Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.
Bloquear, bloquear, siempre han bloqueado los mismos. Porque es precisamente en base a estos largos periodos de interinidad, el actual de más de mil días, gracias a los que la derecha ha logrado copar la mayoría de las presidencias de las salas del T. Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, a pesar de haber gobernado menos años.
La intervención y posterior ocupación de Afganistán, provocada por los atentados terroristas del 11S con la invocación de la legítima defensa, ha terminado con una retirada caótica bañada en sangre por otro atentado terrorista, esta vez de la rama Afgana del ISIS.
No es una derrota de occidente sino la derrota de la guerra preventiva frente al terrorismo abanderada por los USA, como una huida hacia adelante ante el declive de su liderazgo internacional. Afganistán, otra vez como canto del cisne de un imperio.
Mucho se ha hablado de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional en que éste considera el confinamiento como una verdadera anulación y no solo como una restricción de la movilidad, y que por ello concluye que debería haberse dictado el estado de excepción por el parlamento y no el estado de alarma por parte del gobierno, declarando en consecuencia su inconstitucionalidad. Sin embargo, se ha hablado menos sobre la trascendencia de esta desafortunada sentencia del TC sobre la salud pública, tanto sobre las medidas como el confinamiento domiciliario como con respecto a su cobertura legal, en el caso de futuras pandemias o catástrofes, por otra parte cada día más probables.
Al final no hubo cuarta ola como tal en el conjunto de España, las medidas de control y sobre todo la vacunación funcionaron en la mayoría de las CCAA que lograron mantener una incidencia sostenida a la baja, si bien todavía superior al objetivo enunciado de los cincuenta casos por cien mil en catorce días. No cumplíamos pues el objetivo de incidencia acumulada previsto para flexibilizar las medidas de control, a diferencia de la primera ola en que la incidencia llegó a ser prácticamente inapreciable.
Continuamos inmersos en los maniqueos populistas, incluso en el seno del Tribunal Constitucional, esta vez cuestionando la declaración del primer estado de alarma en favor del estado de excepción, con el aval de una mayoría pírrica del órgano. Y todo por una cuestión de grado, en relación al momento en que el nivel de la limitación se convierte en anulación de la movilidad. Una interpretación dogmática que elude el contexto de una pandemia sin precedentes en el periodo de vigencia de la actual Constitución y por tanto de la consiguiente urgencia en la respuesta.
Resulta que con el avance, poco menos que imparable, de la vacunación en España, siguen produciéndose brotes, es verdad que sobre todo en las zonas turísticas y fundamentalmente entre los jóvenes y por ello con una menor gravedad, menor carga para los servicios sanitarios, menos ingresos hospitalarios y mortalidad, como por otra parte hemos pretendido desde el inicio de esta larga y dramática pandemia, aunque a veces lo olvidemos.
Asistimos al ocaso del equilibrio, de la proporción y la medida, si es que algo quedaba de ellos todavía, en el final de la pandemia.
De nuevo la patrimonialización de la Constitución y de los símbolos de todos como la bandera española por una parte: la derecha autoproclamada como patriótica y la gente de bien, frente a unos supuestos traidores que venden la patria a cambio de mantenerse en el poder. Tal parece que la derecha no pretendiese con la postura contraria al indulto el innoble objetivo de acceder al poder.
Es que no se puede tener todo: la recuperación de la salud publica, la vuelta del turismo y la apertura total de la hostelería a un tiempo. Mejor que la quimera es la conciliación de necesidades, intereses y compromisos que es lo que corresponde a la buena política.
'La extrapolación consiste en trasladar un resultado concreto a un espacio más amplio o en otro momento'.
Las mismas comunidades autónomas de gobierno conservador, y alguna de signo contrario, que hace más de dos meses suspendieron unilateralmente la administración de la vacuna AstraZeneca ante la aparición de los primeros casos de efectos adversos trombóticos, a pesar de la evidencia científica y la recomendación de las agencias de continuar con la vacunación, hoy sin embargo exigen poner la segunda dosis de AstraZeneca a toda costa con el argumento contrario al principio de precaución y la desconfianza ciudadana que argumentaban entonces, está vez porque lo dice la EMA.
