El apocalipsis según la derecha

Así, unos hablan de asalto al Tribunal Constitucional, cuando no lisa y llanamente de golpe de Estado, de autoritarismo o de deriva totalitaria, nada más y nada menos, banalizando términos tan graves por mor de la hipérbole y de la degradación del adversario como enemigo, propias del populismo.

Todo ello como consecuencia del último intento del gobierno de desbloquear mediante las correspondientes reformas legales la renovación del Tribunal Constitucional, después cumplir con su obligación de designar los dos miembros que le competen y de esperar inútilmente a que el Consejo General del Poder Judicial cumpliese con su cuota parte. Se trata tan solo de un cambio en la mayoría exigible que garantiza una designación plural en el CGPJ así como la agilización del trámite para la  incorporación automática de los designados al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, son los mismos que no dicen nada con respecto a la actitud de franca rebeldía ni critican la estrategia de secuestro de los órganos constitucionales del Estado por parte de la mayoría de la derecha en el Consejo del Poder Judicial, incumpliendo con ello tanto el mandato Constitucional de renovación parcial del tribunal de garantías, como el plazo legal aprobado por el Congreso de los Diputados.

Los componentes de la mayoría conservadora del Consejo, al igual que vienen haciendo sus homólogos en la derecha de las asociaciones judiciales, de los partidos del parlamento y de los medios de comunicación con respecto a la renovación del CGPJ, han venido utilizando todo tipo de excusas para dilatar el nombramiento de su cupo para bloquear así la renovación de los que ya ha designado el gobierno, doblegar al candidato del sector progresista e impedir con ello, después de más de una década, el cambio de mayorías del tribunal constitucional.

Ahora que se acerca la votación final de las mencionadas reformas, la mayoría conservadora en uno y otro órgano se apresuran a convocar los plenos respectivos para impedir su aplicación, con la ayuda desinteresada de algún eximio dirigente del Partido Popular.

Estos heraldos del apocalipsis ni siquiera se inmutan ante el hecho de que los miembros del órgano de gobierno del poder judicial y del TC que realizan estas oscuras maniobras las lleven a cabo estando en funciones, cuando se ha agotado con creces el periodo de vigencia del actual CGPJ y de una parte del TC por su empecinamiento en mantener una mayoría espuria y en continuar monopolizando la mayoría de los nombramientos de los principales órganos judiciales e influyendo en las sentecias del TC a pesar de los cambios legales. Todo para hacer oposición política al gobierno de coalición.

Y es que en realidad este es el único poder judicial que a estas alturas les interesa, ya que el de instruir y juzgar, que es el único que les atribuye la Constitución democrática, lo consideran insuficiente y vulgar (como un servicio público más) para sus grandes merecimientos, y por eso actúan como la justicia del antiguo régimen. Porque, por si esto no fuera poco, tienen la pretensión de ostentar un estatus de control del resto de las instituciones democráticas y de garantía de la permanencia y la unidad del Estado, algo que constitucionalmente tampoco les corresponde.

Todo ello, debido a que son cada vez más numerosos los que en el seno de la derecha populista hace tiempo que no reconocen la legitimidad del gobierno de las izquierdas ni mucho menos de su mayoría parlamentaria, salida primero de una moción de censura dentro de la legalidad y confirmada luego en las elecciones generales y en la sesión de investidura.

Por otra parte, son asimismo los mismos que hablan del escándalo de la reforma del Código Penal por la supresión de la sedición y la modificación del delito de malversación, según ellos tan solo para beneficiar a los independentistas imputados o condenados por el Procés y con el único objetivo de mantenerse un año más en el gobierno. Como si el gobierno no tuviera ya hace tiempo la garantía de culminar la legislatura, antes incluso de la aprobación del tercer presupuesto.

Por supuesto, sin reflexión alguna en relación a las consecuencias de la renuncia a la utilidad de la política en favor de la más que dudosa eficacia de continuar con la respuesta represiva y la estrategia penal para abordar la cuestión catalana, cosa que podría volver a ocurrir de darse de nuevo un rosario de penas desproporcionadas a lo largo del próximo año con la vuelta a la crispación vivida en el seno de la sociedad catalana y la consiguiente crisis social y política.

Algo que la derecha parece desear. O cuánto menos dejar que la crisis se resuelva por si sola. En resumen, con el cuanto peor mejor o con la política de la avestruz como únicas alternativas. Son los mismos que se rasgan las vestiduras con lo que denominan la 'apertura en canal del actual código penal' y la 'reforma exprés’ promovida por el 'rodillo' de la mayoría de investidura del Congreso de los diputados, como si se tratase de una novedad.

Los que no se acuerdan de su última reforma del Código penal en 2015. Una reforma realizada también en caliente ante el impacto en la opinión pública de graves crímenes y una reforma ad personam y para un caso único (como respuesta al referéndum catalán y a Artur Más), unificando la malversación con el incremento de las penas como método disuasorio.

Un proyecto de reforma que después de llevar un año de espera, se tramitó también de forma exprés y que fue aprobada finalmente merced al rodillo de la mayoría absoluta de la derecha, con el resto de los grupos parlamentarios votando en contra. Aunque esta reforma, a diferencia de la actual, sí que abrió en canal el Código Penal que había sido objeto de consenso en 1995, dándole la vuelta como un calcetín desde una óptica ultra conservadora y excluyente. Más de doscientos cincuenta artículos que introdujeron la pena máxima de la prisión permanente revisable _ bordeando con ello la barrera constitucional de las penas degradantes_ incrementando el resto de las penas de forma generalizada y a su vez eliminando las faltas para convertirlas en delitos leves.

En resumen, aquel sí que fue un nuevo código penal.

Sin embargo, a pesar del ruido y la furia, tampoco los jinetes de la apocalipsis acaban de llegar.