El Congreso ha tumbado por amplia mayoría las, en su mayor parte, malintencionadas y catastrofistas enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Por tercer año consecutivo, los números y la realidad –186 votos a favor de las cuentas públicas, por 159 a favor de las espurias intenciones de un dispar abanico de fuerzas de oposición– se han impuesto a ambiciosas premuras y a la propaganda.
Mientras la patronal culpa falsamente a los salarios de que haya una segunda ronda de inflación, el Banco Santander, que lidera Ana Botín, o Iberdrola, que preside Ignacio Galán, baten récords de beneficios: 7.300 millones de euros, el banco, y 3.100 millones, la eléctrica, y sólo hasta septiembre. Eso sí, derecha y ultraderecha se rasgan las vestiduras porque el Gobierno ponga en marcha un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas
Por tercera vez desde que en 2020 el Gobierno de coalición presenta su propuesta de cuentas públicas para el año siguiente ‘la estabilidad se ha impuesto a la ficción’… No es ni el título de una crónica bursátil, ni el de un documental, sino la constatación explícita de que las amenazas y siete plagas bíblicas que cada comienzo de otoño airean de forma coordinada las derechas políticas, económicas y mediáticas, con la extrema derecha como animadores populistas de excepción, vuelven a incumplirse.
El para algunos ‘Gobierno Frankenstein’ ha vuelto a encarar los Presupuestos con más eficiencia y acierto con que lo hacían aquellos aprendices de ‘Chicago boys’ que Mariano Rajoy sentaba en su Consejo de Ministros, aquéllos sí mucho más próximos a una mala noche de Halloween con sus recortes, tijeretazos a lo público, subidas de impuestos y pensiones ‘todo a 0,25%’. La señora Gamarra –Cuca para los conocidos–, el señor Espinosa de los Monteros –Iván Espinosa de los Monteros de Simón, para los amigos– y algunos ‘mariachis’ con ganas de bronca se han esforzado con poco éxito en dar la impresión de tener alguna alternativa válida a las cuentas públicas.
Los dos PGE anteriores, y no hay dos sin tres, son la demostración palmaria de que puede hacerse frente desde lo social y con visión progresista no sólo a una crisis económica efecto del neoliberalismo feroz arrastrada desde 2009, sino a mucho más. A este Gobierno de coalición le ha tocado lidiar con las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la larga pandemia del Covid-19, con una crisis energética auspiciada por la voracidad de las multinacionales del sector, ancladas en postulados más fósiles que sus propios combustibles, o con una guerra en Ucrania con la que algunos –empezando por los marciales entusiastas de la OTAN– parecen más cómodos que si se tuvieran que ponerse de verdad a buscar senderos efectivos de paz.
PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos llevan meses tratando de hacer creer más allá de sus correligionarios que la alta inflación es sólo cosa de España y culpa del Gobierno, que el alto precio de la energía sólo se da en nuestro país –la derecha lo llama ‘timo ibérico– y es culpa del Gobierno, o que el desfase entre subida de sueldos y aumento de los precios de los productos básicos sólo pasa de Pirineos hacia abajo y también es culpa del Gobierno.
De nuevo, la realidad se impone: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector privado, por decisión empresarial, es del 6,4%, mientras que en Francia, por ejemplo, no llega al 3,4%. En Europa, la subida media de salarios es de un 4,1% y en Portugal, por seguir con países cercanos, llega hasta el 5,6%; en España estamos entre el 2,6 y el 2,9%, según el ‘optimismo’ de quien echa las cuentas.
Mientras la patronal culpa falsamente a los salarios de que haya una segunda ronda de inflación, el Banco Santander o Iberdrola baten récord de beneficios: 7.300 millones de euros, el banco, y 3.100 millones, la eléctrica, y sólo hasta septiembre. Eso sí, derecha y ultraderecha se rasgan las vestiduras porque el Gobierno ponga en marcha un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas.
Hay mentiras que duran menos que un gobierno de derechas en Reino Unido. Para los que intentan perpetuarlas también hay receta: el 3 de noviembre las Comisiones Obreras y UGT nos citan a trabajadores y trabajadoras para una gran manifestación. Madrid tiene que llenarse de dignidad porque la clase trabajadora siempre ha conseguido sus derechos luchando, nadie nunca se los regaló.
