Datos recientes sobre desigualdad en España señalan que se ha reducido desde la pandemia de forma destacable. Se aprecia una mejora de las rentas más bajas: del 10% más pobre. Sus ingresos, que cayeron mucho desde la Gran Recesión, han crecido más que el resto en estos últimos años. La publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en su apartado de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), confirma una reducción de tres puntos (del 28,8% en 2016 al 25,7% en 2025; ver: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2025.htm). Un informe de Airef sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV; https://www.airef.es/wp-content/uploads/2026/02/SpendingReview-2022-2026-fase-2/SR2226F2_NDP_IMV.pdf) subraya que la prestación –a pesar de sus deficiencias, que Airef detalla– ha contribuido a reducir en un 30% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza. El impacto sobre la tasa de pobreza es de 9,5% y un 17% en el caso de la pobreza infantil: avances que, sin embargo, no permiten instalarse en la autocomplacencia. Otra variable es relevante: según la Comisión Europea, España destina el 25% del PIB (dato de 2024) a gasto en prestaciones de protección social (desempleo, familia, discapacidad, salud, exclusión social), frente al 27% de la media comunitaria. Es decir, igual que acontece con la política tributaria, España tiene márgenes para actuar y elevar ese porcentaje para atajar los problemas derivados de la vulnerabilidad social, a pesar del gran avance de las magnitudes macroeconómicas. La media de la presión fiscal sobre PIB en la Unión Europea –según la Comisión Europea– es del 40,4%; España está en el 37%, lejos de Francia (45%) o Bélgica (45%). Recaudación impositiva y gasto público tienen vasos comunicantes.