El excelente resultado electoral de la derecha en Madrid ha supuesto una inyección de optimismo en el ánimo del PP, después de sucesivos fracasos electorales y más en concreto desde la pérdida del gobierno, de la que parece no haberse recuperado todavía a tenor de sus actuales excesos extremistas, y su más recientemente debacle electoral en Cataluña, que le habían situado, hace tan solo unos meses, por detrás de Vox e incluso de un Ciudadanos en caída libre.
Después de meses de clamar en el desierto, por fin se ha abierto de verdad el debate de las patentes. No es que antes no hubiera habido iniciativas tendentes a suspender las patentes de las vacunas contra la covid19, con el objetivo de garantizar la vacuna como derecho universal y principal instrumento para acabar con la pandemia. Éstas han sido constantes antes incluso de contar con las vacunas. En concreto, desde Octubre de 2020 la Organización Mundial de Comercio (OMC) viene debatiendo la propuesta de suspensión de patentes de test, medicamentos, pruebas diagnósticas y vacunas, hasta tanto se logre la inmunidad de grupo a nivel global.
El PP ha ganado por goleada las elecciones madrileñas y de paso se ha merendado a Ciudadanos, consiguiendo con ello su objetivo último de liderar la refundación de la derecha con sus hermanos separados de la extrema derecha.
De nuevo, a pocos días del fin del último estado de alarma, tanto desde algunos gobiernos de CCAA, como desde fuerzas políticas, expertos y medios de comunicación se afirma que éste debiera prorrogarse de nuevo, sobre todo en ausencia de una serie de reformas legales que supuestamente permitirían la adopción por parte de los gobiernos autonómicos de aquellas medidas restrictivas acordes con la fase final de la pandemia.
«más de ciento, en horas veinticuatro, pasaron de las musas al teatro».
Lope de Vega.
El gobierno ha logrado que el comisario europeo de justicia avale la reforma legal que suspende la capacidad de nombrar cargos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial, en tanto en cuanto éste se encuentre en funciones. Una medida de denuncia y al tiempo de presión sobre la, hasta ese momento, cómoda inercia de los nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial en funciones para la oposición conservadora, todo con el principal objetivo de desbloquear la renovación (prevista legalmente hace más de dos años y medio) de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Ruido, mucho ruido en pandemia, demasiado, hasta el punto que casi ni nos oímos. Lo de escucharnos, hace ya tiempo que es sólo la excepción a la regla.
Desde un inicio, fue la desconfianza. Porque si algo ha caracterizado el curso de esta pandemia ha sido la desconfianza, primero en los precedentes y el origen del virus, luego en los organismos internacionales y el gobiernos encargados de contenerla y ahora, en su tramo final, en la disponibilidad y seguridad de las vacunas.
En estos tiempos populistas, los partidos dedican ya la mayor parte de su actividad a sí mismos: a la difusión y agitación de su relato, a la defensa y la disputa del espacio electoral propio o a sus movimientos internos, las más de las veces de adhesión personal, dejando las propuestas, la negociación y el gobierno de las cosas en un segundo plano. La derecha parece haberlo entendido en la Comunidad de Madrid mejor que nadie, con su refundación trumpista y radical.
Asistimos a la crisis de los partidos populistas originarios en este segundo año de pandemia. De lo que fueron Podemos como de Ciudadanos, que después de una sangría progresiva de su importante número de votos con su aterrizaje en las instituciones, ahora se enfrentan a un declive, es verdad que de distinta intensidad, junto a la práctica implosión de su modelo de nuevo partido.
Pablo Iglesias se presenta hoy ante ustedes como salvador del proyecto en Madrid, generoso y valiente al abandonar su responsabilidad como vicepresidente del gobierno, convencido feminista, designando su relevo en la persona de Yolanda Díaz, eficaz ministra de trabajo, y ante todo como humilde y unitario en la izquierda para arrebatarle Madrid al fascismo. Épica, ética y estética populista en estado puro.
Sostiene el gobierno conservador de la comunidad de Madrid que piensan acatar, pero al tiempo recurrir ante los tribunales de justicia la orden ministerial derivada del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud sobre el cierre perimetral y otras restricciones de horarios y aforos ante la próxima semana santa y el puente de San José. Al parecer, su razón es doble, por una parte de contenido: la inutilidad de los cierres perimetrales y por otra de forma: que para el gobierno madrileño el acuerdo solo y exclusivamente debería ser por consenso y no un acuerdo mayoritario, cosa que precisamente es debida a su oposición.
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