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El coronavirus y la renta de las personas

Tras casi dos meses de confinamiento, vividos como inesperada experiencia desquiciante, la sociedad española se lanza hacia un desconfinamiento competitivo en el que quien más quien menos quiere volver a la calle y retomar la fiesta, en el nivel que cada uno la dejara cuando el coronavirus decidió aprovechar nuestra invitación y volar en nuestros propios aviones para visitarnos desde los más lejanos lugares del mundo (cosas de la globalización y la facilidad de los desplazamientos),

“-Me voy de vacaciones a China, Vietnam, Tailandia y Camboya, un circuito todo incluido, superbarato.

-Cursos de chino mandarín para empresarios financiados por la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Cámara de Comercio.”

Esto es una pandemia, nada que ver con la crisis del 2008, la quiebra de Lehman Brothers, las hipotecas basura, los desquiciados fondos buitre, la crisis financiera, de la construcción, de sus industrias auxiliares, de la industria en general, de los empleos, las ventas de coches, la disminución de los ingresos del estado, los recortes presupuestarios en sanidad, educación, servicios sociales, los rescates europeos, las rebajas salariales, el paro, la precariedad laboral y de las vidas, las pensiones.

La crisis duró una década y se saldó con un millón de millonarios en España, (seis veces más de los que había antes de la crisis) y 12 millones de personas en riesgo de pobreza (uno de cada cuatro españoles vive en el filo de la navaja), un crecimiento sin precedentes de las desigualdades económicas en el reparto de las rentas y las brechas y fracturas sociales.

Esta crisis es mucho más profunda porque, de forma acelerada, va a obligar a repensar cada actividad económica y nuestras más arraigadas costumbres sociales. Lo que llaman nueva normalidad va a ser una nueva realidad en la que tendremos que reinventarlo casi todo.

Durante los últimos años el debate sobre las consecuencias de la crisis económica en los empleos y en la calidad de vida de las personas en Europa ha fomentado debates como la aplicación de un impuesto a las empresas tecnológicas, la creación de una renta básica más o menos universal, la necesidad de sostener unos servicios públicos de calidad.

Los recortes habían debilitado el sistema sanitario, el educativo y colocado a los pies de los caballos los servicios sociales que aseguran la atención a nuestros mayores, las pensiones, las situaciones de dependencia, las redes de protección social, o de lucha contra la pobreza.

La crisis había precarizado el empleo y devaluado los salarios, la mitad de los trabajadores europeos habían visto cambiar sus formas de trabajo y sus tareas laborales a causa de la aplicación de las nuevas tecnologías y tres de cada cuatro trabajadores percibían que la Inteligencia Artificial (digitalización, robotización, automatización, como quieras llamarlo), ponía en riesgo su futuro laboral, su empleo. Muchas veces trabajar ya no garantiza dejar de ser pobre, o ganar lo suficiente para la supervivencia de la persona, o de la familia.

Mientras tanto, los países europeos comprueban que las llamadas GAFA (las empresas tecnológicas potentes como Google, Amazon, Facebook, o Appel) no pagan impuestos, o como mucho llegan al 9% de sus beneficios, cuando el resto de empresas paga medias del 23%. Por eso países como Francia han puesto en marcha el impuesto tecnológico y otros como Austria están en ello. De hecho Francia y Alemania son las grandes impulsoras de este impuesto en el conjunto de la Unión Europea.

Algunos países, aún antes de la llegada del COVID19, comenzaban a experimentar con fórmulas para poner en marcha sistemas de rentas básicas, o ingresos mínimos, vitales, más o menos universales, de integración, de inserción, me da igual el debate nominalista.

Acaban de publicarse los resultados de un experimento en Finlandia aplicado de 2017 a 2019, que indican que una renta básica mínima para personas sin ingresos mejora la confianza en las instituciones y la satisfacción de las personas, sin que tenga grandes incidencias sobre el empleo. Lejos de desanimar a encontrar un trabajo, los perceptores han encontrado en mayor proporción un puesto de trabajo.

La pandemia que tenemos encima es otra cosa, amenaza con tener consecuencias más dramáticas. Las tasas de paro pueden duplicarse de golpe y no podemos dejar la protección de las personas sin rentas en manos de entidades de voluntariado, que pueden ser complementarias, pero nunca la disculpa para la dejación de responsabilidades por parte del Estado en sus formas central, autonómicas, o locales. Creo que nadie puede quedarse sin unos ingresos mínimos garantizados por los poderes públicos para sobrevivir cuando le vienen mal dadas.

Todas las Comunidades Autónomas cuentan con alguna forma de renta mínima para atender situaciones de pobreza. Nosotros mismos creamos un Ingreso Madrileño de Integración (IMI) en 1991, con el gobierno de Joaquín Leguina, siendo consejera de servicios sociales Elena Vázquez y lo convertimos en derecho subjetivo con Alberto Ruiz-Gallardón mediante la Ley de Renta Mínima de Inserción que entró en vigor el 1 de enero de 2002.

Sería urgente que el gobierno central armonizase cuanto antes estas prestaciones autonómicas para financiar conjuntamente, desde el Estado y desde las Comunidades Autónomas, una renta, o ingreso mínimo y básico, aplicable en toda España, que pudiera irse revisando y ajustando, en función de unas circunstancias aún desconocidas y aceleradamente cambiantes que se van a ir produciendo. Una renta o ingreso adaptado territorialmente a las necesidades económicas, alimentarias, educativas, sanitarias, de vivienda, de formación y empleo, o de atención a situaciones de dependencia, por ejemplo.

Para que la nueva pobreza no se convierta en lacerante normalidad, no vale cualquier ingreso mínimo y vital, un dinerito temporal para salir del paso, inconexo del tratamiento integral de los problemas personales y familiares que vamos a vivir. Necesitamos un salario social, un ingreso mínimo, una renta básica (ya he dicho que no me toquéis las narices con el nombre) que asegure la libertad, la solidaridad y la igualdad necesarias para salir cohesionados de una tragedia como la que nos ha caído encima. Seamos sensatos.

Maestro en la Educación de Adultos, escritor y articulista en diferentes medios de comunicación. Fue Secretario General de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013, años duros de corrupción y miseria política antisindical. Durante los cuatro años siguientes fue Secretario de Formación de la Confederación Sindical de CCOO.

Patrono de las Fundaciones Ateneo 1º de Mayo y de la Abogados de Atocha. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran El Madrid del Primero de Mayo, el poemario La Tierra de nos Nadie, o Cuentos en la Tierra de los Nadie. Ha sido ganador de más de veinte premios de poesía y cuento, en diferentes lugares de España y América Latina.