Chile: la política en un punto de inflexión

Las razones de este resultado, después de que una amplísima mayoría del 80% diera aprobación en 2020 a este proceso para reformar, o, más bien, directamente cambiar la vieja constitución del dictador Pinochet sancionada en la década de los 80s, han sido rápidamente entendidas por la opinión especializada y aquí solo cabe intentar resumirlas.

Se trata de cuestiones que hacen a los problemas de la estructura económica y social de Chile como al propio proceso de la convención constituyente. En efecto, es sabido que el proceso de desarrollo chileno basado en una economía abierta y de mercado libre fue exitoso en términos de crecimiento global, pero no así en la incorporación de las minorías a los beneficios sociales que debieran derivarse del progreso económico.

Ese descontento no fue mitigado luego del retorno de la democracia a comienzos de los 90s, tras la caída de la dictadura pinochetista, por las políticas reformistas en el plano social de la centro-izquierda, representada en la “concertación” como coalición de partidos de un arco que comprendió, entre otros, principalmente el socialismo y el radicalismo chilenos, amén de la más moderada democracia cristiana. Más que un “fracaso” del progresismo democrático, el desgaste de la concertación tuvo que ver con la permanente diferencia en Latinoamérica entre las expectativas de la población, en particular de los sectores de menores recursos, y los resultados.

La desigualdad se expresa en Chile no tanto en la situación de salarios y empleo, sino más bien del acceso a los beneficios de la economía de bienestar, de los servicios públicos en general así como salud, educación y vivienda razonablemente disponibles. Ya el gobierno de la socialista Bachelet había experimentado el descontento popular por los precios del transporte y el costo del acceso a la educación, fenómeno al que dio tibias respuestas. Tampoco esas respuestas las brindó la derecha, representada por sendos períodos del presidente Piñera, más interesado en retomar el impulso económico general que en la distribución de los beneficios del crecimiento.

Pero entonces fue ahí cuando el descontento se expresó de manera más violenta y visible, con manifestaciones y disturbios en las calles, por lo que para la canalización institucional de esos reclamos se llamó a la convención, como si la modificación del texto de la carta magna resolviera por sí solo los problemas socio-económicos del país.

Entre ellos cobró presencia en este siglo la cuestión de los pueblos originarios, en parte por el sentimiento sobre su postergación, pero también por el creciente conflicto con los grupos más radicalizados -la CAM y la RAM- que adoptaron vías de acción directa y violenta para la búsqueda de la satisfacción de sus reclamos, los que llegan a extremos maximalistas al punto de pretender proclamar una nación regional independiente (“Huaimapu”), bajo el supuesto de que los territorios que ocupaban sus ancestros en los tiempos previos a la colonización les pertenecen como legítimos descendientes.

No es éste el único tema de violencia que pasó a ocupar un primer plano en la antes menos revoltosa democracia chilena. La frontera norte fue ganada por sectores vinculados al narcotráfico que la utilizan como zona de refugio y trasiego de drogas de sus vecinos Perú y Bolivia, de modo que como suele suceder en esos procesos, aparece con mayor evidencia la existencia de sectores armados que enfrentan el poder del Estado y afectan la vida civil común.

Este clima de mayor inestabilidad en la vida cotidiana, con extremos como toma de rutas y propiedades e incendios provocados en la región sur (la Araucania) por parte de descendientes mapuches es un factor de descontento, que se prometió canalizar y apaciguar sin éxito mediante el diálogo político y el reconocimiento de algunos derechos, por un lado, y por el otro con una adecuada diferenciación de los violentos y su correspondiente represión, en un procedimiento de difícil separación de aguas.

El proceso constituyente tuvo como inicio la votación de los delegados convencionales en un momento de debilidad de los partidos tradicionales, ganando así posiciones y mayoría de representación los sectores más radicalizados de la izquierda maximalista, que no contaban con experiencia ni organización, amén de los grupos indigenistas también presentes. Así la constituyente resultó una manifestación más teatral de ideas que de búsqueda real de consensos, por lo que se cumplieron los temores de los más escépticos, es decir, que el texto resultó un “pastiche” que multiplica derechos escritos (al agua, a la vivienda, a la salud y la educación gratuitas, etc.), muchos de impracticable materialización, al menos en un tiempo previsible, amén de excesivas concesiones para sumar votos, en particular en un tema crítico: la plurinacionalidad.

