un poder golpista, ilegítimo e ilegal; sin que los reos pudieran ejercer un derecho efectivo a la defensa ni tuvieran acceso al derecho de apelación a una instancia jurídica superior independiente...

Los colectivos memorialistas nos dirigíamos al Ayuntamiento y a la sociedad madrileña en abril de 2018 en estos términos:

(…) No estamos dispuestos/as a consentir que se vuelva a juzgar y a condenar a nuestros compañeros y compañeras, perseverando así en la falsificación histórica construida por el franquismo, y legitimando acusaciones sustentadas en “pruebas” obtenidas en situación de absoluta indefensión y mediante la tortura, que sirvieron de fundamento a las sentencias de los ilegales consejos de guerra. Sería inconcebible que el Ayuntamiento de Madrid asumiese propuestas que sólo pretenden apuntalar la impunidad de los crímenes franquistas y la falsificación de la historia.

El Comisionado hace también la sorprendente propuesta de levantar en paralelo al Memorial del cementerio el Este, otro dedicado a las víctimas de la violencia en Madrid entre 1936-1939. Si grave es poner al mismo nivel a quienes defendían la legalidad democrática y quienes la querían destruir (algo inconcebible en cualquier país de nuestro entorno), esa proposición obvia que durante 40 años de dictadura (con continuidad tras la recuperación de la democracia), apabullantes políticas públicas de memoria se dedicaron en exclusiva a esas otras víctimas, consistentes en múltiples y diversos reconocimientos, privilegios y beneficios económicos de todo tipo (…).

El Informe del Comisionado sobre el Memorial del Cementerio del Este supuso el fin del organismo, dado que parte del grupo de Ahora Madrid lo consideró inaceptable, porque la finalización del Memorial conforme al proyecto que incluía la exposición de todos los nombres había sido un compromiso reiterado y público de la corporación. Por fin, el Comisionado quedó felizmente disuelto en junio de 2018.

La destrucción del Memorial

El monumento estaba en plena ejecución cuando se celebraron las elecciones municipales de mayo de 2019, con el conocido resultado de la victoria del tripartito de derechas. Se formó un gobierno de coalición para la ciudad de Madrid encabezado por José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, con Begoña Villacís de Ciudadanos como Vicealcaldesa, y apoyado por la extrema derecha de Vox.

El 18 de Noviembre de 2019 el gobierno del Ayuntamiento de Madrid arrancó las lápidas con los nombres de las casi 3.000 personas ejecutadas entre 1939 y 1944 por la dictadura franquista en el Cementerio del Este. La colocación de las placas ya había sido paralizada el 17 de julio, cuando la obra estaba prácticamente finalizada.

Los familiares llevan décadas demandando un lugar de memoria donde aparezcan los nombres de sus familiares muertos y poder rendirles homenaje público o personal, acabando con la “damnatio memoriae” decretada por la dictadura que nuestra democracia no ha sabido/podido/querido reparar. La retirada, que provocó serios daños en algunas de las lápidas, supuso la profanación de los nombres de personas que pagaron con su vida la defensa de la libertad, pero también, tras haber visto el monumento a punto de ser finalizado, una nueva humillación y la revictimización de los familiares, que habían estado más cuarenta años esperando el reconocimiento de la democracia a quienes fueron asesinados por defender valores democráticos, derechos y libertades reconocidos en las constituciones de 1931 y 1978.

El gobierno de Martínez Almeida modificó el criterio con el que fue proyectado el Memorial por el anterior gobierno municipal de Ahora Madrid apoyado por el PSOE, desvirtuando completamente su significación para reconvertirlo en un supuesto homenaje a la concordia. La desaparición de los nombres persevera en el tratamiento franquista a las víctimas de la represión, como lo describe el historiador Francisco Moreno: proyecto de invisibilización, y de insignificación, es decir, de vidas sin valor, dignas de desprecio. En consecuencia, ha supuesto un castigo post mortem añadido a las familias de las personas allí ejecutadas, y un grave atentado a la memoria y a la democracia.

