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La verdad sobre el abuso silenciado


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Después de que en una serie de países se hayan llevado a cabo bien investigaciones internas de la iglesia de Francia y Alemania, o por parte de comisiones independientes en casos como Irlanda, Bélgica y Austria, sin embargo en España, la conferencia Episcopal se ha limitado a trasladar la responsabilidad a cada una de sus diócesis y órdenes religiosas sin resultados significativos, después de que hayan pasado más de tres años desde el informe de abusos sexuales en la iglesia española, realizado por el diario El País y remitido al papa Francisco, eso cuando no ha intentado rebajar la gravedad de los hechos y de su silencio institucional afirmando que una investigación formal no arrojaría datos diferentes, o lo que es peor, aludiendo a que el problema es del conjunto de la sociedad y que por tanto la investigación debería abarcar a todos los ámbitos donde éstos abusos se han podido producir, demostrando que el 'y tú más' no es exclusivo del ámbito de la política.

Sin embargo, frente al limitado número de casos que hasta ahora han sobrepasado la barrera del silencio y de los incorporados al informe de El País en España, el informe francés ha calculado que desde los años cincuenta del siglo pasado, al menos 216.000 menores habían sido víctimas de los abusos realizados por unos 3.000 religiosos, a tal punto de considerar la pederastia un problema sistémico de la iglesia católica francesa. Una diferencia en el número de casos que solo se explica por la resistencia de la iglesia española y la falta de una investigación seria que lo clarifique.

Como consecuencia de esa negativa y del incremento en el número de denuncias por parte de los afectados en España, los grupos parlamentarios de izquierdas de UP, ERC y Bildu han liderado la propuesta de la puesta en marcha de una investigación pública en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados, mientras el grupo del PNV se ha decantado a favor de una comisión independiente con el objetivo de que investigue algo tan delicado al margen de los focos y de la polarización política. A continuación, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a todas las fiscalías españolas toda la información de los casos abiertos sobre abusos en el seno de las instituciones y organizaciones religiosas. Más recientemente el Presidente del gobierno, después de reunirse con un representante de los afectados, y en el contexto de la apertura de una nueva etapa en las relaciones con la Conferencia Episcopal, se ha decidido por una combinación de ambas propuestas mediante una comisión independiente en el marco de la institución del defensor del pueblo que preside Ángel Gabilondo que favorezca la participación, entre otros expertos de un representante de la propia iglesia, y que una vez concluido su trabajo remita su informe al Congreso de los Diputados para que éste apruebe la conclusiones y recomendaciones pertinentes. Algo que, al parecer, podría satisfacer a la mayoría de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, la derecha, al igual que hasta ahora la jerarquía eclesiástica, ha rechazado la realización de una investigación específica y mucho menos de una comisión parlamentaria, mezclando para ello los abusos sistemáticamente silenciados en las instituciones y organizaciones eclesiásticas con los que se han conocido recientemente organizados por organizaciones de delincuentes explotando a menores los centros de acogida _ eso sí con la exclusion de los de las CCAA con gobiernos conservadores_ y que han sido o están siendo investigados por la policía y la judicatura. Más papistas que el papa.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.


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