En efecto, mientras los grupos indígenas radicalizados frustraban todos los intentos más o menos coherentes de diálogo que trató de impulsar el nuevo presidente Boric mediante una negociación de posibles concesiones a los sectores aborígenes, la propuesta de nueva Constitución pretendía sancionar el carácter multinacional del país chileno, es decir, la coexistencia de un grupo de naciones, en particular las indígenas, conviviendo en un mismo territorio bajo la misma bandera pero con separación de sistemas judiciales y de una afectación de los derechos existentes sobre la propiedad del suelo, por ejemplo.

Existe un amplio abanico de posibilidades y experiencias sobre el sentido de la “plurinacionalidad” y sus alcances, con variados ejemplos internacionales desde el hemisferio norte, como en el Canadá, a todo el sur latinoamericano, con Bolivia y Ecuador como casos más destacados y no precisamente exitosos. Chile es un país con un fuerte sentimiento nacional en sus mayorías, de todos las ideologías y sectores sociales, por lo cual esta idea de la plurinacionalidad debía ser manejada con límites muy claros y quizás hasta con otro nombre y connotación.

No fue este el único factor de rechazo a la propuesta de Constitución, voto negativo que se impuso en todas las regiones del país y con un corte transversal entre clases sociales, pero parece haber consenso en que resultó el fenómeno más definitorio, aunque también jugó en contra de una aprobación la inclusión de supuestas múltiples reivindicaciones sociales y de nuevos derechos en el texto, que al decir de dirigentes del socialismo chileno, resultaba más un programa de gobierno de ultra izquierda que una Constitución que diera el marco general para el funcionamiento de un Estado republicano moderno y democrático.

En efecto, los redactores de la izquierda mayoritaria en la convención, compuesta por grupos que como señalamos no cuentan con organización técnica, liderazgos claros ni experiencia política que supere el marco estudiantil, impusieron una visión maximalista sin buscar consensos que le dieran margen de aceptación a los grupos moderados de centro izquierda y centro derecha, de modo de aislar a la ya descontada oposición de la extrema derecha hasta hoy minoritaria.

AHORA EL PROBLEMA ES PARA BORIC

Hasta aquí el repaso de la interpretación casi unánime entre los distintos observadores y especialistas sociales y politólogos sobre el resultado del plebiscito constitucional chileno. Pero ahora cabe reflexionar sobre las consecuencias de esta nueva coyuntura, que por su carácter parece constituirse realmente en un punto de inflexión en el panorama político chileno.

En efecto, si bien formalmente el presidente Gabriel Boric fue ajeno a la propuesta de Constitución rechazada en el plebiscito, su grupo político y varios de sus ministros la habían respaldado activamente. Más todavía, al advertir el mandatario chileno la dificultad de aprobación del nuevo texto meses antes incluso de su votación, propuso que el mismo sea reformulado, para introducir algunos cambios no bien operase su entrada en vigor para reducir las resistencias. Podría haber sido un discurso razonablemente creíble, una salida negociada quizás, que incluso suscitó alguna simpatía en sectores de izquierda más moderados, que no compartían las posiciones maximalistas pero que tampoco veían con buenos ojos la continuidad del antiguo estatuto pinochetista, que es el que sigue vigente.

Pero tanto el fracaso de los intentos de negociación con los grupos mapuches como las crecientes dificultades económicas y la falta de evidencias sobre la capacidad de gestión gubernamental para una situación de amenazante estanflación, con estancamiento y precios en alza, al punto de alcanzar un registro anual del 12%, restaron imagen, credibilidad y vigor a la propuesta de salida negociada del presidente Boric.

Por ello, además, el rechazo resulta casi también un voto en su contra, una especie de balance anticipado de su gestión, balance por supuesto de signo negativo. En otras palabras, la principal preocupación de gobierno, aunque no se lo manifieste así, pasa del cambio del texto constitucional a la capacidad de ejecutar su programa reformista y hasta la propia estabilidad y mantenimiento de la gobernanza en general, siendo que no cuenta con mayoría en el Congreso nacional. Los partidarios, en especial los más radicalizados, comenzarán a preocuparse por las reformas y promesas que no se concretan y los extraños por la incertidumbre, pérdida de liderazgo del presidente y las dudas sobre el rumbo que habrá de seguir.

