Hace unos días se convalidó con gran dificultad, gracias a la chapucera votación de un diputado del PP, la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pactada en el marco del diálogo social. Culminaban así nueve meses de intensa negociación con los sindicatos CC OO y UGT y con la patronal para conseguir la primera reforma del mercado de trabajo que en más de 30 años recupera derechos para la clase trabajadora. Supone un cambio de paradigma al dar los primeros pasos para acabar con un modelo basado en la precariedad, además de recuperar la capacidad normativa y de intervención de los sindicatos

El Real Decreto Ley 32/2021, la norma en materia laboral preparada por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, tiene como objetivo, para algunos, derogar y para otros, modificar la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno popular de Mariano Rajoy.

En el mes de junio de 2003 se rompió algo en la política española, pero hicimos como si no se hubiera producido la ruptura. El día en que no pudo elegirse a Rafael Simancas como Presidente de la Comunidad de Madrid, por la huida de dos Diputados de su Grupo Parlamentario, la política española y su limpieza pasaron a otra galaxia y todavía no hemos regresado a su galaxia originaria (sobre aquel hecho, el propio afectado, Rafael Simancas, ha dirigido una obra excelente con mucha información, Alegato contra la resignación. 2003-2015. Quince años de la política madrileña que explican el tamayazo, Madrid, 2018). En 2003, en efecto, ocurrió algo que nunca había ocurrido en la política española desde las elecciones del 15 de junio de 1977, a saber, que el resultado de unas elecciones limpias fue modificado por la defección de dos Diputados que no votaron conforme al programa político que su partido había ofrecido a los electores. Por el contrario, se ausentaron de la votación y se escondieron. El resultado fue que no se pudo votar la investidura del candidato del partido que, junto a Izquierda Unida, tenía votos suficientes.

El espectáculo del 3 de febrero en el Congreso, con motivo de la votación sobre el decreto de reforma laboral, ha sido la gota que ha colmado el vaso del hartazgo ciudadano. A partir de ahí, las cosas solo pueden ir a mejor, porque a peor es casi imposible.

Durante años, Noreena Hertz (Londres, 1967) ha analizado la presión (y el poder) que las grandes empresas ejercen sobre los gobiernos, las carencias y angustias de la generación K (18-24 años), las dificultades por las que atraviesa el sistema democrático, la sensación de soledad que parece envolver al siglo XXI. En el Foro TELOS: Repensar el futuro, Hertz expone su visión sobre estos puntos, que condicionan y amenazan el bienestar humano, y propone algunas soluciones al problema de la soledad.

La controvertida votación para la convalidación del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, está llevando a escuchar más los ecos que las voces, a los que se refería Antonio Machado. Los ecos son el voto equivocado del Diputado popular Casero, que, en cierto modo, es anecdótico. Las voces, es decir, los sonidos ciertos son los votos contrarios de los Diputados Sayas y Adanero, de Unión del Pueblo Navarro, cuando la dirección de su partido se había comprometido al voto favorable a la convalidación y ellos msmos, como se oyó en la radio, declararon esa misma mañana que votarían a favor, a pesar de que no los gustaba el Decreto-Ley. Separemos ambos hechos para no hacer el juego a Casado y al Partido Popular que han creado un gran escándalo de un error imputable a un Diputado conservador, precisamente para que pase desapercibido el nuevo “tamayazo”. Más abajo volveremos sobre el voto equivocado del Diputado Casero, pero siempre en segundo lugar.

La derecha y la ultraderecha de nuestro país se refieren con frecuencia al gobierno de coalición PSOE-UP como un gobierno social-comunista. Lo declaran ilegítimo porque, en su opinión, UP es un partido comunista y antisistema, con visos autoritarios e inspirados en dictaduras como la de Venezuela. La Presidenta Ayuso planteó las pasadas elecciones de 2019 de la Comunidad de Madrid como un dilema entre votar comunismo o votar libertad. La prensa conservadora y Vox se refieren a menudo a la Vicepresidenta Yolanda Díaz como la ministra comunista. En todas estas manifestaciones, es evidente la intención de utilizar la palabra “comunista” como una descalificación, cuando no como un insulto. El objetivo es sembrar temor y desconfianza en los ciudadanos hacia el Gobierno. ¿Está justificado este temor? En el reverso de la moneda, está el término “fascista”, también empleado como insulto dirigido a la ultraderecha. ¿Es apropiado su uso?

En los últimos años, la discusión de la política en Occidente ha estado salpicada de advertencias siniestras: retroceso democrático, populismo autoritario, movimientos neofascistas y el fin de la democracia liberal.