En el momento de escribir estas líneas, todavía continúan algunas algaradas nocturnas similares a las que, desde hace una semana, asuelan varias capitales españolas, con el aparente motivo de protestar por el encarcelamiento de un rapero. Rapero, cuyo nombre me niego a reproducir para no caer en el mismo vicio que voy a criticar a continuación.

Sostiene Unidas Podemos (UP) que España no es una democracia plena. Lo hizo, además, con ocasión de la opinión expresada por el Ministro de Asuntos exteriores ruso, quién comparó el encarcelamiento en Rusia del opositor Aleksei Navalni con el de los políticos independentistas catalanes. Que la prestigiosa revista The Economist realice anualmente una clasificación de 167 países en base a 60 indicadores y España ocupe en él el lugar 22 —dentro de los 23 países considerados democracias plenas y donde otras democracias como Estados Unidos, Francia e Italia son consideradas “imperfectas”— no parece importarles demasiado. Que ese discurso haya sido utilizado por la dictadura Rusa para desprestigiar a España y de paso a toda la Unión Europea, tampoco. Atacar a España en la esfera internacional lo habían hecho los independentistas catalanes, y a veces también el PP en el seno de la Unión Europea, y siempre se había juzgado esta actitud como antipatriótica. Pero, hacerlo desde la propia Vicepresidencia de Gobierno, es una innovación cuando menos interesante.

Viví siete años en Barcelona durante la década de 1980 y tuve ocasión de observar de cerca la sociedad catalana. Por fortuna, en esos años el virus independentista no estaba apenas extendido, tal vez en menos de un 10% de la población. Descubrí una sociedad sobre todo laboriosa y poco dada a perder el tiempo. Comparando con algunas desafortunadas experiencias en Madrid, me sorprendió comprobar que los enfrentamientos personales nunca se llevaban hasta el extremo de poner en riesgo la eficacia del trabajo común. Las discrepancias se negociaban y eso hacía que, en general, las instituciones públicas funcionaran competentemente. También las empresas privadas mostraban signos de gran vitalidad. En aquellos años, Cataluña daba la sensación de ser una sociedad viva, culta, despierta y a la vanguardia de muchas áreas, en comparación con el resto de las regiones españolas.

La mayoría de los artículos de opinión que se publican en la prensa física y electrónica están dedicados a criticar las cosas que no funcionan o que nos parecen mal, que suelen ser casi todas. Alguna vez habrá que detenerse a elogiar y poner en valor aquellas que nos parecen bien. Ese es el propósito de estas palabras: elogiar las instituciones que nos protegen y que han surgido históricamente tras un largo proceso civilizatorio.

Como sociedad, los españoles salimos de la larga dictadura franquista con muchos lastres. Uno, no menor, fue el arrastrar durante largo tiempo un profundo complejo de inferioridad en relación a los países de nuestro entorno natural, o sea, de Europa. Bastaba con viajar fuera y comparar cómo funcionaban allí las ciudades, los transportes, las empresas y las universidades con respecto a las de nuestro país para volver sumidos en una depresión.

Una de las derivaciones que más me han impactado del reciente asalto al Capitolio estadounidense por parte de hordas de fanáticos seguidores del ya ex-Presidente Trump ha sido el dato estremecedor de que el 86% de sus votantes estaban convencidos de que había habido un fraude electoral y les habían robado unas elecciones legítimamente ganadas. Todavía hoy, tres de cada cuatro lo siguen creyendo.

Durante los últimos gobiernos de Felipe González, allá por 1995, la derecha española, liderada entonces por José María Aznar, inauguró una nueva forma de hacer política que rompía los mínimos consensos democráticos alcanzados en la Transición de 1978. Se la llamó “política de la crispación”. Veinticinco años después, seguimos en ella.

El descubrimiento y desarrollo de las vacunas contra la Covid-19, que recientemente han comenzado a suministrarse a la población, nos dan un nuevo y bello ejemplo de cómo funciona la ciencia y por qué es imprescindible financiarla sin los cicateros cálculos cortoplacistas que oímos a algunos responsables políticos: hay que financiar sólo la ciencia aplicada, sólo la ciencia excelente, etc.

La democracia requiere de unos mínimos consensos para funcionar. Si no se respetan esos mínimos, nos adentramos en el terreno de lo desconocido y las sociedades quedan al albur de todos los oportunismos y violencias.