La sesión de capitulación del PP en Castilla y León

Con un programa de gobierno tejido para vestir el reparto exprés de las consejerías, al que se incorporan una serie de ejes y de actuaciones en las que punto por punto se integran las obsesiones y las fobias de la ultraderecha frente a los derechos de las mujeres y contra la violencia de género y los derechos de los homosexuales, contra la memoria democrática en base a la concordia entendida como equidistancia entre víctimas y verdugos, de vigilancia de la libertad de pensamiento y de cátedra en las escuelas y de xenofobia contra los inmigrantes con eufemismos tales como la inmigración ordenada.

En palabras del presidente Mañueco, un gobierno serio que mejorará la calidad de la democracia en Castilla y León y garantizará la estabilidad al que habría que valorar sin prejuicios, cuando por el contrario las experiencias en las CCAA donde el PP suscribió un pacto de investidura con ciudadanos y Vox no han sido precisamente un ejemplo de estabilidad y ni siquiera han culminado la legislatura.

El primer gobierno de coalición con la ultraderecha en España, que a diferencia de la republicana Francia, ha contado con el apoyo explícito de la dirección nacional del PP y de su recién nombrado presidente, porque según ellos garantizará la gobernabilidad y evitará una dañina repetición electoral. Un pragmatismo chato, pero sobre todo un error estratégico porque legitima a la ultraderecha como socio y en igual medida como alternativa de gobierno dentro de la derecha, cuando hoy por hoy nada está decidido sobre la hegemonía del PP en la derecha y mucho menos sin haber saldado cuentas aún con los casos de corrupción.

Una coalición que según ellos tampoco se diferenciaría de las acordadas por la izquierda, en una muestra más de relativismo moral y equidistancia política, ya que ninguna otra fuerza política que no sea Voz se reclama de otra voluntad nacional que no sea el voto de los ciudadanos, ni se propone ilegalizar a otros partidos políticos, ni arrebatar derechos reconocidos a minorías como los homosexuales o a los inmigrantes, ni cuestionar medidas de protección a más de la mitad de la población que todavía es objeto de violencia machista o de discriminación como lo son las mujeres.

Un gobierno que en un alarde de originalidad anuncia como medida estrella que en Castilla y León realizará la mayor rebaja de impuestos, en particular en la zona rural, de la historia, acentuando con ello el despoblamiento mediante la generalización de las macrogranjas.

En definitiva, una sesión de investidura a la que no por casualidad acude Santiago Abascal, el dirigente nacional de la ultraderecha, y a la que sin embargo de forma vergonzante ha excusado su asistencia el presidente del PP Núñez Feijóo. El mismo día en que decide la fecha para el Congreso del PP de Madrid al servicio de las aspiraciones de Díaz Ayuso, mostrando de qué lado de la conjura se encontraba el futuro presidente. Pero una próxima toma de posesión a la que el presidente y la presidenta Ayuso anuncian su presencia. La misma Díaz Ayuso que en un lapsus dice tener la voluntad de que Madrid sea gobernada por una coalición con la extrema derecha. Mutatis mutandis, también en España.