Espionaje: primero explicaciones y en su caso responsabilidades

Todo un contrasentido lógico, el que supone pedir responsabilidades políticas al máximo nivel, sin que se haya recibido la información sobre los casos de espionaje y sin que se haya abierto siquiera la pertinente investigación. Cuando además el gobierno ha comprometido al gobierno catalán una investigación exhaustiva y como consecuencia el Parlamento ha puesto en marcha la comisión de gastos reservados para dar a conocer, preservando el carácter de secreto, sus conclusiones. Las responsabilidades no pueden ni deben ser preventivas.

Porque el espionaje existe, también en democracia y entre democracias. El problema surge cuando se hace por parte de nuestros servicios secretos, fuera de la prevención o persecución de delitos y sin garantías judiciales. También cuando la intromisión externa es contra el gobierno. La empresa proveedora de Pegasus afirma que solo lo venden a países amigos, se supone que amigos de Israel, y que junto con el veneno te venden el antídoto, algo que al parecer tampoco ha funcionado.

Es decir, deben investigarse tanto las condiciones en que se ha podido promover el espionaje a más de medio centenar de personas del ámbito independentista, como las razones de que no se haya podido evitar el espionaje de miembros del gobierno y del Presidente por parte de un organismo ajeno.

La reacción de los independentistas catalanes, como primeros afectados por la intrusión, ha sido exigir la responsabilidad al máximo nivel de la ministra de defensa, no se conforman con menos. Todo ello, junto a la constatación de la desconfianza, la interrupción de las relaciones y la amenaza de ruptura si no se aceptan sus condiciones. En resumen, apelando de nuevo al Procés y en este caso al España nos espía, los independentistas convierten de hecho la comparecencia de la ministra de defensa prevista y la posterior información de la directora del CNI a la comisión de gastos reservados en papel mojado, y con ello ponen muy difícil el obtener alguna satisfacción a sus exigencias, abriendo la vía a convertir las convulsiones puntuales, hasta ahora debidas a cuestiones de oportunidad política, en un final de legislatura convulso, facilitando con ello la alternativa de la coalición de la derecha y la ultraderecha. Algo incomprensible.

En cuanto a quienes forman parte de un mismo gobierno, el primer paso debería haber sido compartir la información dentro del Consejo de Ministros, para a continuación trasladarla al parlamento y en su caso denunciar el caso ante la justicia. Sin embargo, los hay que a priori se suman al escándalo y la exigencia de responsabilidades, mientras la otra parte cierra filas en torno a la ministra de defensa y niega con el argumento del secreto una comisión de investigación específica para los casos de espionaje.

Aunque, por fortuna, si es que hay una ley de hierro de este peculiar modelo de gobierno compartido, al menos hasta ahora, es el principio del respeto al reparto de competencias y ministerios y la autonomía en los nombramientos, y se entiende que también en los hipotéticos ceses, de los ministros nombrados por cada socio de la coalición. Al menos así se ha comprobado en la última remodelación.

Es cierto que cualquiera que haya estado en la comisión de gastos reservados sabe que en ella habitualmente difícilmente se comparten secretos de Estado, como tampoco en una comisión de investigación con unos comparecientes mudos obligados por el deber de secreto. En todo caso, todos los grupos tienen el mismo derecho a participar, tanto los independentistas y sus decisiones unilaterales, como los que han obstruido a la justicia y utilizado a la policía afín en sus casos de corrupción.

La sorpresa ha saltado con el reciente vuelco del guión, cuando resulta que la acusada, a la que se piden responsabilidades como máxima responsable del espionaje, resulta haber sido al tiempo espiada junto al presidente del gobierno. Entonces es cuando entran en escena los que callaron o aplaudieron ante las noticias del espionaje en que el objetivo eran los independentistas, para ahora pedir cuentas de los casos de espionaje al gobierno, por lo que ellos denominan un fallo clamoroso de seguridad en el que paradójicamente incluyen el haber hecho pública la noticia del espionaje. Un sindiós.

Con estos prolegómenos, las comparecencias corren el riesgo de ser solo el escenario de los respectivos relatos. Entre un gobierno que espía y un gobierno espiado. Esperemos que se entienda que el interlocutor es sobre todo la ciudadanía y el derecho de todos a la privacidad y al secreto de nuestras comunicaciones.

En cuanto a las responsabilidades es probable que no lleguen tan alto como a priori se pide. Ni por la crítica situación internacional con la guerra de Ucrania, ni por su repercusión en la situación europea y española ni por los propios equilibrios internos del gobierno. Por último, relacionar el espionaje con la inestabilidad del gobierno, como hace la derecha, es legítimo. Lo mismo que lo es el ligar las convocatorias electorales adelantadas en las CCAA gobernadas por los conservadores con la crónica inestabilidad de las alianzas entre la derecha y la ultraderecha. La norma hoy es la incertidumbre y la inestabilidad.