El papel del Comisionado de Memoria en este tema no consistió solamente en aplicar una estrategia deliberadamente obstruccionista, cuando el plazo previsto de su funcionamiento ya había sido largamente superado. También proporcionó al actual gobierno municipal de derechas de PP, Cs y Vox, la argumentación para frenar la finalización del Memorial, y finalmente la eliminación de los nombres. El Informe sobre el Memorial del Cementerio del Este, supuso el último triunfo, póstumo, del Comisionado de Carmena y Sauquillo.

La actual corporación de derechas defiende que el Comisionado pidió un monumento anónimo y un segundo memorial a las víctimas franquistas. Miembros del Comisionado arguyen a día de hoy, que en su informe abrían la puerta a la construcción de una segunda placa que recordara a los muertos “del otro bando”. Nosotros, por una vez estamos de acuerdo con uno de sus miembros, el escritor Andrés Trapiello: “Quien ahora ha quitado los nombres no ha hecho otra cosa que lo que el Comisionado de la Memoria aconsejó en su día, insisto, por unanimidad”.

La derecha en la alcaldía

Tras las elecciones municipales de mayo de 2019, el nuevo equipo de gobierno de derechas utilizó los primeros meses de gobierno para desmantelar, sin complejos y sin pausa, las políticas progresistas desarrolladas durante la legislatura anterior. Los avances en materia de memoria histórica y democrática han sido un objetivo central de sus ataques. En junio, el consistorio de Martínez Almeida anunció el cierre de la Oficina municipal de Derechos Humanos y Memoria. Le siguió la renuncia a levantar otro Memorial aprobado por el pleno municipal en los terrenos de la cárcel de Carabanchel.

De cómo se construye el relato del pasado depende en gran parte la legitimación de los actos y políticas presentes. Por ello, el nuevo consistorio ha sido especialmente beligerante contra la Memoria antifranquista. La aparición de un espacio político de la extrema derecha ha servido como coartada a la derecha “de toda la vida” para aplicar las políticas revisionistas. La derecha política y mediática dice oponerse a la memoria histórica utilizando argumentos tales como la necesidad de centrarse en los problemas del presente, y no hacer política sobre acontecimientos acaecidos 80 años atrás. ¿Pero ellos actúan realmente así?

El 13 de enero de 2020 se inauguró en Madrid un monumento a “Los últimos de Filipinas” rememorando un acontecimiento de hace 122 años. Fue un acto del Ayuntamiento y del Ejército de Tierra con vivas a España, protocolo castrense y muchas banderas rojigualdas. Por supuesto, durante el acto, presidido por el alcalde y el Jefe del Estado Mayor, se leyeron en voz alta todos y cada uno de los nombres de los asediados en el Fuerte de Baler.

Es significativo que el monumento esté representado exclusivamente por la figura, pistola en mano, del teniente Martín Cerezo, el máximo mando militar del fuerte de Baler, quien en aquella “gesta” adoptó decisiones más que discutibles. El monumento para nada representa a los soldados, todos ellos campesinos o trabajadores conscriptos que no habían podido pagar la "redención en metálico" para librarse de ser enviados a los mataderos de Cuba o Filipinas, en beneficio de los intereses de las oligarquías del corrupto régimen de la Restauración borbónica de 1874.

Evidentemente la representación simbólica del monumento huye de la verdad histórica, es una mera reelaboración de los mitos desarrollados por el nacionalismo español conservador, sustentados en la historiografía más reaccionaria. Se está presentando el mito en 2020 tal y como se trataba en la película de 1945. ¿Qué le interesa a la derecha que gobierna Madrid mostrar las causas, características y fines del colonialismo español en Filipinas, o la incompetencia del mando militar del momento? ¿Por qué la Historia va a estropear un buen mito al servicio de su relato “patriótico”?

Conclusiones

La derecha cuando accede al gobierno de las instituciones actúa sin el menor escrúpulo, y la izquierda gobierna con pies de plomo, entre apelaciones al consenso.

