Josep Mª Bertran de Quintana, el juez de los cementerios clandestinos de Cataluña durante la Guerra Civil

Nació en el seno de una familia de tradición militar bien relacionada con la burguesía catalana. Estudió en el colegio Sant Agustí de Barcelona y el bachillerato en el Institut Girona hasta 1897, año en que comenzó Derecho en la Universidad de Barcelona. Acabada la carrera, no solicitó el título hasta 1934; se dedicó a los negocios y residió en Francia y en México, donde fue secretario general de la Cámara de Comercio española hasta 1927.

Fue uno de los fundadores de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Y en la proclamación de la República catalana salió al balcón presidencial del Ayuntamiento de Barcelona junto a Companys, Garay y Opisso i Battestini, además de colaborar en la redacción del documento que leyó Macià desde el balcón del entonces Palacio de la Diputación.

Hombre de ideas progresistas, federales, pacifistas y laicistas, fue elegido regidor de la ciudad de Barcelona, desde donde llevó a cabo una importante tarea de mejora de barrios, cultura e investigación de las irregularidades económicas que se habían detectado en los ejercicios anteriores. Sin embargo, rodeado de compañeros sin experiencia política, como él, fue alejándose del partido por desavenencias internas y, según el propio Bertran, por la fascistización de los escamots, rompiendo definitivamente con la formación nacionalista en octubre 1933.

Es posible encontrar escritos suyos en la prensa catalana de la época (L’Opinió, El Diluvio, La Humanitat). Masón de la logia Lealtad entre 1932 y 1934, adquirió el rango de orador adjunto. Miembro y, más tarde, presidente del Comitè Català contra la Guerra (CCCG), se opuso a la construcción del monumento dedicado a los voluntarios catalanes de la Gran Guerra, proponiendo invertir las 60.000 pesetas del proyecto en becas para los hijos de los voluntarios.

En el CCCG entró en contacto y colaboró con Ángel Pestaña. Se afilió a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y al Partido Sindicalista (PS), colaborando en su prensa (El Sindicalista), mítines y diversos actos públicos entre 1935 y 1936.

Durante el golpe de Estado de julio en Barcelona, forma parte del Consejo Ejecutivo del PS que trata de coordinar a sus militantes y encabeza la asesoría jurídica del partido, dedicada a legalizar las incautaciones realizadas al calor de la revolución. A propuesta del partido, pocos días después fue elegido miembro de la Oficina Jurídica de Girona, cargo que ocupó hasta noviembre de 1936. Entonces fue nombrado juez y magistrado titular del Juzgado Popular Local de Barcelona nº 15, pasando más tarde a la presidencia del Tribunal Industrial de Barcelona.

En mayo de 1937 fue el responsable de abrir un sumario, llamado 'de los cementerios clandestinos', para investigar y descubrir los crímenes cometidos en la retaguardia catalana durante los meses revolucionarios, lo cual le comportó asumir un importante papel como juez preocupado por la aplicación de la Ley. Fue un trabajo que enseguida dio buenos resultados, en un momento en que la Generalitat y la República se esforzaban por recuperar el control político arrinconando a la CNT y colocando al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) fuera de la ley, mientras en el plano internacional se pretendía mejorar la imagen de la España leal.

Se abrieron fosas en Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixach, El Prat de Llobregat, Sitges, Les Corts, Tarrassa, Vilanova i la Geltrú, Olot, Barcelona, l’Escala y catorce municipios más. El problema surgió cuando se demostró que los crímenes salpicaban también a las otras organizaciones políticas antifascistas; el punto de inflexión fue la detención de 5 militantes del PSUC, uno de ERC y otro de Estat Català, junto a otros del POUM y de la CNT, relacionados con los asesinatos de Sitges.

Hombre incómodo, pues, su labor concluyó en diciembre de 1937 con el siguiente balance: pese a haber exhumado a 2073 víctimas, los casos pasaron a los tribunales populares, los cuales absolvieron al 94% de los imputados; sólo procesaron a 175 personas, de los cuales encarcelaron a 128, absolvieron a 32 y pusieron en libertad condicional a 15 (Dueñas, Solé, 2012: 119). Unas cifras vergonzantes para los antifascistas y, más tarde, demasiado cortas para los vencedores.

Bertran volvió a su puesto de presidente del Tribunal Industrial de Barcelona, pero el estrés y el cansancio le provocaron astenia y bronquitis crónica, por lo que tuvo que dejar la actividad. Su participación política en la República le supuso el exilio a Francia, donde entró en enero por Le Pertús para dirigirse a Saint-Sulpice (Midi-Pyrénées), donde pudo sobrevivir un tiempo dando clases de castellano. Con la guerra europea fue llevado al campo de prisioneros de Vernet d' Ariège (Tarn) y después al de Noé (Haute-Garonne), hasta terminar en el sanatorio de La Guiche por haber contraído la tuberculosis. En 1942 pasó a México, donde la salud no le acompañó y apenas pudo trabajar, teniendo que solicitar numerosas ayudas a las organizaciones republicanas del exilio. Murió el 5 de febrero de 1960.

Información extraída del libro de Oriol Dueñas y Queralt Solé titulado El jutge dels cementiris clandestins: Josep Maria Bertran de Quintana, 1884-1960 (Barcelona, Gregal, 2012), así como de informes internos de la Federación Catalana del PS depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica.