La memoria democrática y sus enemigos

La ley cuenta por un lado con el apoyo de la izquierda y los partidos nacionalistas, los independentistas vascos y de los regionalistas, por ahora la abstención de los independentistas catalanes, y de otra parte con el beligerante rechazo de las derechas y la ultraderecha. Los mismos que se proclaman como constitucionalistas de origen y de ejercicio se sitúan de nuevo al margen de la memoria, de la justicia y la reparación a las víctimas de la dictadura franquista. Más de cien mil compatriotas asesinados después de la guerra civil y que continúan abandonados por la justicia en las fosas del franquismo después de más cuatro décadas de democracia. La misma derecha que mientras patrimonializa a las víctimas del terrorismo de ETA aún hoy menosprecia a las del 11M. He ahí donde radica la principal contradicción que las derechas han sido y serán incapaces de explicar tanto a sus compatriotas como a sus homólogos europeos.

No hay nada nuevo tampoco en su rechazo total de la necesidad de la propia ley de memoria democrática, en el consiguiente desprecio de las nuevas medidas de justicia y reparación a las víctimas, y ni siquiera en el estigma con respecto a buena parte de los apoyos parlamentarios con respecto a la ley de memoria de 2007. Si entonces no tuvieron un mínimo de sensibilidad con las contados protagonistas que permanecían con vida, hoy tampoco se atreven a desmarcarse del discurso sectario de la ultraderecha.

Una actitud que pone en cuestión el viaje al centro y la moderación de la presidencia de Núñez Feijóo. Tampoco son nuevos los reparos de contados representantes de la izquierda más cercana a la derecha con respecto a cualquier legislación en materia de memoria.

Asistiremos una vez más a la patrimonialización por parte de la derecha de la concordia, de la Transición democrática y de la lucha contra el terrorismo, utilizadas como burdas excusas, con el objetivo de oponerlas a la ley de memoria democrática, cuando por contra los protagonistas de la lucha antifranquista también lo fueron del compromiso con el pacto de la transición democrática y con la Constitución.

Lo único novedoso es el intento descarado de la ultraderecha de revisionismo histórico para deslegitimar la II República y equiparar las víctimas de la guerra civil con las del franquismo. Esta nueva ley de memoria democrática no solo cubre los vacíos de la ley anterior y en absoluto le resta importancia, también valora sus avances junto con todos los progresos habidos en democracia, desde la Constitución hasta su culminación en la vigente ley de memoria histórica del gobierno Zapatero, sino que sale al paso de la campaña de tergiversación histórica de la extrema derecha.

Entre los nuevos avances de la ley se encuentran la condena del franquismo y de sus apologetas, considerados ilegales como por ejemplo la fundación Francisco Franco, la declaración de ilegalidad del remedo de juicios sumarísimos del franquismo  (calificados hasta ahora de ilegítimos) y la asunción efectiva de la responsabilidad pública en las exhumaciones, más allá del apoyo de las subvenciones, con la creación de una fiscalía de sala y un banco de ADN para garantizar su aplicación efectiva. De igual modo establece el mandato de la realización de una auditoría de los bienes incautados durante la guerra y la dictadura y crea la oficina de las víctimas del franquismo. Asimismo avanza en la resignificación del valle de los caídos, la señalización los espacios de la memoria y en todo lo relativo al acceso y la unificación de los archivos y en la presencia de la memoria democrática en los programas educativos.

Sin embargo, a pesar de todo la derecha se rasgará las vestiduras, bien con la excusa de la creación de la comisión técnica que estudiará las vulneraciones a los derechos humanos en el inicio de la Transición, ignorando que ya han sido objeto de recientes publicaciones por parte de los historiadores, y sobre todo con la aclaración de la prevalencia de los convenios internacionales de derechos humanos en la ley de amnistía, ya que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, así como de genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no  amnistiables.

Algo que es obvio y perfectamente asumible para cualquier derecha democrática, pero que no solo ha impedido hasta ahora una memoria compartida, sino la aplicación de una mínima justicia para con las víctimas por parte de instituciones como un Tribunal Supremo de sesgo netamente conservador, que ante la instrucción del juez Garzón ha ignorado el derecho internacional humanitario y el carácter de hecho nuevo de la ley de memoria histórica vigente. En resumen, una nueva ley de memoria que también será ignorada por aquellos que solo tratan de buscar excusas para mantener su amnesia selectiva.