Susto o muerte. Política compulsiva y gobierno convulso

Algo así pretende la empresa que vende el sistema de vigilancia mediante el programa Pegasus, en principio solo a disposición de los Estados y poco menos que indetectable, que sin embargo finalmente ha sido detectado poniendo en evidencia a los servicios secretos y a los Estados que lo han comprado y lo han utilizado. Seguro que la compañía israelí lo atribuirá a la torpeza de los Estados y sus servicios de inteligencia en el cumplimiento de sus siempre perfectas especificaciones.

En España, precisamente cuando se discutía el momento adecuado y las condiciones para la reunión pendiente entre el gobierno y la Generalitat, un artículo ha provocado o el escándalo primero en el ámbito del independentismo catalán y como consecuencia en España con una nueva crisis de confianza entre el PSOE y ERC e incluso dentro de la propia coalición de gobierno que ha llevado al límite la convalidación del real decreto frente a las consecuencias económicas de la guerra.

Lo que no se entiende es qué tiene que ver el espionaje con la aprobación  del decreto de medidas de abaratamiento del combustible y de apoyo industrial y social frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, y tampoco con respecto a las leyes cuya tramitación todavía está pendiente como la ley mordaza o la ley de memoria democrática. 

Según el artículo de New Yorker, más de sesenta dirigentes independentistas, abogados, familiares, periodistas e incluso parlamentarios han sido espiados a través de sus smartphones antes y también después del fallo judicial por el Proces. Como consecuencia, el gobierno catalán ha exigido una comisión de investigación, dando con ello credibilidad a todo lo que se ha conocido y a continuación, adelantándose a su apertura y a cualquier conclusión de la investigación solicitada, ha emplazado a la inmediata asunción de responsabilidades al máximo nivel del gobierno en la persona de la ministra de defensa Margarita Robles.

Es evidente que los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de privacidad y el secreto de las comunicaciones deben contar con plenas garantías frente a las intromisiones del Estado con el argumento de la seguridad. España puede realizar vigilancias en el marco legal de la ley del CNI con supervisión judicial, cuya misión es "proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones."

La cuestión es pues en primer lugar si el espionaje que se denuncia en dicho informe se corresponde con la realidad de los hechos, habida cuenta que alguno de sus redactores puede ser considerado juez y parte, y sobre todo si cada una de las intromisiones contaba o no con la autorización legal pertinente por parte del juez Lucas, nombrado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial.

Porque a diferencia del relato independentista, la situación de los derechos en España no es para nada la de Turquía, como tampoco lo fue antes la de Cataluña cuando por parte de sus instituciones se accedió al censo electoral, vulnerando con ello los derechos ciudadanos con el objetivo de utilizarlos en la realización de un referéndum unilateral.

Por eso es imprescindible que se aclare todo lo relativo al programa Pegasus, pero fundamentalmente por la garantía de los derechos de los ciudadanos, más que para consolidar de una vez la estabilidad de la mayoría. Sin embargo, las propuestas de  investigación del gobierno no han convencido ni a sus propios coaligados.

Una investigación interna que se considera de parte, la independiente del defensor del pueblo, que últimamente parece el condimento de todas las salsas, o la colaboración con la justicia que es obligada y la constitución de la comisión de secretos, suficientemente conocida de los diputados por sus carencias. De hecho, nadie la ha echado de menos durante los últimos tres años. Los secretos en el parlamento son a voces y por eso precisamente se denomina de gastos reservados. Nunca hasta ahora los secretos de Estado se han ventilado en el seno del Congreso de los Diputados. Por eso en su momento la resolución del Presidente Marín en cuanto a la mayoría de tres quintos para la elección de sus miembros tuvo más que ver con la solemnidad de la comisión que con la posibilidad de utilizarla como veto a sus futuros componentes, como así ha sido interpretada en los últimos años por los grupos parlamentarios conservadores, ni tampoco por el carácter excepcional de la información compartida. De hecho la resolución de un presidente ha sido cambiada por otra de la actual presidenta del Parlamento por razones de oportunidad.

La desconfianza ha llevado a la escalada de los coaligados y en particular de los apoyos catalanistas del gobierno para terminar considerando la comisión de investigación como única alternativa. Algo que tampoco podría ser algo tan determinante, habida cuenta de la vigente manga ancha de la ley de secretos oficiales y la conocida dificultad para desclasificar los documentos secretos, incluso por orden judicial.

Finalmente, la convalidación del real decreto para paliar los efectos de la guerra de Ucrania se ha salvado por la campana en la votación parlamentaria gracias al apoyo de Bildu, y se tramitará como proyecto de ley en el Congreso, según el gobierno, para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios. En todo caso, esa tramitación legal era algo inevitable debido a la ajustada correlación de fuerzas.

A todo esto, el nuevo PP de Feijóo ha desperdiciado una oportunidad de oro para poner en valor su pregonada mano izquierda de la moderación, al menos con su abstención, sino con su apoyo a la convalidación del decreto, mientras por el contrario avanza con su mano derecha en su alianza de gobierno y al mismo tiempo en su miedo a la ultraderecha.

En definitiva, el gobierno ha tropezado otra vez con ERC, antídoto y veneno al mismo tiempo. De nuevo al borde del abismo, como ocurriera en la reciente convalidación de la reforma laboral, en este caso también en algo tan importante como las medidas económicas y sociales para hacer frente a las consecuencias de la guerra en los sectores y ciudadanos más afectados.

De nuevo jugando con las cosas de comer y con el mermado prestigio de la política. Sin embargo, este grave caso de espionaje y las desafortunadas declaraciones de la ministra de defensa nunca se deberían haber convertido de nuevo en un instrumento de presión al gobierno ni pueden significar en el futuro la razón para la desestabilización de la mayoría de investidura. Porque la imagen de inestabilidad de los apoyos de investidura agrava la perplejidad y el desánimo de los votantes. Y si además se pone como condición previa para recuperar la confianza y los futuros apoyos parlamentarios el cese de la ministra de defensa, entonces tampoco habrá satisfacción posible.

En definitiva, después de la investidura del gobierno de coalición y la aprobación de dos presupuestos el gobierno y sus aliados no se pueden permitir el lujo de entrar en convulsión ante cada sorpresa que aparezca en el camino, afecte  o no a las réplicas del Procés. La respuesta no puede ser pasar del apoyo al voto en contra sin reacciones más templadas ni soluciones intermedias. Por eso, cada día es más urgente pactar como templar gaitas ante lo inesperado para dar tiempo a recomponer las alianzas o al final, entre tiras y aflojas, la cuerda se puede romper.