La vivienda como derecho ciudadano

Queda por delante un largo proceso parlamentario, que aunque por la vía de urgencia, dilarará su posible aprobación hasta bien entrado el próximo periodo de sesiones de otoño, todo si entre tanto no ocurre ningún nuevo imprevisto que la retrase.

La ley trata de hacer efectivo el derecho ciudadano a la vivienda, en la línea de lo contemplado para los derechos sociales o principios rectores en nuestra Constitución, algo que ha tardado décadas de democracia en desarrollarse legalmente y que también viene siendo motivo de crítica debido a la debilidad del mandato para los poderes públicos, en contraposición a los derechos fundamentales cuyo efectivo cumplimiento puede ser reclamado ante los tribunales de justicia. De hecho, al igual que el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, es hoy por hoy una de las necesidades no cubiertas, sobre todo para una parte de la población con escasos recursos y en particular para los jóvenes en el comienzo de su vida activa para los que se ha convertido en algo inasequible, y por tanto que se ha quedado en un enunciado que ha contado con un escaso cumplimiento por parte de los poderes públicos.

Todo ello contrasta con la existencia de un buen número de viviendas desocupadas en zonas determinada de nuestro país, pero con la concentración de la menor oferta y de los mayores precios de los alquileres sobre todo en las ciudades, precisamente en las zonas más dinámicas donde se encuentran los principales nichos de empleo que condicionan los proyectos de vida de los jóvenes. Se trata por tanto del reflejo de un derecho social de primera necesidad, sometido hasta ahora a la imposición interesada y desigual de la lógica del mercado.

Las prioridades, los temas conflictivos y los intereses contrapuestos se han ido manifestando a lo largo de su accidentada elaboración del proyecto de ley y seguramente la acompañen hasta su definitiva aprobación. Estos van desde la limitación a los precios de alquiler a los grandes propietarios en las denominadas zonas tensionadas de las principales ciudades, en función de unos criterios concretos que aplicarán las CCAA, a los estímulos fiscales junto a la vinculación al IPC en la evolución del resto de alquileres y al recargo del IBI en viviendas vacías desocupadas, hasta el freno a la liberalización y la consolidación del parque público de vivienda y la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. En definitiva, constituye lo que se ha dado en llamar el quinto pilar del estado de bienestar.

Todo ello con el complemento del decreto del plan estatal para el acceso a la vivienda para el periodo 2022 a 2025 aprobado recientemente ,que contempla el bono para lo jóvenes, las ayudas al alquiler a personas vulnerables y el aumento del parque de viviendas de alquiler social con un importante presupuesto anual a cofinanciar con las CCAA.

La limitación a los precios del alquiler en las denominadas zonas tensionadas fue el escollo fundamental en el debate entre el PSOE y UP, finalmente alcanzado con su aplicación diferida a grandes tenedores de vivienda, mientras la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces ha acusado al Ejecutivo de invadir competencias autonómicas en su dictámen, dando argumentos de enmienda a los nacionalistas y de recurso de constitucionalidad a los grupos de la derecha, en contraste con el primer borrador del sector progresista que avalaba la iniciativa. Una injerencia del órgano en materia constitucional que en realidad no le correspondía y que no mejora su imagen de parte ante la ciudadanía.