Ni la composición ni la actuación del Comisionado de Carmena y Sauquillo fueron compatibles con el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento en materia de Derechos. Tampoco con los compromisos adquiridos por la alcaldesa, su equipo de Gobierno y los dos grupos municipales que lo sustentaron. Eso no fue posible durante la legislatura 2015-2019 por haberse priorizado el consenso con las derechas en políticas de Memoria. El Partido Popular había gobernado el Ayuntamiento de Madrid entre 1991 y 2015. ¿Acaso alguna vez Álvarez del Manzano, Gallardón o Botella ofrecieron consenso, o por el contrario, siempre gobernaron para imponer de manera implacable su modelo de ciudad y de sociedad? ¿Se puede consensuar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica con quienes llevan 13 años ignorándola, para mantener las calles y los monumentos dedicados a golpistas y a criminales de guerra? ¿Puede haber consenso con quienes, un día sí y otro también, insultan y humillan a las víctimas de la dictadura? ¿Con quienes impiden desde el Gobierno Regional madrileño que se ponga una placa de recuerdo a los demócratas torturados en la antigua Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol?

Madrid, como capital del Estado, es una referencia, y las políticas que se aplican allí son un ejemplo a seguir por otras muchas instituciones. Las fuerzas sociales y políticas progresistas están ahora obligadas a construir una alternativa capaz de recuperar el Ayuntamiento de Madrid, estudiando la experiencia de los años 2015-2019 tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. Y aprendiendo de cómo actúa la derecha cuando gobierna: con contundencia, celeridad y sin complejos.

No queremos afirmar en ningún caso que durante el período de Gobierno de Ahora Madrid (2015-2019) no se hiciera una importante política de memoria, con resultados concretos como la retirada de casi medio centenar de nombres franquistas de calles muy significativas. Pero sí mantenemos que en buena parte se debió al compromiso personal de algunos miembros del equipo de Gobierno municipal y de varios presidentes/as de Juntas de Distrito, lo que les supuso un coste político y personal.

Las políticas de Memoria Histórica en Madrid muestran cómo no se pueden volver a hacer las cosas, y con qué mimbres tiene que contar la izquierda si pretende una futura reconstrucción que recupere las instituciones, en este caso la capital del Estado, para la democracia y para la gente. Y también para garantizar que su paso por el gobierno y las conquistas alcanzadas no sean efímeras, y se correspondan realmente con los compromisos adquiridos con la sociedad organizada que les llevó al gobierno de la institución.

Antígona en Madrid

Antígona es una tragedia griega escrita por Sófocles en el siglo V a. C. En su inicio, Creonte, rey de Tebas, impone la prohibición de practicar ritos fúnebres al cuerpo de Polinices, como castigo ejemplar por “traición a su patria”, pero su hermana Antígona pretende enterrar el cuerpo, desafiando el edicto. Representa la rebelión contra la injusticia y la arbitrariedad, en este caso contra el poder que decreta una “damnatio memoriae” sobre quien no puede defenderse, vulnerando los derechos y los usos sociales en duelo y ritos funerarios.

Una plataforma constituida por colectivos memorialistas, sociales, vecinales, políticos, sindicales, culturales… exige la inmediata reversión del proceso, con la reconstrucción del Memorial del Cementerio del Este conforme al proyecto original, y está convocando movilizaciones. Los colectivos memorialistas y ciudadanos exigimos también que el alcalde Martínez Almeida pida disculpas públicas en nombre del Ayuntamiento de Madrid, tanto a los familiares de las víctimas como al conjunto de la ciudadanía.

Consideramos irrenunciable el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la mano de historiadores, y que las instituciones democráticas reconozcan públicamente, nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo. Todo ello unido a la exigencia urgente de la anulación por el Parlamento de las sentencias represivas emanadas de los ilegales consejos de guerra y tribunales franquistas, que inexplicablemente siguen siendo, a día de hoy, legales y firmes.