Cuando paseas por Versalles tienes la sensación que por sus pasillos, salones, jardines y bosques te vas a encontrar a los reyes de Francia, a Enrique IV cazando, a Luis XIII erigiendo el primer palacio, al rey sol, Luis XIV, organizando su Corte, a Luis XV ampliando los palacios y a Luis XVI con María Antonieta, ajenos ambos a su trágico destino.

Un edificio con solera, en la Calle del Prado 21, que nos recibe con las efigies de Cervantes, Velázquez y Alfonso X, alberga entre sus muros el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, la institución que algunos consideramos que ha sido, y sigue siendo, la más elevada síntesis de la historia del pensamiento español, y, en todo caso, un potente foco de irradiación política y cultural desde que se fundara en el trienio liberal progresista, en concreto el 14 de mayo de 1820.

Desde sus primeros pasos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha rechazado que un endurecimiento de las penas pueda dar mayor seguridad frente a la delincuencia y los conflictos sociales, pues cualquier medida punitiva, penal o administrativa, debe ser proporcionada y encaminada a la reeducación y reinserción social, objetivos que deben orientar toda la política penitenciaria y de seguridad del Estado (artículo 25.2 de la Constitución - C.E.-), como puede colegirse, por ejemplo, del Auto 486/1985, de 10 de julio, y de la Sentencia 2/1987, de 21 de enero, entre otros.

El derecho de reunión como derecho individual que se ejerce en grupo fue respaldado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (artículos 2, 5 y 7) y por la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (enmienda aprobada en 1815). No obstante, especificidades del derecho de reunión, como el derecho de concentración o el derecho de manifestación, tuvieron un reconocimiento posterior por ir unidos normalmente a los movimientos obreros.

El artículo 116  de la Constitución (C.E.) forma parte del Título V, denominado “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”, y delimita el derecho constitucional de excepción con tres estados de emergencia: estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio; todos ellos en cuanto que responden a situaciones de grave anormalidad deben ser regulados por una ley orgánica; se establecen los órganos competentes para su declaración y, en su caso, prórroga; el procedimiento de adopción de decisiones, su forma, su contenido necesario (ámbito territorial, duración y efectos) y su plazo de vigencia máxima.

Desde posiciones ultraconservadoras en su mayoría cercanas a concepciones católicas no muy simpatizantes con el Vaticano II, y apoyadas, en todo o en parte, por algunos partidos políticos de la derecha y extrema derecha, se ha lanzado un plan que tiene por objetivo neutralizar cualquier visión pedagógica o de enseñanza que no sea la suya.

El Estatuto catalán de 1979, conocido como “de Sau” por el enclave donde se perfiló, se mantuvo vigente hasta que se consideró que se daban las condiciones oportunas para proceder a una ampliación de competencias, que tuvo lugar por el Estatuto de 2006. La derecha española recurrió el nuevo Estatuto ante el Tribunal Constitucional dando lugar a la Sentencia 31/2010 (STC 31/2010), que declaró varios de sus artículos inconstitucionales, y a la par dio alas a los independentistas. En efecto, a partir de este momento se planteó una batalla con aristas tanto jurídicas como políticas, que procedemos a examinar brevemente.