Desde que el Partido Popular decidió mantener sine die su bloqueo de cuatro años a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su posición pública ha dado un giro y no ha dejado de endurecerse. Su discurso está plagado de descalificaciones al Gobierno, cuando no de medias verdades o de insultos, ha abandonado cualquier pretensión de pactos con el mismo y vota negativamente a cuantas leyes o decretos son presentados por este al Parlamento. A un año de las elecciones generales, sería sin embargo muy conveniente empezar a saber qué políticas nos esperarían si este partido ganara las elecciones.

ONG, movimientos sociales, inversores institucionales, sindicatos… Son muchos los grupos de interés que vigilan el comportamiento de las empresas. En la actualidad, los aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) se encuentran entre los más cuestionados, ya que existe un incentivo para el comportamiento oportunista: una buena valoración ESG promueve una mayor lealtad a la marca, mejor reputación, más atracción de talento, abarata la financiación y mejora la rentabilidad de las acciones a la vez que reduce el riesgo. En otras palabras: la sostenibilidad puede traducirse en rentabilidad siempre que los grupos de interés confíen en la integridad de la información ESG.

La buena/mala relación entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo pasa por el escrutinio de analistas de diverso tamiz y posicionamiento. Denegada la cercanía amistosa entre ambos pese a todos lo esfuerzos por simular identidad estratégica, los pasos de aquí a la cita electoral de mayo, con comicios municipales y autonómicos, van a ser interpretados con especial sentido de significación de futuro.

La reciente quiebra de FTX, una de las mayores plataformas de intercambio de criptodivisas es, para el sector blockchain, un golpe tan duro como el que sufrieron los mercados financieros tradicionales con el colapso de Lehman Brothers, en 2008.

El estruendo de mentiras, exageraciones y agresiones verbales que caracterizan la vida política de estos días no es fruto de la casualidad, ni responde a calentamientos puntuales o imprevistos.

En las últimas semanas se han producido reuniones importantes en lo relativo al futuro de la salud de nuestro planeta y por tanto de nuestro país. En primer lugar, a nivel internacional se celebraba la COP 27 en Egipto, siendo esta la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y algunos días después, se ha celebrado la 16.ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente -CONAMA-. Dos acontecimientos que deberían servir para avanzar hacia un modelo de sociedad más sostenible.

China vive momentos de agitación social debido al impacto de las medidas oficiales de control del COVID. Hace meses ya que la severidad de los confinamientos había provocado malestar social y un perjuicio económico palpable. El rigor se había convertido en rigidez, según la estimación de los segmentos sociales más afectados o más sensibles a la privación del libre albedrio. Las protestas públicas y callejeras del último fin de semana constituyen la cresta de una insatisfacción que de momento parece contenida y limitada pero que puede derivar en una crisis mayor si la respuesta oficial es demasiado brutal.

Las protestas en China relacionadas con las restricciones del gobierno por la covid-19 han llegado a las noticias de todo el mundo durante el fin de semana, tras el fatal incendio de un apartamento en Urumqi, Xinjiang, la semana pasada, en el que murieron diez personas.