La memoria democrática y la sombra de los secretos oficiales

En ella se establecen cuatro niveles en la clasificación de los documentos oficiales de acuerdo con su importancia para la seguridad del Estado, pasan a depender de la presidencia del gobierno y se pone en marcha el órgano destinado a proponer las mencionadas desclasificaciones, así la ley establece una Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, cuya decisión final estará en manos del Consejo de Ministros y a la junta de jefes del Estado Mayor.

Sin embargo, como han dicho los grupos parlamentarios más activos en su demanda durante los últimos años: el PNV, Bildu, Unidas Podemos y Más País entre otros, su contenido ha sido decepcionante en lo fundamental, tal y como es el plazo desmesurado de medio siglo prorrogable que se establece para los clasificados como altos secretos. Con estos plazos, el argumento de la homologación de los contenidos y plazos de la ley con la legislación de la Unión Europea y de la OTAN no se sostiene.

Por el momento se desconoce si contará con la participación de la comisión parlamentaria de secretos oficiales y gastos reservados.

La oposición conservadora se ha quejado sin embargo de haber sido ignorada una vez más en una materia que considera un asunto de Estado, así como de la pérdida de control en la mencionada clasificación y desclasificación del ministerio de defensa en favor del ministerio de presidencia, lo que interpreta como una evidente politización. Al parecer los secretos oficiales son para la derecha un asunto de Estado pero para nada una cuestión política y parlamentaria, lo que da que pensar.

La ley actualmente vigente fue promulgada en 1968 en plena dictadura, con la finalidad de dar garantías de impunidad a lo largo del resto de su vida los responsables de los crímenes y las torturas más execrables. Una ley de auto amnistía por parte de la dictadura franquista. Solo en la transición se produjo una modificación puntual menor de la misma.

Pese a este origen, los sucesivos gobiernos y en particular los gobiernos del PSOE han sido incapaces durante más de cuatro décadas de democracia de aprobar un nuevo texto para responder con él a las reiteradas peticiones de los investigadores y a las sucesivas iniciativas de los grupos parlamentarios. Con ello, la razón de Estado se ha impuesto a la razón democrática.

Este ha sido uno de los puntos más débiles primero de la ley de memoria histórica y ahora de la nueva ley de memoria democrática y en general de la transparencia democrática: el acceso de los investigadores a los documentos clasificados sobre los hechos históricos recientes más trascendentales, tanto del periodo del franquismo, como de la Transición, del intento de golpe del 23F, la guerra sucia contra ETA, la entrada en la OTAN y del papel de los servicios secretos.

Por eso, resulta incomprensible que el periodo establecido de cincuenta o más años suponga mantener el veto de hecho al conocimiento de los documentos de todo tipo sobre esos acontecimientos históricos, al menos hasta el final de la vida de sus protagonistas. Una sombra inaceptable sobre la transparencia de una democracia de calidad como la nuestra.