El ingreso mínimo vital y el estado del medioestar

De hecho, aunque algunas como Euskadi, Navarra, Aragón o Asturias han desarrollado un sistema de rentas mínimas muy por encima de la media, sin embargo la mayoría estaban a la llegada de la pandemia en el tramo más bajo, tanto en accesibilidad como en cobertura.

Los salarios sociales de las CCAA y las rentas mínimas estatales compartían algunos de sus principales problemas como su falta de coordinación e integración en una misma estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión, una gestión en exceso burocrática, los grandes vacíos de cobertura de las prestaciones económicas y la falta de agilidad de entrada y de salida para la recepción de las mismas.

La más reciente subdivisión de la pobreza en distintas pobrezas, sean éstas infantil, habitacional o energética, con diferentes prestaciones para cada una no siempre coordinadas entre sí, si bien han supuesto respuestas obligadas al dramatismo de la coyuntura, tampoco han favorecido la deseada coordinación.

Por otra parte, la precariedad y temporalidad del trabajo ha demostrado, frente al discurso neoliberal, que disponer de un trabajo no es una garantía frente al riesgo de pobreza y de exclusión social.

El ingreso mínimo vital se ha configurado así como un nuevo pilar del estado del bienestar, el primero que sucede a la ley de atención a la dependencia del gobierno de Rodríguez Zapatero cuyas principales debilidades han sido la presupuestaria, junto a la insuficiencia en el desarrollo de los servicios públicos profesionales y su instrumentalización para la confrontación política, a pesar de haber contado con un amplio consenso en su aprobación inicial.

Una instrumentalización que corre el riesgo de reproducirse en cada evaluación periódica del ingreso mínimo vital, con la polarización entre los que ven el vaso medio lleno frente a los que lo ven medio vacío, dificultando la necesaria crítica constructiva y cooperación entre administraciones en una competencia compartida.

Porque la puesta en marcha del ingreso mínimo vital junto con el resto de lo que se ha dado en llamar escudo social, es preciso reconocer que solo ha podido paliar el alto nivel de pobreza existente, el impacto de la pandemia y la repercusión de la actual escalada de precios, en particular de la energía y los alimentos básicos, sobre las rentas más bajas.

Después de un tiempo de rodaje, primero como decreto y como ley desde Enero de 2022, seguimos aún lejos de los objetivos iniciales y de los recientemente formulados por el propio ministerio, aunque el haber llegado ya a un millón de personas cubiertas y a casi trescientas mil familias es sin duda un logro muy importante que también se debe valorar.

En todo caso, hay que destacar que se trata de una ley que está siendo sometida a evaluación periódica y en consecuencia a una dinámica de corrección continua para mejorar su cobertura y su efectividad. La última de ellas realizada en el marco del convenio firmado por el INSS, la agencia Tributaria y la AIReF en la que se reconoce que 'aunque ha desplegado solo una parte de sus posibilidades, el IMV tiene potencial para convertirse en el principal instrumento de lucha contra la pobreza'.

'Ha llegado a 284.000 hogares con el 56% de su presupuesto, pero podría cubrir a 700.000 hogares si estuviera plenamente implementado, con un coste anual de 2.800 millones'. En resumen: su cobertura se ha incrementado paulatinamente, pero todavía es insuficiente, y lo es por diversas razones tanto por las exigencias de la normativa de desarrollo de la propia ley, de su gestión por parte de la administración, como de la complejidad y las características propias del problema social de la pobreza y de sus destinatarios.

Lo más llamativo en esta evaluación es el desconocimiento del ingreso mínimo entre los que más lo necesitan, a pesar de los esfuerzos realizados por la administración por acercarse a sus ambientes y para remover sus condicionantes. En concreto el estudio reconoce que hay cuatrocientos mil hogares que pudiendo recibir el IMV todavía no lo han solicitado.

En otros casos, todavía se desconoce o existe confusión sobre su posible compatibilidad con otras rentas de inserción social. El rigor de los criterios iniciales para el acceso al ingreso mínimo vital ha sido uno de los problemas y no menor.

Por otra parte, las dificultades de una gestión de la administración, inicialmente basada en la cultura de la desconfianza hacia los posibles beneficiarios, también lo ha retrasado, aunque se hayan ido removiendo con las últimas modificaciones.

Para ello, se han incorporado como gestoras a las propias ONGs que trabajan en el ámbito de la pobreza y la exclusión.

Entre otros factores, influye el estigma todavía existente entre las personas que reciben este tipo de rentas mínimas. De hecho, todavía hay partidos políticos, que han hecho de las que califican peyorativamente como 'paguitas' una parte fundamental de su discurso de aporofobia. Todo ello, cuando se ha demostrado que al igual que se entra en el ingreso mínimo también se puede salir con las adecuadas políticas de integración social y laboral.

En este sentido, la información pública sobre los datos de la evaluación así como la participación de las organizaciones y personas afectadas, son aspectos importantes a mejorar. También lo es la cultura de evaluación, tanto entre las fuerzas políticas y en los medios de comunicación, frente a la polarización populista.

Mucho ha sido lo avanzado, aunque sea otro tanto lo que queda por hacer.