La venganza de Carlos Lesmes

Es preciso recordar que la composición del CGPJ hace ya mucho tiempo, más de tres años, que debería haber sido renovada, y que por tanto, si no con su dimisión, hubiera parecido lógico un mínimo de prudencia de sus componentes en favor del consenso entre las sensibilidades enfrentadas y muy en particular por parte de la sensibilidad más conservadora, cuando ésta se encuentra claramente sobrerrepresentada en relación a la actual mayoría parlamentaria.

Hasta ahora ha sido habitual, dada la composición del órgano, que la mayor influencia conservadora se desvelara en los nombramientos al frente de los tribunales de los miembros más cercanos a las asociaciones conservadoras, hasta el punto de que el empecinamiento provocara que el Congreso de los diputados haya procedido recientemente a la modificación de la ley para impedir nuevos nombramientos cuando su mandato se encuentre como ahora caducado. Sin embargo, lejos de cualquier moderación, la respuesta ha sido la escalada en base a la imposición de una mayoría espuria, hasta el extremo que la confrontación con el gobierno ha llegado incluso a los propios dictámenes, que si bien tienen carácter preceptivo no tienen carácter vinculante. Sin el mínimo gesto de distensión que rebajarse el clima de hostilidades.

Muy por el contrario, además de la desautorización del informe y la humillación del ponente del sector progresista caracterizado de ideológico, como si la política de vivienda de un gobierno fuese solo una cuestión técnica, la mayoría ha provocado el retraso en la aprobación de la ley de vivienda en el Consejo de ministros previsto, en base a unos argumentos que cuestionan su constitucionalidad, tanto por una interpretación tan restrictiva del derecho a la vivienda como extensiva de la propiedad privada, así como por la posible invasión de las competencias autonómicas, precisamente en la cuestión que políticamente ha sido más discutido entre los partidos del gobierno, como es la limitación del precio de los alquileres en las zonas más tensionadas. Nada hubiera impedido con un poco de buena voluntad un dictamen de consenso que sin el trazo grueso del rechazo, matizara las debilidades y las propuestas de mejora técnica del texto legal, reforzando con ello su función jurisdiccional.

Sin embargo, el CGPJ ha aprovechado una ley considerada prioritaria por los partidos de gobierno para obstruir su tramitación, dar un golpe de efecto frente al gobierno de la izquierda, e incluso para intentar introducir una cuña en su base de apoyo parlamentario con nacionalistas e independentistas, al tiempo que proveer de argumentos a la oposición para el debate y para la más que probable presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Con ello, el CGPJ se acerca peligrosamente al nivel de alineamiento con la estrategia de deslegitimación de la oposición conservadora y como consecuencia del desprestigio institucional del Tribunal Constitucional en sus últimas sentencias sobre el estado de alarma. Una pena, que los órganos institucionales se sumen al clima populista y se reduzcan a ser solo una parte de la oposición.