Comisión de secretos: silencios y coalición de debilidades

Sabremos en primer lugar que el espionaje político existe y es necesario, también en democracia, dentro y fuera de España, en nuestro caso siempre en defensa de la legalidad constitucional, con límites de tiempo así como en el número de comunicaciones intervenidas y siempre con garantías judiciales. Que por supuesto también existe entre países, tanto por parte de autocracias como de países democráticos, aunque entre estos últimos sería deseable que primase sobre todo la transparencia y la colaboración. La finalidad del espionaje sería en el primer caso defender nuestra democracia de sus enemigos, y en el segundo se trataría de conocer, cuando no interferir, desde fuera las decisiones políticas o económicas más delicadas del gobierno, como al parecer ha podido ocurrir con Marruecos, pero que también hubiera podido darse con Rusia o con alguno de nuestros aliados. Lo cortés no quita lo valiente. En segundo término, que el espionaje interno se dirá que en todos los casos ha estado justificado en la seguridad del Estado y la defensa de la Constitución, autorizado por el juez y acotado. Es preciso contar con garantías judiciales en escrupuloso respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos a la privacidad y al secreto de sus dispositivos y de sus comunicaciones.

En tercer lugar, dado el carácter global de la intrusión de Pegasus y su capacidad de alterar incluso los contenidos de los dispositivos electrónicos espiados, este no ha podido formar parte ni afectado en ningún caso a un proceso electoral ni a un procedimiento judicial. La duda serán los casos inicialmente conocidos en que se pudiera haber espiado a instituciones y a partidos que se presentan a las elecciones y en consecuencia se haya podido interferir con el derecho a su defensa en procesos judiciales. Como quiera que ya se encuentra judicializado por los supuestamente afectados, sería previsible que la directora del CNI no vaya más allá de lo ya dicho por la ministra de defensa en sede parlamentaria: que todo se ha hecho dentro de la ley y con garantías judiciales plenas.

En cuarto lugar, que el espionaje mediante Pegasus ha sido un espionaje interno y además, según el gobierno, también externo. Se supone que en el primero se mostrará las autorizaciones legales y sus motivaciones en los periodos previstos de seis meses, y el segundo solo la hipótesis sobre la implicación de un gobierno extranjero o de más de uno, aunque no sobraría una explicación convincente sobre el excesivo tiempo transcurrido hasta el descubrimiento de la intrusión en los dispositivos del gobierno. Lo que difícilmente aceptará, ni ésta ni ninguna responsable de inteligencia, ni siquiera ante la comisión de gastos reservados, es que pueda haber una parte del sector público de inteligencia descontrolado o que cualquier organismo privado hayan podido espiar al Estado.

En el caso hipotético de que algo así se haya podido realizar por parte un sector incontrolado de inteligencia, éste debería ser objeto de una depuración interna y de las pertinentes reformas normativas para evitarlo en el futuro, y en los demás casos, tanto internos como externos, que ya están todos en manos de la justicia, no es previsible que nadie se salga del guión establecido por la ministra.

En quinto lugar, el control parlamentario está en la comisión de secretos o de gastos reservados, con una limitación obvia a su conocimiento público. Una comisión de investigación adicional, como la que se ha propuesto, no solo no ha contado con la mayoría necesaria, sino que además más allá de la imagen de transparencia, es más que discutible en materia de inteligencia, ya que en ningún caso se podría eludir el recurso de los comparecientes al mantenimiento de la obligación de guardar secreto.

En sexto término, la exigencia en su caso de responsabilidades y hasta el nivel dónde se debe llegar en ellas tiene que ver con la importancia de los derechos y de la seguridad en juego, con el necesariamente limitado conocimiento de la investigación a nivel público, pero también con un criterio de oportunidad política.

Por eso, lo más probable es que se salden responsabilidades del fallo de seguridad que ha permitido espiar los dispositivos personales del presidente y de varios miembros del gobierno, aunque de ésto no haya precedentes en otros gobiernos de nuestro entorno, fundamentalmente en el ámbito de la dirección del CNI, sin por ello descartar en otros en segundos niveles de presidencia del gobierno. Lo que no es previsible es la dimisión o el cese de la ministra de la actual defensa Margarita Robles, como han exigido la parte minoritaria del gobierno de Unidas Podemos, ERC y los independentistas, ya que que se considerará cuanto menos inoportuna en el contexto de una guerra y añadiría al escándalo una imagen de debilidad del Presidente Sánchez y del PSOE, tanto dentro del gobierno como en relación a sus actuales apoyos parlamentarios.

En definitiva, lo fundamental debe ser la recuperación de la confianza de ciudadanos e instituciones en la preservación de sus derechos fundamentales y su privacidad y también en la seguridad del Estado.

En este sentido debieran ir las conclusiones de reformas normativas a raíz de las mencionadas intrusiones, tanto en el funcionamiento y la dependencia orgánica del CNI, en la definitiva elaboración de una ley de secretos oficiales de la democracia todavía pendiente, como también en el ámbito europeo la ilegalización de sistemas como Pegasus, que algunos ya han propuesto.

Por último, la estabilidad de la legislatura es un factor también importante, pero secundario en relación a la importancia de los derechos afectados. El problema es que se ha sobreactuado tanto y se ha apuntado tan alto en la exigencia de responsabilidades, que no es fácil que la mayoría de las demandas obtengan satisfacción. La sensación a la salida de la comisión es en resumen de insatisfacción y que todavía queda mucho por saber. La cuestión es si la consiguiente cadena de frustraciones abrirá o no un periodo convulso en la segunda mitad de la legislatura. De ser así podría facilitar el acceso de la coalición de la derecha y la ultraderecha al gobierno del país. Por algo pide una vez más elecciones anticipadas.