El pacto social y la democracia participativa

Desde que no cambia nada y por tanto no era necesario, hasta que lo cambia todo y por tanto provocará la quiebra de las empresas, que para algunos sigue siendo el objetivo último de un gobierno de la izquierda radical. No se explica entonces el apoyo de la patronal, de los sindicatos, de la Comisión Europea y hasta del Eurogrupo, considerándolo además como un ejemplo a seguir por parte del resto de los gobiernos y agentes sociales de la Unión Europea. Por si esto fuera poco, la polémica votación en el parlamento nos ha dado la oportunidad de adentrarnos en el terreno intrincado de la política de pactos, la vinculación entre los diputados y sus partidos y los procedimientos, las garantías en las votaciones telemáticas amparados por el Reglamento y el sin duda más morboso de los errores de los diputados y su posibilidad de rectificación.

También hemos podido escuchar en el pleno las variadas razones esgrimidas por los grupos parlamentarios para rechazar el fruto de la concertación social, razones que van desde unos contenidos insuficientes o innecesarios a un trágala inaceptable y una señal más, junto al estado de alarma, del ocaso del papel central del parlamento en la democracia, llegando incluso a la personalización del rechazo en la vicepresidenta y posible candidata Yolanda Díaz.

Lo de analizar en el contenido es otra cosa, pero casi nadie ha entrado a desbrozar las luces y también las sombras de las cincuenta y tantas páginas del decreto aprobado, objeto de una amarga convalidación por parte del Congreso de los Diputados, por contra un dulce para la agitación de la antipolítica populista. Poco se ha hablado de las medidas para sustituir empleo precario y temporal por un empleo digno y contrato fijo, para mejorar la formación y los salarios y para equilibrar la relación entre empresarios y trabajadores. Un modelo laboral a la altura de una recuperación económica más social, digital y sostenible.

Tampoco es la primera vez en que el Congreso de los Diputados da de paso, sin más modificaciones, a un pacto entre patronal, gobierno y sindicatos. Unos acuerdos que forman parte desde sus inicios con los Pactos de la Moncloa de la identidad de la democracia española y que se han combinado con los acuerdos bilaterales a lo largo del periodo democrático, primero floreciente en la Transición y luego declinante con las políticas neoliberales y la austeridad. Tales acuerdos no suelen someterse a modificaciones parlamentarias ni por tanto al trámite de enmiendas, a riesgo de romper ese delicado equilibrio logrado a lo largo de meses por sus protagonistas. Cuando muchos echan de menos los procedimientos de la democracia participativa para complementar los vacíos de la democracia representativa, suelen olvidarse de la concertación social y de los sindicatos y las organizaciones empresariales y de autónomos. Sin embargo, la Constitución española entre sus primeros artículos incluye el papel de los agentes sociales.

Por eso en su momento se descartó como poco recomendable la opción de imponer de nuevo a las partes la derogación total de la reforma y sin contar además con la aprobación de Bruselas. La negociación y un acuerdo tripartito tiene resultados más seguros, con más garantía en su desarrollo y con más perspectiva de futuro, pero tiene también sus servidumbres, entre otras las concesiones en las posiciones de principio de cada uno de los negociadores.

Nos llenamos la boca llamando al diálogo y los acuerdos, pero cuando éstos se producen los descalificamos o echamos de menos no poder modificarlos. Cuando la modificación de una coma puede cargarse un pacto social, lo mejor en democracia es no trastocarlo. Hubo y hay la posibilidad de incorporar medidas complementarias que no cuestionen lo acordado en otras leyes, pero no se quiso. El fuero o el huevo.

Lo cierto es que lo ponemos tan difícil que no me extraña el carácter excepcional del pacto en la política española. Cuando no se impugna a los negociadores, se cuestiona el procedimiento para su adopción, para su aplicación, y si no se impugna el resultado, para a continuación acusar a la política de polarización y de incapacidad para el acuerdo. Lágrimas de cocodrilo.