Opciones para sortear el veto del Senado al déficit: de reformar la ley a no hacer nada

Los presupuestos de 2024 acumulan ya un importante retraso sobre el calendario oficial, lo que hace inevitable la prórroga de los de 2023, aunque el Gobierno espera que sea por poco tiempo: las instrucciones para elaborar las nuevas cuentas ya están aprobadas y la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, pretende que estén en vigor en el primer trimestre.

Antes de la presentación del proyecto presupuestario, el Gobierno tiene que diseñar una senda de estabilidad -que según avanzó a Bruselas en octubre pasa por bajar el déficit al 3 % del PIB en 2024- y proyectarla en el techo de gasto, que es la primera pieza para la confección de las futuras cuentas.

De acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria, esta senda tiene que enviarse a las Cortes para su aprobación en ambas cámaras y es aquí donde el Gobierno se encuentra un gran obstáculo: el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y no parece dispuesto a avalar los objetivos de déficit.

Esta capacidad de veto del Senado es singular, ya que la ley impulsada en 2012 por el PP no prevé que el Congreso pueda levantar ese veto, como ocurre con el resto de las leyes.

Se usó por primera vez en 2018, poco después de la moción de censura, cuando el PP aprovechó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para devolver al Gobierno la senda de déficit para 2019.

En ese momento, el Gobierno recurrió a los últimos objetivos aprobados para elaborar las cuentas de 2019, pero esa opción está descartada en este momento, ya que no hay senda aprobada porque las reglas fiscales llevan suspendidas desde 2020.

Por el momento, el Gobierno no ha desvelado cómo prevé resolver ese bloqueo en caso de que se produzca y mientras la portavoz, Pilar Alegría, ha apelado a la colaboración del PP, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido de que se va «a reformar desde el Congreso lo que sea necesario para impedir que el Senado se convierta en una cámara de bloqueo».

¿Qué opciones hay?

Reformar la ley de estabilidad

Tras el veto de 2018 y con el objetivo de que no volviera a ocurrir, el PSOE impulsó en 2020 una proposición de ley para modificar la ley de estabilidad presupuestaria y permitir que el Congreso levantara el veto del Senado, pero su tramitación nunca pasó de la Comisión de Hacienda del Congreso y decayó con la disolución de las Cortes en 2023.

Retomar esta opción podría ser una de las vías más lógicas para salvar el escollo, pero la ley de estabilidad es una ley orgánica, lo que implica que incluso aunque se logre la mayoría necesaria para ello en el Congreso (mayoría absoluta, 176 votos), llevaría algún tiempo cambiarla.

La opción más rápida es presentar la reforma como proposición de ley (por los partidos) para eludir los informes consultivos necesarios en un proyecto de ley (del Gobierno) y darle carácter de urgencia en el Congreso, lo que permitiría superar la Cámara Baja en un par de semanas.

Sin embargo, al ser proposición de ley y no proyecto, el Senado podría retirar este carácter de urgencia en virtud de la reforma del reglamento aprobada hace unas semanas, lo que le daría dos meses de plazo para su tramitación.

En caso de que el Senado planteara un veto a la reforma, el Congreso podría levantarlo.

Esto retrasaría todo el proceso presupuestario -tras la reforma habría que presentar la senda de estabilidad y después iniciar la tramitación de las cuentas-, que no culminaría al menos hasta mediados de 2024.

Senda de estabilidad sin aval de las Cortes

Una opción mucho más rápida sería, simplemente, presentar el proyecto presupuestario en base a una senda de déficit y deuda que no haya sido avalada por las Cortes.

En sentido literal, la ley de estabilidad establece que el Consejo de Ministros tiene que fijar una senda de estabilidad, llevarla a las Cortes -si el Congreso o el Senado la vetan, presentar una nueva- y, una vez aprobada, acomodar el proyecto presupuestario a esos objetivos.

Sin embargo, en ningún lugar dice expresamente que no se pueda presentar un proyecto presupuestario si esa senda de estabilidad no está aprobada por las Cortes. De hecho, es lo que han ido haciendo las comunidades autónomas con sus presupuestos en los últimos meses.