CCOO y UGT reclaman más transparencia para el seguimiento, control y posterior evaluación de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030 por parte de las CCAA

Ambas organizaciones valoran positivamente algunos avances incorporados en el nuevo Plan, especialmente la introducción de mecanismos de condicionalidad vinculados al cumplimiento de la Ley por el Derecho a la Vivienda, el blindaje del carácter permanente de la vivienda protegida y la creación de sistemas comunes de información y seguimiento. No obstante, consideran imprescindible reforzar los mecanismos de transparencia, evaluación y control sobre la gestión de los fondos públicos por parte de las Comunidades Autónomas.

El nuevo Plan movilizará 7.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, financiados en un 60% por el Estado y un 40% por las CCAA. Sin embargo, para CCOO y UGT esta dotación sigue siendo insuficiente para afrontar la actual crisis de acceso a la vivienda que afecta a millones de personas trabajadoras.

Los sindicatos recuerdan que España continúa muy por debajo de la media europea en inversión pública en vivienda y reiteran la necesidad de alcanzar, al menos, el 1% del PIB anual destinado a políticas públicas de vivienda. Los sindicatos advierten de que la experiencia del anterior Plan Estatal de Vivienda evidencia importantes problemas de ejecución en numerosos territorios. Casos como el Bono Alquiler Joven, cuya tramitación llegó a acumular retrasos de hasta dos años en algunas comunidades autónomas, demuestran la necesidad de establecer mecanismos más eficaces de supervisión y rendición de cuentas.

Por ello, CCOO y UGT consideran positivo que el nuevo Plan incorpore un seguimiento permanente de su implantación territorial y una evaluación pública periódica de su impacto social. Por ello, solicitan que se desarrollen mesas de diálogo a nivel autonómico. En este sentido, destacan el papel que deberá desempeñar el Consejo Asesor de Vivienda como espacio de control, evaluación y formulación de recomendaciones sobre el cumplimiento de las condicionalidades y objetivos sociales del Plan.

Asimismo, ambas organizaciones reclaman al Gobierno un paquete adicional de medidas normativas y administrativas orientadas a mejorar la transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a vivienda, garantizar la correcta ejecución de los programas y evitar situaciones de bloqueo o inacción institucional.

Para CCOO y UGT, la vivienda constituye un pilar esencial del Estado del Bienestar y un derecho social básico que no puede quedar condicionado por disputas competenciales ni por la falta de voluntad política de determinados gobiernos autonómicos. Por ello, consideran necesario que el Estado refuerce sus capacidades de coordinación, evaluación y, en su caso, corrección de desviaciones en la ejecución del Plan.

Los sindicatos reafirman así su compromiso con el derecho efectivo a una vivienda digna, asequible y adecuada para la mayoría social, y exigen a todas las administraciones públicas responsabilidad y determinación para garantizar que el nuevo Plan Estatal de Vivienda tenga un impacto real y transformador sobre las condiciones de vida de la ciudadanía.