CCOO exige al Gobierno que intervenga en la fijación de los precios de la energía y a la patronal que negocie necesarias subidas en los salarios

La inflación general ha crecido en agosto 7 décimas respecto al mes anterior y se sitúa en el 4,3% interanual. Esto supone “un duro golpe al poder adquisitivo de millones de personas trabajadoras, que pierden más de un punto porcentual de poder adquisitivo sobre el IPC de agosto”, según el sindicalista. Además, los precios disparatados de la vivienda no se contemplan en el cálculo del IPC, lo que agrava las economías familiares y pone en serias dificultades el acceso a bienes y servicios básicos.

El responsable exige al Gobierno que “más allá de las bonificaciones fiscales” al precio del combustible, gasoil y gasolina, “se debe intervenir en la fijación de precios de la energía”. Medidas como la excepción ibérica para controlar los precios del gas ya se mostraron exitosas, no solo para la economía familiar, también para el crecimiento económico.

CCOO emplaza a las patronales a retomar las negociaciones del AENC para fijar una política de retribución salarial que resuelva las desigualdades en las rentas de las personas trabajadoras. Fijar incrementos salariales entre el 4 y el 7% “refuerza la estructura de rentas del trabajo, favoreciendo el consumo interno, motor del crecimiento económico del país, explica Pacheco.

Es imprescindible que el Gobierno ponga a disposición de las diferentes unidades de negociación de los convenios colectivos, los datos desagregados del Observatorio de Márgenes Empresariales. “Es incomprensible la actitud deliberada del Gobierno de no facilitar esta información. La transparencia de los datos es una premisa necesaria para el equilibrio en las negociaciones con el fin de evitar un proceso de pérdida de poder adquisitivo que provoque la inflación de segunda ronda”, explica Javier Pacheco. Se deben controlar los márgenes empresariales “para evitar que no se repercutan los precios en los bolsillos de las familias”.

Por último, CCOO llama al Gobierno a cumplir los acuerdos en el marco del diálogo social, y apruebe urgentemente los Reales Decreto del registro horario y las nuevas reglas de compensación y absorción del SMI. “Evitar el fraude empresarial en el abono de las millones de horas extras no pagadas y evitar que las subidas del SMI sean neutralizadas por las empresas, repercute directamente en las personas con los salarios más bajos, que son las afectadas por estas prácticas empresariales”, concluye Pacheco.