Seguro que más de una vez ha tenido que responder a un correo del trabajo mientras baña a sus hijos o cena en familia. O conectarse al correo de la empresa durante una escapada de fin de semana. Aunque la conciliación entre vida laboral y familiar se ha convertido en un concepto omnipresente, su aplicación genera el debate de si es un privilegio o un derecho.

Durante décadas, la gestión del patrimonio ha estado marcada por modelos y patrones que no siempre han contemplado las necesidades, prioridades o estilos de planificación de las mujeres. Hoy, en un contexto de mayor participación y liderazgo económico femenino, surge una oportunidad histórica para repensar cómo se toman las decisiones financieras y qué impacto tienen en el futuro.

Comprar una vivienda sigue siendo uno de los grandes hitos vitales para millones de españoles. Sin embargo, detrás de esa decisión se esconde una realidad compleja que no se vive igual en todo el país. El precio de la vivienda, la presión financiera mensual y el nivel de educación económica influyen de forma distinta según la comunidad autónoma.

Uno de los paraísos del capitalismo en su estado extremo tiene su sede: Argentina. No es el único emplazamiento, pero sin duda constituye una muestra muy elocuente de este neocapitalismo, bautizado como anarcocapitalismo, en el que se critica la intervención del Estado en economía, pero se recurre a ese Estado para todo lo que se adscriba a negociaciones de carácter privado. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, con la administración Trump. El planteamiento económico de Javier Milei es claro: él ha manifestado reiteradamente su admiración por los economistas austríacos y en particular por Friedrich Hayek. En un estudio publicado en 1931 (Precios y producción, este es el título), Hayek seguía defendiendo los preceptos básicos del patrón-oro, cuyas reglas, aplicadas a una economía en depresión a raíz del crac de 1929, demostraban un fracaso estrepitoso. La intervención pública no se contempla en ese análisis, y debe ser un mercado sin cortapisas lo que facilite el crecimiento de la economía, bajo la única vigilancia de la autoridad monetaria. En tal sentido, no ha lugar a una inversión pública que pueda generar déficit público, al tiempo que se contempla el salario como un precio más con el que “jugar”.

Desde hace varias décadas llevamos escribiendo, en este espacio virtual, sobre las desigualdades en el planeta. Lejos de mejorar, los datos confrontan que la situación ha empeorado. Según el Informe sobre la desigualdad global de 2026 del World Inequality Lab[1], la pobreza y la exclusión social se han institucionalizado. Tal realidad es consecuencia de un modelo financiero, fiscal y político que ha dado lugar a que el 50% más pobre disponga del 2% de la riqueza total y a que el 10% más rico sea poseedor del 75% de la riqueza mundial.

Hay días donde las noticias se agolpan sin minutos suficientes para digerirlas. Mucho más cuando parece que unas se contradicen a otras en la expresión de los valores que quieren mostrar. Como si se tratara de una partida de ajedrez donde los movimientos de cada jugador responden a un plan prefijado que pueden conducir a la victoria o al fracaso. Lo preocupante es que no estamos ante un juego sino ante la realidad y sus víctimas.

Si hace diez años nos cuentan que el Fiscal General del Estado iba a ser condenado por el Tribunal Supremo por filtrar determinada información (delito de revelación de secretos) a partir de un simple juicio de inferencia, que la esposa del Presidente del Gobierno iba a estar investigada durante casi dos años por parte de un Juez de Instrucción por un delito sin víctima (imputación que también se ha intentado con todo el entorno de la señora Gómez, incluyendo a todo un Delegado del Gobierno y a un Subsecretario), que el hermano del mismo Presidente del Gobierno iba a estar igualmente imputado por haber sido contratado por una Diputación Provincial por un modesto salario (a años luz del que percibe el Presidente de la CEOE), que la Presidenta del Consejo de Estado iba a ser considerada inidónea por una Sentencia del Tribunal Supremo o, en fin, que ese mismo Tribunal Supremo iba a modificar arbitraria e ilegalmente el régimen administrativo de los concursos de libre designación para impedir que el Gobierno efectúe ciertos nombramientos de funcionarios, no nos lo habríamos creído.

En la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez ha manifestado que "hoy es un gran día para la democracia", en referencia a la publicación de los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 desclasificados por el último Consejo de Ministros. "La transparencia es sinónimo de avance y de consolidación no solamente de la democracia, sino de la cultura democrática", ha señalado en su respuesta a la diputada Mertxe Aizpurua, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.