Debe reconocerse que Boric tuvo una reacción institucional rápida, proponiendo llamar al diálogo a todos los sectores políticos y sociales, empezando por los partidos representados en el Congreso nacional, para darle continuidad al proceso constituyente, es decir, retomar la reforma y eventualmente llamar a una nueva convención con votación de sus miembros, o como reclaman algunos fuera del oficialismo, a una convención mixta con participación del congreso y especialistas, amén de nuevos representantes ad-hoc.

Pero ese debate sobre el futuro convencional constituyente, que debe dirimirse en el Congreso, donde ningún sector cuenta con mayoría y, por ende, todo debe ser acordado y nada puede ser impuesto, esconde la otra preocupación que subyace debajo del actual estado de cosas después de la fuerte negativa votada en el plebiscito: el Gobierno ha perdido respaldo y popularidad, y el presidente respetado y valorado internacionalmente por su espíritu democrático, no suscita tanta confianza en términos de experiencia política y capacidad de remontar la cuesta.

Este desafío lo encuentra a su vez en situación de debilidad, menor respaldo popular y posible crisis interna de su frente, necesidad de mayor negociación y riesgo de perder los apoyos de la izquierda moderada que había concretado para la conformación de su Gobierno.

Una mayor radicalización no cabría ahora, por cuanto han sido los sectores de ese carácter los que más militaron por el cambio de la Constitución y su texto original, pero -a su vez- serán éstos los más quejosos a la hora de evaluar los resultados de gobierno.

Siendo el socialismo como partido político con historia y tradición el que mejor representa los alcances posibles de un programa de reformas sociales más profundas, como el que postuló Boric, hoy no puede darle un fuerte sustento ante el descontento creciente. Por ello, se especula con que Boric debería llamar a otros sectores menos progresistas de la antigua “concertación”, como la democracia cristiana, para la búsqueda de consensos y el encuentro de una vía para encaminar su Gobierno. No está claro que pueda lograrlo.

Lo que sí aparece en lo inmediato con mayor evidencia, es que, tras la pasada elección presidencial, en la que el voto popular antes del ballotage se distribuyó en un archipiélago de partidos y grupos políticos, ahora la derecha -que en la segunda vuelta había quedado debilitada en parte por sus propuestas más extremas- resurge a consecuencia del plebiscito más unida y potenciada. En efecto, la derecha militó la oposición a la propuesta constitucional, liderando el rechazo con fuertes argumentos en su contra, que llegaron a sensibilizar a la sociedad. De este modo, ese 61% de votos por el rechazo, aunque no le sean propios, le otorgan un espejismo de nueva mayoría.

Será un gran desafío para el Gobierno de Boric revertir esa situación, lograr acordar algunas reformas y no aparecer como una repetida frustración de la nueva izquierda chilena. Por ello, cabe destacar que la experimentada “concertación” chilena y, en particular, el partido socialista chileno, que al menos salvó la ropa en las elecciones generales de 2021, puede adquirir un nuevo rol para restablecer líneas de conexión popular para el despliegue de un programa social demócrata reformista.

En ese sentido cabe destacar la visión del ex presidente y líder socialista latinoamericano Ricardo Lagos, quien anticipó el problema que planteaba este complejo escenario de excesivo voluntarismo y ausencia de diálogo por parte del Gobierno, haciendo los mayores esfuerzos para el logro de consensos previos al fracaso plebiscitario, esfuerzos que incluyeron hasta charlas privadas y consejos directos al presidente Boric.

Esa visión anticipada del estadista Ricardo Lagos, esa capacidad de interpretar el fenómeno social en su cabal dimensión, podría ser también un camino de conducción para el futuro del socialismo y de la “concertación” o, al menos, de lo que se reconstruya de ella. Los sectores que lideraron el posicionamiento progresista del frente amplio de Boric demostraron carecer de esa visión, del liderazgo, de la capacidad de diálogo y de comprensión de la necesidad de pasar de posiciones rígidas a otras más flexibles, que vayan en el sendero de las reformas propuestas.

El futuro no está escrito y los escenarios están abiertos, pero, en primer análisis, pareciera que la experiencia y la formación política e intelectual son las virtudes que posibilitan los cambios, y no el exceso de optimismo y voluntarismo. Y esta conclusión se haría extensible como lección a toda el centro-izquierda latinoamericano, que de no interpretar adecuadamente el fenómeno social y los alcances de lo posible, terminará por abrir la puerta a las derechas, aun las más extremas.