No puedo más.

No sé qué hacer.

No consigo levantar cabeza.

Son frases que pronunciamos y escuchamos con relativa frecuencia. Y sin embargo solemos restarle importancia. Una reacción opuesta a la que nos produce escuchar un “Me duele la garganta” o “No puedo girar la muñeca”, que nos invitan a visitar de inmediato al médico.

Algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo vuelven a estar en el punto de mira por valerse de paraísos fiscales y estructuras empresariales opacas para ocultar su riqueza y evitar pagar impuestos. Los Pandora Papers suponen la tercera gran filtración de documentos tras los Panama Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017. Pero en apariencia es muy poco lo que ha cambiado durante este tiempo.

Los documentos contenidos hasta ahora en la nueva revelación afectan a los líderes de República Checa, Chipre, Jordania y Ucrania, a los miembros de la familia gobernante de Azerbaiyán y a figuras cercanas a Vladimir Putin. Estos documentos implican a más de 100 millonarios, con transacciones que abarcarían desde inmuebles valorados en millones de libras a fondos de reptiles y superyates.

Le hemos preguntado al profesor Ronen Palan, experto en paraísos fiscales de la University of London, sobre lo que se sabe hasta ahora con respecto a este asunto.

¿Cuál ha sido su primera impresión?

Me temo que no me sorprende. No había ningún indicio que sugiriera que el volumen de transacciones que se produce a través de estos centros offshore estuviera disminuyendo, por lo que estaba claro que se seguían utilizando las mismas estructuras financieras de las que ya habíamos oído hablar en los casos de los Panama Papers y los Paradise Papers.

Resulta fascinante que muchos de los implicados en el caso sabían que sus actividades se acabarían conociendo, y sin embargo siguieron optando por estructuras offshore opacas. Supongo que cualquier reticencia inicial sería vencida por la codicia y por la certeza de que nadie les impediría hacerlo.

En algunos casos estamos hablando de evasión fiscal, y por tanto de una actividad ilegal; pero en otros se trata de elusión fiscal, que es legal. La diferencia está en si las personas implicadas habían informado de forma completa a las autoridades de su país de origen sobre las estructuras offshore que estaban utilizando. A veces, cuando veo que los medios les preguntan y que ellos declinan hacer comentarios, da la impresión de que se trata de evasión… Aunque eso es algo que aún debe probarse.

¿Por qué parece que la situación no mejora?

En los últimos 20 o 30 años la regulación internacional se ha centrado en crear herramientas que permitieran a las autoridades fiscales asegurarse de que los contribuyentes no estaban evadiendo impuestos. Se impulsó la filosofía del “conoce a tu cliente” (KYC, en sus siglas en inglés), lo que implicaba exigir a las personas que realizaban transacciones en jurisdicciones concretas que se identificaran por completo, para que así dicha información pudiera ser compartida con otras jurisdicciones.

Esto creaba transparencia básicamente en la medida en que sabías quién tenía dinero en cada país, con lo que las autoridades podían utilizar esta información para asegurarse de que sus ciudadanos no estaban evadiendo impuestos. Pero aunque esto pueda resultar efectivo en países en los que las autoridades fiscales operan de forma independiente con respecto a los Gobiernos y a los actores políticos, no es algo que vaya a funcionar en lugares como Rusia, China o en muchos países en vías de desarrollo. De ahí que no me sorprenda que muchas de las revelaciones sean relativas a actividades realizadas fuera del mundo desarrollado.

¿Pero por qué la transparencia no ha obligado a los paraísos fiscales a aplicar cambios?

Ha traído algunos cambios, pero en algunas jurisdicciones se aplican más que en otras. Así, tienes jurisdicciones británicas como la Isla de Jersey o las Islas Caimán que ahora son mucho más transparentes que antes. A primera vista podrían decir incluso que están más reguladas que otras jurisdicciones como, pongamos por caso, Dinamarca o Noruega.

Pero los profesionales que tienen los conocimientos para crear estructuras que permiten la evasión fiscal se siguen instalando muchas veces en estos lugares. Allí crean estas estructuras con diferentes abogados que, si bien en parte están bajo la autoridad de estas jurisdicciones, en parte lo están bajo la de otras que tienen reglas de transparencia mucho más laxas, como por ejemplo las Islas Vírgenes Británicas o Panamá, donde se sigue la letra pero no el espíritu de las leyes. Todo ello hace muy difícil saber qué está pasando y de quién es el dinero.

¿Cómo podemos mejorar la situación actual?

Los Pandora Papers nos muestran que estamos llegando al límite de lo que podemos hacer mediante la transparencia. A menos que encontremos formas de estrechar aún más el cerco, esta no será la última filtración de este tipo. Se trata de algo que reconocen (al menos implícitamente) tanto la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) como otras instituciones internacionales, que han demostrado un interés creciente por ir contra los facilitadores en lugar de centrarse exclusivamente en los propios evasores fiscales.

