El trauma de la Guerra Civil sigue vivo: un estudio analizará sus secuelas psicológicas

Lejos de ser una cuestión exclusivamente política, la psicología tiene mucho que decir sobre este fenómeno.

Una “epidemia” de estrés postraumático

En tan solo tres años, la guerra civil española dejó cerca de 500 000 muertos –aunque la cifra varía, según las fuentes consultadas, entre las 380 000 y 700 000 víctimas–.

La posterior dictadura de cuatro décadas sometió a “una de las dos Españas” –en versos de Antonio Machado– a violencia, persecución y humillación, impidiendo además cualquier ritualización de las despedidas a los seres queridos. Esto dio lugar a una auténtica “epidemia” de estrés postraumático, con síntomas como la hipervigilancia, las pesadillas y los pensamientos intrusivos.

Cuando llegó la Transición, el “pacto del olvido” tampoco trajo la paz que tantos esperaban: las familias se vieron obligadas a guardar silencio sobre su sufrimiento, en lo que se conoce como “el grito de Hilda”, un homenaje a las víctimas de la represión de la recientemente fallecida Hilda Farfante, hija de dos maestros fusilados, que se convirtió en el himno de los desaparecidos del franquismo.

Como respuesta nace el proyecto BENITA (Bienestar psicológico ante la Exhumación y duelo No resuelto: Influencia del Trauma y la pérdida Ambigua en familias de víctimas de la represión franquista). Se trata del primer estudio terapéutico con víctimas del franquismo en España y cuenta con la colaboración de la Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes (ACVSSR). A través de él, y a partir de este mes de julio, un equipo interdisciplinar de especialistas en victimización e intervención en duelo entrevistará durante cuatro años a familiares de segunda a cuarta generación de víctimas del franquismo para detectar los síntomas.

Duelos congelados, duelos desautorizados

Para quienes vivieron directamente la represión, no saber dónde se encuentra su familiar da lugar a lo que Pauline Boss, catedrática emérita de la Universidad de Minnesota, define como “pérdida ambigua”: un duelo sin un cuerpo al que llorar. A ese malestar, el miedo a las represalias del régimen pudo sumarle un duelo congelado –a la espera de un momento en que poder expresarlo– y desautorizado, no reconocido por toda la sociedad.

Para las generaciones más recientes, la desautorización adopta otra forma: la falta de una defensa unánime de la necesidad de atención emocional. Sin esa validación, el duelo no puede elaborarse, independientemente de cuándo se haya nacido, como ya se ha documentado en familiares de distintas generaciones en otros países que atravesaron dictaduras, como Chile.

La conjunción de estos fenómenos explica la transmisión intergeneracional del trauma: en un estudio con descendientes de quienes padecieron el genocidio de Ruanda se observó que el dolor de las primeras generaciones afectaba a las siguientes, que mantienen los síntomas psicológicos asociados al trauma.

Es más, personas de tercera y cuarta generación en España, incluso sin haber conocido a quienes faltan, pueden seguir sufriendo por el mismo motivo que sufrieron sus antepasados. ¿Podemos permitirnos las sociedades democráticas que existan personas con trauma sin brindarles atención?

¿Por qué sigue doliendo casi un siglo después?

En España hay registradas 4 922 fosas en el mapa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. De ellas, casi el 17 % han sido dignificadas, pero el 40 % todavía no se han intervenido. Este mapa interactivo eleva el número a 6 000, indicando que en España no es posible estar a más de 50 kilómetros de una fosa común.

Esto significa que hay decenas de miles de familiares buscando los restos de sus allegados o esperando a que sean identificados como única forma de paliar el abismo del olvido al que se enfrentan.

Naciones Unidas articuló, en 2004, el marco de referencia internacional para abordar estos contextos: la Justicia Transicional. Se trata de un marco de intervención para países donde finaliza un conflicto, y se basa en cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La evidencia muestra que cuanto antes se aplica este marco, mayor es su eficacia. En países como Argentina, Chile o Sudáfrica, que han sufrido enfrentamientos civiles y dictaduras, las intervenciones que combinaban reconocimiento institucional e intervención psicológica en torno a esos cuatro pilares han aportado evidencia sobre el potencial reparador.

Hacia una solución de reparación

En ese sentido, las leyes de Memoria Histórica (2007), de Memoria Democrática (2022) y la Recomendación de la ONU en 2014 –que instaba a España a considerar la “búsqueda de desaparecidos como obligación estatal”– han sido pasos valiosos hacia algo similar a la justicia transicional. Entre otras cosas, han ayudado a validar a las familias, a dignificar la memoria de las víctimas y a impulsar la búsqueda de desaparecidos.

Pero, como hemos mencionado, el dolor acumulado persiste durante generaciones, como acreditan los bancos de voces que digitalizan horas de testimonios de supervivientes de toda España (Banco Audiovisual de Testimonios; HISMEDI; Vencidxs); libros con testimonios sobre duelo y exhumación (Lloros vueltos puños, de Ignacio Fernández de Mata; Remover cielo y tierra, de Zoe de Kerangat, o Las exhumaciones por Dios y por España, de Miram Saqqa). Todos son de un valor histórico incalculable.

El proyecto Benita es un compromiso científico, humano y social que pretende entender ese sufrimiento intergeneracional y ofrecer mecanismos de intervención basados en la evidencia para paliarlo antes de que pase más tiempo.

Nereida Bueno Guerra, Profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Psicología, Universidad Pontificia Comillas; José Gamoneda Larripa, Investigador en Universidad Pontificia Comillas-UNINPSI y Pablo Cortina Rodríguez, PhD candidate, Universidad Pontificia Comillas

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.