Con el agua no se juega

A ello ha contribuido el hecho de que, durante demasiado tiempo, la política del agua equivalía prácticamente a la construcción de grandes obras hidráulicas, sin apenas control del consumo del agua y de su calidad, en particular en lo relativo a las aguas subterráneas, lo que ha propiciado un conocimiento excesivamente centrado en la oferta de agua.

Hoy, la ciencia señala los efectos negativos asociados a obras hidráulicas como los embalses, debidos a la reducción de los caudales y a la correspondiente afección a los ecosistemas fluviales… y marinos

España destaca, a nivel mundial, por el elevado número de embalses, en su día justificados por la necesidad de almacenar agua durante los meses más lluviosos para disponer de la misma en los periodos más secos. Asimismo, algunas cuencas están conectadas mediante trasvases para “llevar el agua de donde sobra a donde falta”.

Hoy, la ciencia señala los efectos negativos asociados a dichas obras hidráulicas, debidos a la reducción de los caudales y a la correspondiente afección a los ecosistemas fluviales… y marinos. Sí, porque el agua de los ríos no “se tira al mar” –como todavía algunos afirman–, sino que va generando vida a lo largo de su cauce, y cuando llega al mar aporta sedimentos y agua dulce, imprescindibles para preservar la vida marina.

Y la drástica disminución de las precipitaciones provocada por el cambio climático cuestiona la capacidad efectiva de embalses y trasvases para garantizar la suficiente disponibilidad de agua…

A pesar de la evidencia de todo lo anterior, hay quien se empeña en engañar a quienes necesitan el agua para regar sus tierras, asegurándoles cuantías ilimitadas de recursos hídricos… procedentes de otros sitios.

El mayor bulo fue en 2004, el proyecto de trasvasar 1.000 hm3 de agua desde la desembocadura del Ebro hasta Almería, que no obtuvo la financiación europea anunciada por el gobierno de Aznar: varias unidades de la Comisión Europea (CE) desestimaron el proyecto por razones económicas y ambientales. Esta circunstancia coincidió con la llegada al gobierno de Zapatero, y con la inmediata presentación ante la CE de un programa alternativo al trasvase del Ebro (el programa AGUA), que obtuvo la correspondiente financiación europea. Por supuesto, el PP negó la mayor y no reconoció que su opción no había resultado viable al carecer de los recursos procedentes de la UE, trasladando a la opinión pública de Valencia, Murcia y Almería que el gobierno socialista “les había robado el agua”, intentando además boicotear todas las actuaciones del programa AGUA. Bien lo sabe quien escribe estas líneas, que tuvo incluso que pedir amparo al Tribunal Constitucional para poder comenzar las obras de la desaladora de Torrevieja (actualmente en proceso de ampliación). La prueba de la inviabilidad del proyecto del trasvase del Ebro es que el PP no retomó dicho proyecto cuando volvió al gobierno, a partir de 2011.

La demagogia ha acompañado también al trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que en su día propició expectativas sobredimensionadas: nunca ha podido aportar al Levante la cuantía de recursos hídricos prevista cuando se inauguró, a causa del paulatino descenso de las precipitaciones en la cabecera del Ebro, hoy mucho más amenazadas como consecuencia del cambio climático.

En particular, el PP intenta una y otra vez atribuir a los gobiernos socialistas la perversa voluntad de cerrar el grifo de este trasvase y de condenar a la miseria a miles de agricultores. Nada más falso, ahí están los datos: la aportación desde la cabecera del Tajo a la Cuenca del Segura sólo se redujo a cero –nada menos que once meses– durante el gobierno de Rajoy. No recuerdo grandes manifestaciones en Madrid en aquel periodo.

Por el contrario, el establecimiento de un caudal ecológico en el Tajo –obligatorio según la normativa europea y objeto de varias sentencias judiciales–, mereció una dura campaña contra el actual gobierno, a pesar de que la correspondiente reducción del agua trasvasable se producirá gradualmente, acompasada al conjunto de actuaciones ya comprometidas para evitar efectos negativos sobre el regadío.

Último ejemplo: la Junta de Andalucía pretende engañar a los agricultores del entorno de Doñana, prometiéndoles un agua en absoluto garantizada… para los regadíos ilegales.