Uber ha tenido una historia controvertida desde su fundación en 2009: desde los violentos conflictos entre los conductores hasta un software secreto supuestamente utilizado para evadir la aplicación de la ley. Ahora, una filtración de más de 124 000 documentos bautizada como los archivos de Uber muestra hasta qué punto la compañía del cofundador y exdirector general Travis Kalanick aprovechó ese caos para expandirse por 40 países.

Los datos muestran una continua mejora en la reducción del desempleo; 42.409 personas menos en el paro en el mes de junio, lo que nos sitúa en 2’28 millones de desempleados, el mejor dato desde octubre del 2008; y los 115.607 nuevos afiliados a la Seguridad Social, la tercera mejor cifra en un mes de junio, después de los apuntados en el 2005 con la regularización de inmigrantes, del entonces ministro de trabajo Jesús Caldera, que nos lleva a rozar los 20´35 millones de personas cotizantes, la cifra más alta de la serie histórica. Con estas cifras, las interpretaciones no se han hecho esperar; euforia del Gobierno por mantener estos datos a pesar de la inflación y la crisis; descrédito de la oposición que, insaciable en sus críticas, desprecia cualquier dato positivo que se produzca en el país; relativización por parte de una patronal, cada día más atrincherada en su conservadurismo laboral; y expectativa sindical por dar a los mismos una complementariedad de medidas más profundas que permitan afrontar la inflación y mejorar los salarios en la negociación colectiva.

El gobierno ha propuesto en los últimos días a los agentes sociales un pacto de rentas a tres años y al mismo tiempo, de forma contradictoria, ha anunciado su decisión de aplazar la reforma fiscal comprometida.

La economía española de 2022 presenta algunos rasgos diferenciales respecto del resto de la Unión Europea. Entre dichos elementos diferenciales destacan un crecimiento del 4,2% (5% en 2021), impulsado sobre todo por las exportaciones netas (turismo), una variación anual del empleo del 4,6% (unos 350.000 empleos), una tasa media de desempleo del 13,7%, una inflación media anual prevista del 7,3%, un superávit de balanza de pagos del 0,6% del PIB, un déficit público del 5,5% del PIB y un nivel de deuda pública que oscila entre el 115% y el 120% del PIB. Los datos anteriores son los principales elementos descriptivos de la evolución prevista para la economía española en 2022.

Una vez atenuados los efectos negativos derivados de la “gran depresión” posterior a 2008, los mercados de vivienda se reactivaron en numerosos países desarrollados. En dicho periodo, cortado abruptamente en 2020 por la pandemia del Covid-19, se observaron diferencias importantes en la evolución de los mercados de vivienda dentro de los países citados. Destacó la presencia de las denominadas “zonas tensas”, situadas por lo general en las principales capitales, en especial en la capital estatal. En dichas zonas los aumentos de los precios de las viviendas han superado ampliamente a los del conjunto nacional correspondiente. En el caso de España, la Comunidad de Madrid presenta unos rasgos similares a los de las zonas citadas.

Una de las cuestiones que me resultan más difíciles de sobrellevar de nuestro país es el empeño en no debatir de los problemas realmente importantes o, cuando estos pasan a primer plano, hacerlo con debates falsos. No debatimos sobre cómo combatir eficazmente la despoblación, ni de nuestra extremadamente baja natalidad, ni de nuestro déficit estructural de un 5% a lo largo de décadas. Y, cuando se aborda alguno de estos temas, como es el caso del precio que pagamos por la electricidad y del reciente decreto del Gobierno para abordarlo —decreto que preparaba hace un mes y medio a la espera del visto bueno de la UE—, entonces se hace deformando los hechos y de un modo demagógico.

En un artículo anterior, “La inflación debocada”, analicé las causas que la provocaba, pero no las consecuencias tan desiguales que la subida de los precios provoca. La repercusión es muy diferente según sea el nivel de la renta de las personas físicas. En los países desarrollados el mayor coste recae sobre las clases sociales de menores ingresos, al darse el incremento de los precios en los bienes de primera necesidad: alimentos, electricidad y combustible. Las rentas bajas dedican un gran porcentaje de sus ingresos al gasto de estos bienes, por lo que se acentúa la pobreza alimentaria y energética.

Una de las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania se está manifestando en la crisis energética: la dependencia del gas ruso, los planes de bloqueo comercial, la crisis energética y la alarmante subida de los precios de la electricidad que asfixia a la ciudadanía.