La noticia reciente de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado a seis grandes empresas constructoras por pactar contratos durante 25 años, me ha llenado, además, de asombro. Es un hecho insólito, inexplicable, extraordinario, que ha merecido sólo una multa de 204 millones de euros en conjunto, cuando, por la gravedad de los hechos, los culpables deberían haber sido llevados a los tribunales, acusados de apostasía y de traición a la primera de nuestras instituciones. Lo cual, en estas horas de zozobra, me ha llevado a redactar el siguiente llamamiento:

El turismo urbano era una máquina en continuo crecimiento hasta su abrupta paralización, a principios de 2020, con la llegada de la covid-19. En ese momento las ciudades turísticas sufrían los impactos negativos de la masificación y proliferaban las situaciones de exceso de turismo. La pandemia sirvió para abandonar, al menos momentáneamente, el camino hacia lo insostenible.

No desvelamos nada nuevo si decimos que vivimos tiempos de un enorme deterioro ecológico que amenaza con ser irreversible. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestra sociedad, que entró en una crisis sanitaria agravada por el ataque a la biodiversidad y los ecosistemas. El modelo de producción capitalista, depredador de territorios, nos mantiene en jaque desde hace mucho tiempo.
Pero esta crisis sanitaria no es el único problema urgente al que nos enfrentamos: la crisis energética, la disminución de los recursos hídricos, el agotamiento de las tierras fértiles o la pérdida de biodiversidad cultivada para adaptarse a las condiciones cambiantes del clima o a las plagas venideras son retos que también tenemos sobre la mesa. 

Cuando parecía que salíamos de la pesadilla de la pandemia, gracias a las apuestas fiscales y monetarias y a la crucial aportación de la ciencia, la invasión a Ucrania ha abierto un nuevo foso en este agitado siglo. Las previsiones económicas que se realizaron hace apenas dos semanas se han vuelto obsoletas, y la más estricta de las incertidumbres –lo hemos resaltado en otras ocasiones– ha sustituido al riesgo, que es más medible. Muchos hemos escrito sobre augurios económicos a partir de una situación dada, incluso en tiempos de pandemia. Ahora, la guerra profundiza en la incapacidad para intuir qué puede suceder en las próximas semanas. Cambiamos de criterios, de argumentos, de hipótesis, porque, como diría Keynes, el contexto está variando. Mucho, a gran velocidad.

Han transcurrido cerca de dieciocho meses desde la declaración de la pandemia de la covid-19, por la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país más del 70% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la misma. Cuando el Gobierno anunció este objetivo, dentro de la lucha contra los efectos del coronavirus, las derechas y la ultraderecha, acompañadas por algunos medios de comunicación, pusieron en duda su cumplimiento. La realidad les ha desmentido, de hecho, las consecuencias de la quinta ola en cuanto a contagios son sensiblemente menores a las anteriores, por el grado de inmunidad alcanzado a nivel territorial y generacional.

Mucho se ha escrito en relación al fenómeno de la España vaciada y muchos discursos políticos se han pronunciado en favor de la España rural. Las diferentes administraciones hacen uso del concepto reto demográfico vinculándolo a tres cuestiones: la despoblación, el envejecimiento y el efecto de la población flotante.