Conoce a los facilitadores. RawPixel.com

Quizá sea el momento de crear un mecanismo similar al que se aplica en el ámbito médico, es decir, hacer posible que si el facilitador rompe ciertas normas pueda ser perseguido, incluso en países que no se vean directamente afectados por su actividad. De este modo, si fueran a esos países, podrían ser arrestados a su llegada.

¿Deberíamos crear una nueva institución internacional dedicada a perseguir el fraude fiscal?

En la práctica, los tres lugares que importan cuando hablamos de implantar normas internacionales son Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y, desgraciadamente, en este momento no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos sobre casi nada, por lo que sería difícil que pudieran llegar a un consenso para crear dicha institución. E incluso si lo hicieran, serían acusados de imperialismo por parte de países más pequeños, o de actuar como dictadores.

Además, estos tres grandes actores aún tendrían pendiente acordar una iniciativa para ir realmente contra los facilitadores. Este proyecto recibiría idénticas críticas, pero al menos sería menos ambicioso en sus objetivos, y por tanto más realista.

¿Estas filtraciones realmente sirven para algo?

Hay un peligro real de saturación informativa; que la gente sepa de este tipo de actividades, y que aún así les interese poco. Pero tenemos que hacer hincapié en que las consecuencias son reales: administrar un Estado moderno es muy caro, y para poder sufragar un buen sistema educativo, un buen sistema sanitario, unas buenas infraestructuras, etc., hay que tener fondos con los que sufragarlos.

Si los ricos no pagan su parte, alguien tendrá que hacerlo, y eso le tocará o a los pobres o a las exprimidas clases medias. Así que, aunque la gente esté cansada de estos escándalos, eso no cambia el hecho de que les afecten negativamente.

Ronen Palan, Professor of International Politics, City, University of London

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. 

Roger Bartra (Ciudad de México, 1942) está considerado uno de los grandes pensadores de habla hispana, con una vida tan rica y diversa como su trayectoria intelectual. El editor Tomás Granados Salinas lo definió como una “personalidad híbrida”. Esa definición hacía referencia a sus orígenes catalanes –es hijo de los escritores exiliados españoles Agustí Bartra y Anna Murià– y, sobre todo, a su tránsito continuo por la política, el arte, la filosofía, la antropología, la neurociencia y la historia.

El gobierno, después de utilizar las bajadas de impuestos y de benéficas llamadas a la responsabilidad social de las compañías eléctricas, finalmente ha presentado un paquete de medidas para paliar la subida de los precios de la electricidad y el gas en el que incluye la intervención de un mercado regulado frente a los beneficios excesivos de las compañías con base en la subida de los precios del gas y la especulación del pago por las emisiones de CO2, adelantándose con ello a la ley que acaba con los llamados beneficios caídos del cielo de las centrales nucleares y de las hidroeléctricas. Asimismo el gobierno refuerza y amplía las medidas para evitar la pobreza energética de los hogares acogidos a la tarifa de último recurso y favorece nuevas subastas de suministro a las empresas. Todo ello para evitar el empobrecimiento de los consumidores finales en los hogares y garantizar la competitividad de las empresas españolas ante el abusivo incremento de precios.

Desde que conocí en profundidad la literalidad de la Constitución española, en segundo curso de mi licenciatura en Derecho, no he dejado de tenerla como referente para mis trabajos académicos y de opinión. Nunca la consideré papel mojado, siempre la entendí como una utopía escrita por la que trabajar, exigiendo su cumplimiento, siendo consciente de sus múltiples posibilidades, puestas de manifiesto en tiempo de pandemia, como explicaré.

Una de las lecciones del golpe abrupto del coronavirus debiera ser repensar los modelos de crecimiento. Esto constituye un gran desafío para las ciencias sociales y para el mundo de la política y las finanzas, porque supone un reto fundamental: abandonar zonas de confort. Es decir: optar, decidir, errar, enmendar, fracasar, rehacer, transformar, persuadir. Esta crisis demuestra que son primordiales las apuestas estratégicas para sectores relacionados con la economía del conocimiento y la economía de los servicios públicos, especialmente los sanitarios y los sociales. Aquellas regiones que, en un contexto difícil como el de la Gran Recesión, mantuvieron infraestructuras y personal sanitario, han podido afrontar el coronavirus con más solvencia que otras economías regionales donde sus gobernantes decidieron aplicar una política de recortes presupuestarios generalizados, con poca o nula discriminación hacia los servicios de la salud pública. En el ejemplo de España, los casos de Madrid y Cataluña son ilustrativos.

El 21 de diciembre de 2018, un agente de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra logró una gran popularidad al espetarle esta contundente frase a un agente rural que se estaba manifestando, según él, defendiendo la República. Aquí es interesante analizar el origen etimológico de la palabra “idiota”, porque, curiosamente, es de procedencia griega y se usaba para referirse a aquella persona que no se ocupaba de los intereses públicos, sino sólo de los propios.

Así le sale historia de España lo que debiera ser historia marroquí... Perico, moro de Guadix, eres un español al revés ó un mahometano con bautismo... Escribes á lo castellano, y piensas y sientes á lo musulmán... Musulmán eres... El cristiano soy yo." (Pérez Galdós, Aita Tettauen, p. 112)