El Gobierno refuerza la coordinación de las actuaciones para recuperar la normalidad en Ceuta

La situación en Ceuta es "extraordinaria" y la respuesta del Ejecutivo lo está siendo también, según ha defendido la portavoz. Saiz ha señalado que la actuación del Gobierno se ha desplegado en distintas fases, desde la seguridad y la colaboración institucional hasta la atención humanitaria, y que "esta nueva fase requiere reforzar todavía más la coordinación entre todas las autoridades y administraciones implicadas".

Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional celebrada esta mañana, el Ejecutivo ha aprobado la declaración relativa a Ceuta y ha constituido una autoridad funcional, conocida como "mando único", para coordinar las actuaciones. La autoridad le corresponde al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que contará para esta labor con un comité especializado con representación de la ciudad autónoma a través de su presidente, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno de Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia, todos los ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional. "Es una medida que permite que las capacidades del Estado y de todas las administraciones trabajen de manera coordinada y eficaz", ha manifestado Saiz.

Repatriación legal, respuesta humanitaria y recuperación económica de Ceuta

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha destacado que el Ejecutivo actuó de manera inmediata tras la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. En una primera fase, se logró que más del 90% de ellas regresaran a Marruecos, y desde entonces "la presencia del Gobierno de España ha sido permanente y constante en la ciudad de Ceuta", ha sostenido Ángel Víctor Torres.

El Gobierno -ha añadido- ha estado preparando la segunda fase, que se inicia ahora con la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional y la creación del órgano colegiado encabezado por el titular de Política Territorial. Torres ha detallado que las premisas de esta segunda fase son la devolución y la repatriación de "la mayor cantidad de personas, mayores y menores", siempre respetando el ordenamiento jurídico y el derecho superior del menor, que exige para su repatriación una serie de condiciones, a la vez que se trabaja en "la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados".

Otro pilar de la actuación del Ejecutivo es la recuperación económica y social de Ceuta, ha subrayado el ministro, quien ha apuntado que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se encuentra en Ceuta para reunirse con agentes sociales y económicos, tras abordar ayer con el presidente de la ciudad autónoma la ampliación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta. El propio Torres se desplazará hoy a Ceuta, donde mantendrá agenda los próximos días; el ministro, además, ha pedido comparecer el próximo jueves ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados.

Habilitación de espacios, fondos económicos y refuerzo de los efectivos

Ángel Víctor Torres ha explicado que en el Consejo de Ministros se ha presentado un primer informe de los distintos ministerios con las medidas adoptadas y las que se proponen realizar para recuperar la normalidad en Ceuta. Entre ellas, ha mencionado la habilitación de espacios para los migrantes; la aprobación de una partida de 25 millones de euros para la atención de menores no acompañados; la celebración de conferencias sectoriales; la respuesta sanitaria asistencial y de vacunación; el refuerzo de los efectivos de Interior, de Justicia, de Defensa, de Exteriores y de Política Territorial, y la activación de un plan de contingencia para proteger a las mujeres de la violencia sexual. El ministro ha avanzado, igualmente, que mañana se celebrará una reunión específica para preparar el comienzo del curso escolar en Ceuta.

El ministro ha recordado que en el verano del año 2020, en plena pandemia del COVID, llegó a haber cerca de 3.000 migrantes en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria; aunque no existían recursos estables para atenderlos y hubo que habilitar espacios de distintas administraciones, en noviembre de ese mismo año se recuperó la normalidad. Torres ha subrayado la lealtad del Gobierno de España con Ceuta y con los ceutíes: "Entiendo su situación porque procedo también de un lugar donde estamos acostumbrados a que haya también picos de llegada de inmigrantes". El titular de Política Territorial ha incidido, asimismo, en la defensa de los derechos humanos y ha condenado "cualquier xenofobia".

Impulso de las leyes de extranjería y asilo

El Consejo de Ministros ha abordado la elaboración de una ley de asilo y la reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El objetivo de ambas iniciativas es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en 2024.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que las realidades migratorias y de asilo de los Estados miembros son diferentes, por lo que concretar en la legislación española los reglamentos comunitarios requiere modificaciones legislativas.

En este sentido, se han elaborado dos anteproyectos de ley con un enfoque garantista, de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que, a su vez se conjuga con la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país. Este mismo enfoque, ha remarcado el ministro, "nos llevó a rechazar el reglamento de retorno a terceros países".

Ambos textos serán trasladados a los ministerios, instituciones y organismos competentes para que trasladen sus observaciones. El ministro confía en que, a la mayor brevedad posible, el Consejo de Ministros apruebe estas normas como proyectos de ley y los remita a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva.

Anteproyecto de ley de asilo

Fernando Grande-Marlaska ha argumentado que elaborar una ley de asilo de nuevo cuño permitirá incorporar de forma integral todos los preceptos de los reglamentos europeos relacionados con las personas solicitantes y beneficiarias de la protección internacional. Además, dotará de mayor claridad y seguridad jurídica a una materia hasta ahora dispersa en distintos reglamentos de la Unión Europea.

"Nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista, que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias, para lo cual se presta especial atención a las personas vulnerables, a los menores y por supuesto al mantenimiento de la unidad familiar, ha subrayado.

Entre los aspectos más relevantes de la futura ley, el ministro ha destacado que actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, incorpora de forma expresa realidades que ya venían siendo relevantes en la práctica, como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad, lo que mejora el abordaje de situaciones concretas de vulnerabilidad.

Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, la norma distingue entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado que ha de estar resuelto en tres meses.

Además, fija un nuevo procedimiento de frontera de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de doce semanas, durante las cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. Esta medida es una cautela, según ha concretado el ministro, que se aplica antes de que se autorice su entrada formal en el país y facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección.

Anteproyecto de ley orgánica de extranjería

El titular de Interior ha explicado que se reforma de forma parcial la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en aquellas materias que afectan a los derechos fundamentales para cumplir con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

La reforma incorpora la figura del triaje, que es el proceso de recogida de información de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin haber sido sometidas a los controles fronterizos. De entrada, este control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.

Fernando Grande-Marlaska ha recordado que, aunque el reglamento europeo permite que el procedimiento de triaje dure hasta siete días, en España seguirá siendo de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial. El objetivo es limitar al mínimo imprescindible es tiempo que la persona extranjera permanezca en las instalaciones policiales.

Sobre el procedimiento fronterizo de retorno, la reforma que impulsa el Gobierno incorpora los preceptos del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que impiden la entrada en territorio nacional de aquellas personas que llegan de manera irregular y no tienen derecho a protección internacional. El retorno debe ser ejecutado en un plazo máximo doce semanas.

Los solicitantes de protección internacional que vean rechazada su petición recibirán una notificación junto a la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país.

Registro estatal de grupos de interés

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto-ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los grupos de interés.

La portavoz del Gobierno ha indicado que esta norma tiene por objeto regular, en el ámbito de la Administración General del Estado y de su sector público institucional, la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia. La norma detalla quiénes tienen la consideración de grupos de interés, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla.

Elma Saiz ha añadido que este registro es obligatorio y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es. Ministerio de la Presidencia, el 25 de agosto de 2026.